El día que empezó la decadencia argentina

Por Claudio R. Negrete*

 

Después de décadas de guerra civil, el país llevaba setenta años de continuidad institucional cuando el quiebre del Estado de derecho inició un proceso de deterioro del que nunca pudo recomponerse, y cuyas consecuencias negativas aún perduran.

Septiembre de 1930. Horas antes del desenlace, un grupo de mujeres de la burguesía porteña se reunió en el entonces Hotel Palace. Tema excluyente eran los tensos momentos políticos que se vivían. Un señor mayor, con acento extranjero, escuchó la conversación y, molesto, las increpó: “Deberían estar de rodillas llorando y pidiendo a Dios que salve a su país. He visto nacer la Revolución Rusa, he vivido en Alemania y en Polonia. Las compadezco: cuando una cosa de estas empieza, no se sabe nunca cómo terminará. Desde hoy, solo puede la Argentina esperar odio, miseria y desesperación”.

Septiembre de 2020. A casi un siglo de aquella tragedia institucional, la Argentina atraviesa la más profunda crisis de su historia expuesta de forma descarnada por una pandemia global. Está empantanada en la grieta política y social. Su dirigencia la ha conducido a repetidos fracasos. Jueces, militares, sindicalistas, empresarios y empleados públicos, que gozaban de respeto y consideración, sufren desprestigio social. La mitad de la población vive en la miseria y otro tanto de los niños están en la pobreza. La corrupción es sistémica e institucionalizada. Sin moneda, el país vive de prestado con casi la mitad de su actividad económica en la ilegalidad y con  los niveles de marginalidad, salubridad pública, analfabetismo y semianalfabetismo desbordados.

El episodio que se cuenta al principio fue un hecho real relatado por el escritor Álvaro Abós en su libro Ciudadano Botana. Allí cuenta la vida de Natalio Botana,  el mítico creador y dueño del diario Crítica que hostigó al gobierno de Yrigoyen y fue pieza clave en el armado del grupo cívico-militar que lo derrocó. El relato fue directo y de ahí su valor: en ese grupo de mujeres estaba su esposa, Salvadora Medina Onrubia.

La descripción de la Argentina actual surge de varios datos estadísticos y análisis que estudian desde hace décadas el proceso de la decadencia del país desde 1930, cuando su suerte institucional cayó en un tobogán con algunos altibajos que no pudieron frenar la tendencia.

Durante el peronismo (entre 1946 y 1955), cuyo surgimiento fue consecuencia política de aquel golpe, hubo una recuperación del funcionamiento democrático pero no de las instituciones republicanas. Un proceso impregnado de tensiones y luchas políticas, de manipulaciones institucionales, y que fraguó la cultura del enemigo público.

La reacción fue una nueva violación al Estado de derecho con el golpe de 1955, seguido por una serie de crisis e interrupciones violentas de precarias democracias que duraron 28 años, hasta la recuperación de la vida institucional en 1983.  Todas estas décadas de inestabilidad  y de pujas por el poder entre un país legal y otro ilegal moldearon una anomia generalizada que bien describió el filósofo y jurista Carlos Nino al decir que la sociedad argentina muestra una tendencia recurrente a la ilegalidad, al no cumplimiento de las normas jurídicas, morales y sociales.

Muchas veces, los extremos temporales entre el ayer y el hoy permiten explicar lo ocurrido en el medio. Pasaron noventa años del fatídico 6 de septiembre de 1930, y sus profundas secuelas socavaron como un virus letal el funcionamiento republicano del país.  Ese golpe sacó las previsibles y normales luchas políticas que se dirimían en el contexto de la legalidad constitucional para ubicarlas fuera del sistema, iniciando una etapa de violentas disputas por el poder con decenas de miles de muertes innecesarias. Abrió el camino para el nacimiento del partido militar que marcó a fuego el destino del país posterior y dejó, como nefasta herencia, la intromisión directa de la política en el sistema judicial. Un tema de extraordinaria vigencia en estos días.

Hagamos una abstracción de los protagonistas excluyentes de aquel hecho: el presidente Hipólito Yrigoyen y el teniente general José Félix Uriburu. Vale ubicarse en esos años para recordar que la Argentina había logrado consolidarse como un país joven y pujante tras desgarradoras guerras internas y externas durante el siglo XIX. En 1930, el país tenía como su mejor garantía de futuro sus setenta años de continuidad político-institucional no exenta de crisis que, sucesivamente, pudieron ser contenidas en el marco del orden legal de la Constitución, lo que ayudó a resolver problemas políticos y sociales de vastos sectores de la población que reclamaban derechos injustamente negados.

Se consiguieron el voto secreto, universal y obligatorio, las primeras leyes de beneficios sociales y organizaciones obreras, se superó el impacto de la Primera Guerra Mundial y el país fue la cuna de una reforma universitaria revolucionaria clave para el camino de la igualación social. Y la otra gran revolución de crecimiento económico sostenido basado en la producción y exportación agropecuaria.

