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Un juicio al pasado que confronta al poder actual

Luego de trece años de dimes y diretes, chicanas y dilaciones varias, este lunes comenzó al fin el juicio a dos ex funcionarios provinciales por ejercer coacción sobre funcionarios judiciales. 

Se trata de los ex ministro y vice ministro de la Legalidad, Sergio Freixes y Mario Zavala, quienes están acusados del delito de coacción agravada porque presuntamente presionaban a los magistrados buscando someter su voluntad ante el Poder Ejecutivo Provincial, haciendo firmar a los jueces su renuncia por anticipado. 

El proceso ha despertado enorme expectativa, no sólo por ser un juicio paradigmático que podría sentar precedente, sino también por las consecuencias políticas para el gobierno provincial, del que uno de los funcionarios acusados –Freixes- es actual ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción, y uno de los principales caudillos políticos del Departamento Dupuy. 

La denuncia fue impulsada por la Dra. Gretel Diamante, entonces fiscal de Villa Mercedes y actual esposa del intendente de San Luis Enrique Ponce,  y este lunes llegó a la instancia de juicio ante el Tribunal Oral Federal, a pesar de haberse presentado numerosos recursos para dilatar el comienzo, durante más de una década. 

La acusación se radicó en 2005 y el expediente tiene más de 4.000 fojas. Otra de las denunciantes es Marina Ziliotto, quién ganó un concurso para ser camarista en 2004. La abogada denunció que fue presionada a firmar su renuncia en blanco por Freixes y Zavala, quienes le habrían exigido que denunciara por mal desempeño a dos camaritas, a lo que ésta se negó. 

Como parte de las acusaciones se hizo referencia a tres renuncias. Según las pericias, las dimisiones tenían las firmas del funcionario renunciante sin el sello y la fecha. La fecha y el texto de las renuncias se colocaron posteriormente e imprimieron en oficinas del Ministerio de la Legalidad. 

En la sala del Tribunal estuvo presente Freixes sentado solo detrás de su abogado defensor. Por su parte, Zavala estuvo sentado en otro extremo, por momentos con la mirada perdida.  

Diamante, acompañó sus denuncias con videos de filmaciones ocultas en las cuales los postulantes a los cargos del Poder Judicial confesaban cómo eran coaccionados por los funcionarios para presentar sus renuncias si querían asumir. Entre ellas, la ex jueza Martha Vallica San Martín de Figari, juez del Crimen en Villa Mercedes. 

Además de las pruebas, la jueza Ziliotto se sumó a las denuncias y declaró  que Zavala le exigió que denunciara a un integrante de la Cámara Penal que el gobierno pretendía destituir. Como se negó, el funcionario la echó del cargo que ocupaba hacía solo un mes. 

El Tribunal Oral Federal está integrado por Alejandro Piña, Paula Marisi y Roberto Nasiff. La estrategia de la defensora oficial como la del abogado de Freixes se centró fundamentalmente en cuestionar las pruebas en contra de sus defendidos. 

Hugo Scarso, abogado de Freixes, pidió la nulidad de los videos realizados con cámara oculta porque –dijo- se realizaron sin autorización del juez y sin el consentimiento de las personas que aparecen filmadas en el video. El letrado calificó la prueba como ilícita. 

Además, cuestionó que los videos, (en uno de ellos, Viviana Moreira, esposa de Freixes y un funcionario gubernamental de tercera línea, intentan convencer a Marina Ziliotto para que desista de la denuncia) se hicieran meses después a la denuncia. 

Scarso calificó a la denunciante Ziliotto de una agente provocadora para que se interviniera la justicia provincial, ya que por la época del escándalo una comisión del Senado impulsaba la intervención. 

Por otra parte, el abogado pidió la nulidad de la indagatoria que se le tomó a Freixes en 2005 porque la declaración la tomó el secretario del Juzgado Federal de ese entonces y no el juez. Afirmó que no hay documentación que señale que el secretario era subrogante. 

Claudia Ibañez, defensora oficial de Zavala, planteó que al tratarse de funcionarios provinciales los que son juzgados no corresponde que la justicia federal lleve a adelante el proceso porque no es de su competencia. 

En referencia a los videos, la defensora cuestionó su autenticidad porque se encontraban en sobres no cerrados y podrían haber sido alterados. 

El fiscal federal Cristian Rachid manifestó que hay una maniobra dilatoria y un abuso del derecho de defensa, ya que la causa recién llega a juicio luego de 13 años. Hizo referencia a la duplicación de planteos y vías recursivas que tenían como objetivo la dilación del trámite de la causa. 

Rachid alegó que es admisible la competencia de la justicia federal en la causa porque la Corte Suprema así lo determinó. 

Tanto Freixes como Zavala permanecieron separados y no intercambiaron palabra, aunque el semblante de ambos denotaba cierta tensión. Coincidiendo ambos reiteradamente en llevar sus manos a la cara, en gesto de fatiga o franca preocupación. No es para menos. Ambos querrían dejar atrás un pasado de impunidad que retorna al presente en forma de juicio, desafiando al poder que representan.

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