El Senado aprobó con cambios la emergencia en el proceso de concursos y quiebras

Se extiende hasta el 30 de junio de 2021 el plazo para suspender concursos preventivos.

 

El oficialismo en el Senado aprobó este jueves, con cambios, el proyecto que declara la emergencia para los concursos preventivos y quiebras, que deberá volver a Diputados en segunda revisión. La norma recibió 41 votos a favor y 29, en contra de Juntos por el Cambio y aliados, que insistieron en sancionar la iniciativa tal cual había sido votada en la Cámara baja.

Entre las modificaciones que introdujo la Cámara alta se destaca la fecha hasta la que regirá la emergencia en esos procesos, que el texto original establecía hasta el 31 de marzo de 2021 y que finalmente será hasta el 30 de junio de 2021.

Al tomar la palabra como miembro informante del proyecto, la senadora del Frente de Todos, Ana Almirón, indicó que «esta iniciativa establece la suspensión de todos los plazos de concursos preventivos y otorga la facultad al juez para la readecuación de los cronogramas de los concursos que ya se encuentren en trámite».

Además, explicó las modificaciones introducidas en el Senado y sostuvo que «las incorporaciones al artículo primero son para evitar la evasión y proteger los intereses nacionales. Se han incorporado exenciones a la emergencia».

También mencionó que «la pandemia para las empresas venía de los cuatro años anteriores» y remarcó que «alrededor de 25 mil pymes se perdieron en los años del gobierno de Mauricio Macri».

Por su parte, el senador oficialista, Juan Mario Pais, destacó que «con este proyecto de ley buscamos una norma que proteja a los empresarios que entraron en cesación de pagos y también a los acreedores. No podemos hacer un jubileo de las deudas de otros que jugaron a la timba financiera».

Por el lado de Juntos por el Cambio, los senadores llamaron a aprobar este proyecto con celeridad pero reclamaron la necesidad de que se apruebe el texto tal cual llegó de la Cámara de Diputados. “Debemos apoyar la media sanción que viene de Diputados, no más dilaciones, no más vueltas, estamos llegando tarde, es urgente que esto se transforme en ley”, afirmó la legisladora radical Silvia Elías de Pérez, quien además aprovechó para retrucarle a Almirón y dijo que en el Gobierno de Alberto Fernández «más de cincuenta mil pymes cerraron».

En tanto, el senador del PRO, Esteban Bullrich, reafirmó: “No hay ninguna racionalidad en esta decisión de modificar y limitar el alcance del proyecto de ley que se aprobó por unanimidad en Diputados”.

En tanto, el jefe del bloque Parlamentario Federal, aliado a Cambiemos, el salteño, Juan Carlos Romero, agregó que “con las modificaciones este proyecto se ha convertido en algo absolutamente inconducente, que no resuelve los problemas, sino que los agrava y que, con la modificación de tiempo, excluye a muchas pymes”.

El titular de la bancada de Juntos por el Cambio, el formoseño Luis Naidenoff, argumentó que el proyecto modificado en el Senado «golpea a las pymes». Además, le respondió al oficialista Juan Mario País quien había llamado «especuladores seriales» a los que pretendían votar la ley tal como vino de Diputados.

«Escuché que nos llamaron «especuladores seriales» a los que queremos votar la ley como está de Diputados. ¿Acaso el jefe del bloque del Frente de Todos de la otra cámara (Máximo Kirchner) votó esto para proteger a los especuladores?», se preguntó el legislador de origen radical.

Al cerrar, el presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, sostuvo que «en 2019 el 61% de las empresas fueron a concurso preventivo» y destacó que «once empresas quebraban por día hábil». “Fue como consecuencia del fracaso del programa económico” del gobierno de Mauricio Macri.

“Fue el show de concursos y ahora dicen que están preocupados por las mismas empresas que ellos y con sus políticas fundieron”, agregó.

La iniciativa extiende hasta el 30 de junio de 2021 el plazo de emergencia para suspender los procesos de concursos preventivos y quiebras, con excepciones. Además, se incluyó un párrafo para incluir en la norma los procesos concursales que se hayan iniciado desde la declaración de la emergencia sanitaria por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

Entre los que quedan fuera del alcance de los beneficios del proyecto de ley figuran aquellas empresas que realicen giros o transferencias al exterior, especialmente a países de baja o nula tributación, y aquellos que realicen operaciones en los denominados dólar contado con liqui (CCL) o dólar MEP.

También quedan exceptuadas del beneficio aquellas firmas que hayan constituido cualquier activo financiero en el exterior y no se haya efectuado su repatriación dentro del período establecido por la norma.

Por otro lado, el proyecto también establece que en el caso de los nuevos juicios iniciados a partir de la vigencia de la ley, el plazo será de 180 días pudiendo el juez, a pedido del deudor, en las condiciones establecidas por dicha norma, extenderlo por única vez en 60 días adicionales.

Además, el texto suspende «en pleno derecho y sin requerimiento de parte los procesos de ejecución de cualquier tipo de garantías de obligaciones financieras; la totalidad de las subastas judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias; la prescripción y caducidad de los créditos».

Se prohíben también «nuevos embargos sobre cuentas bancarias, excepto para el caso de los procedimientos de comprobación y pronto pago de créditos laborales, y créditos de origen alimentarios».