Si se hubiese sancionado a los golpistas del 30 restableciéndose el orden constitucional en forma inmediata otro hubiese sido el devenir del país. Daño. Ese país de la alternancia, de las luchas políticas y de los consensos dentro del marco constitucional fue roto en mil pedazos el 6 de septiembre de 1930. Fue un quiebre que causó un daño irreparable al país instando al vale todo en la vida política argentina. Aquel asalto al poder puso fin a una larga etapa de aprendizaje institucional que había permitido consolidar una idea y un proyecto de país que ubicó a la Argentina entre los primeros del mundo.

Resumir el golpe al simple hecho de sacar a un viejo y agotado presidente y reemplazarlo por un general que venía a restablecer cierto orden conservador es una simplificación que oculta una verdad más profunda. Hay que definir aquellos hechos sin subterfugios: fue una rebelión contra el orden constitucional y, por lo tanto, ilegal, ilegítima, inconsulta, realizada por un grupo de militares y civiles, con apoyo social, que hizo trizas las instituciones de la república y el Estado de derecho.  Violaron el artículo 29 de la Constitución: “Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de este, comete delito de sedición”. Y sedición quiere decir: “Rebelión, levantamiento contra la autoridad”. Cometieron delito y por lo tanto fueron delincuentes de uniforme y levita que asaltaron violentamente el poder destruyendo todo contrato político, social, económico e institucional acordado y validado por generaciones de argentinos en el texto constitucional.

Eso fue el golpe del 30. Una tragedia nacional, más allá del triste destino de un presidente y de su partido, que instaló en el ADN argentino la creencia de que siempre puede haber una solución fuera de la ley, que el fin justifica los medios y el pragmatismo mata al idealismo, que vale el más fuerte por sobre quien busca ajustarse a la ley. Que el poder es impunidad. Justicia.

Lo triste de esa ruptura del Estado de derecho fue que quienes debieron defender la Constitución por mandato social fueron los que la entregaron de manera indigna legalizando a los delincuentes del grupo cívico-militar que se apoderó de la Casa Rosada. El 10 de septiembre, luego de ser destruida la casa de Yrigoyen, quien había llegado por segunda vez a la presidencia con el 57,41% de los votos, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia –José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle y Antonio Sagarna– firmaron una acordada legitimando a la dictadura al reconocerle la administración y la legislación del Estado, decisión justificada en que las acciones de los golpistas podrían ser ratificadas por un futuro gobierno constitucional. A partir de ese hecho jurídico se elaboró la conocida como “doctrina de los gobiernos de facto”, que en la práctica validó a los sediciosos. Una categorización que bien pudo caberles después a los grupos armados de los ‘ 70 si hubieran tomado el poder.

La historia contrafáctica es una especulación alejada de toda realidad, pero  a veces sirve de espejo para comprender los hechos del pasado. No cabe duda de que si se hubiese sancionado a los golpistas del ´30 restableciéndose el orden constitucional en forma inmediata otro hubiese sido el devenir del país. Por lo pronto, se hubiese fortalecido el proceso de esos setenta años anteriores de estabilidad institucional. No hubiese existido la Década Infame, menos aún el golpe de 1943, el surgimiento del peronismo y luego su contracara, el antiperonismo, que se enfrentaron en una lucha fratricida que dejó demasiados muertos y que derivó en la última y feroz dictadura de 1976. Por esa anomia y la zigzagueante y oportunista política nacional es que desde 1930 hasta este 2020 la sociedad argentina y sus representantes fueron incapaces de llevar a debido juicio y condena a los responsables de cada uno de los alzamientos, asonadas, rebeliones y golpes que se sucedieron a lo largo de nuestra historia. El resultado de esa “no justicia” impregnó de sospechas y socavó la credibilidad colectiva en la institucionalidad del país y, fundamentalmente, en la del sistema judicial en su conjunto hasta hoy.

Desde 1983, el país lleva un récord histórico de nueve sucesiones presidenciales ininterrumpidas y existe la convicción general de un nunca más a la interrupción del orden legal constitucional. La reconstrucción de un país quebrado y la restauración de instituciones fuertes, independientes, y con plena vigencia del Estado de derecho es tarea aún pendiente.

La decadencia argentina se explica en gran parte por los hechos de 1930, cuando se incubó el germen de lo que resultamos ser. Ayuda a comprender el por qué del fracaso resultante entre la república perdida y la república fallida de hoy.

La decisión de la Corte Suprema de 1930 no fue un hecho coyuntural o de emergencia. El tiempo confirmó que se trató de un ejercicio de poder real que ubicó al máximo tribunal como un aliado funcional de los golpistas. Esa actitud tuvo continuidad en el tiempo. La Corte Suprema en el primer gobierno peronista ratificó esa línea y fue más allá. En agosto de 1947 sostuvo  jurídicamente que lo legislado por “un gobierno de facto” era equiparable y sin límites a uno de iure (Caso Arrandini, Fallos de la Corte/Tomo 208, página 184). Y otra Corte Suprema de un período democrático ratificó doctrinariamente en julio de 1973 el fallo del ´47 (Caso Díaz Reynolds/Fallos de la Corte/Tomo 286, página 62). Así, desde el máximo tribunal judicial de la Nación se instaló, justificado en tecnicismos jurídicos, un derecho especial de las Fuerzas Armadas y de sectores civiles para actuar por sobre la Constitución Nacional.

*Periodista y escritor. (Perfil)