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“Este es un típico caso de abandono de persona…”

Así lo aseveró el doctor Ricardo Bazla, quien junto al abogado Lucio Pereyra asumieron la representación legal de la familia del motociclista que murió al ser atropellado por el hijo del ministro de la Producción, Sergio Freixes.

“La primera medida que hemos pedido es el avocamiento judicial, para evitar más sospechas de las que ya hay, respecto a la instrucción policial Y para que todo el procedimiento instructivo se lleve a cabo en sede judicial, a cargo de la jueza Mirta Ucelay”, confirmó Bazla a Apuntes de San Luis.

Agregó que esta solicitud es “en razón de lo que en principio creemos que se ha producido, que es ocultamiento de pruebas, desde el momento mismo en que se produjo el hecho. Hay varios aspectos llamativos y sorpresivos, que necesitamos investigar y dilucidar porque general mucha sospecha”.

“Por ejemplo –dijo- tanto la familia como nosotros dudamos de la versión policial, en referencia a que no exista señal de telefonía celular en el acceso a la localidad de Fortuna, debido a que lo hay en todo el casco urbano, que la ruta está a escasamente 800 metros, en línea recta a dicho casco y no hay accidente geográfico alguno que impida la llegada de señal de celular en razón de la llanura”.

Consignó que “es no creíble (SIC) que este joven Freixes no haya conocido de la existencia del hospital nuevo, recientemente inaugurado, en Fortuna. Y haya decidido ir a pedir auxilio, ante la supuesta falta de señal del celular, hasta Nueva Galia. Es decir hacer 20 km, en lugar de hacer 800 o 1000 metros. Es extraño…”.

En este sentido, acotó que “hay una fuerte sospecha en torno de la instrucción policial inicial, en cuanto a que nunca los partes policiales sobre un hecho, y menos el primero, informan la existencia de un test de alcoholemia, que haya sido negativo en este caso para los cinco ocupantes de la camioneta, según afirma la policía”.

“Asimismo, la propia policía afirma que los ocupantes se alejaron del lugar, en nuestro criterio ´se fugaron´, porque no tenían señal de celular. Eso lo puede manifestar Freixes y sus acompañantes, pero la policía no tiene porqué afirmarlo y menos en un parte policial, como comunicado oficial. Es decir, la instrucción policial –en nuestra interpretación- se ha arrogado facultades propias del juez”.

Bazla sumó otras dudas cuya gravedad la justicia deberá investigar para determinar las responsabilidades penales: “Hay otros elementos muy importantes a tener en cuenta; entre los ocupantes del vehículo, uno de ellos sería de profesión enfermero, por lo que se acrecienta su responsabilidad en lo que nosotros entendemos que es abandono de persona seguido de muerte. Este es un típico caso de abandono de persona”, consideró.

“Habría transcurrido entre una hora y una hora y media desde que se produjo el hecho hasta que llegó la policía al lugar. Todavía no estamos en condiciones de asegurar si Barroso se encontraba sin vida o agonizando en ese lapso. Es decir que cabe la posibilidad de que pudiera haber sido salvado. Por lo tanto, en concreto, con el avocamiento judicial pedimos, ya lo hemos solicitado, con habilitación de día y hora, que la policía remita todas las actuaciones a la doctora Ucelay para que todo se lleve a cabo en el Poder Judicial”.

Indicó finalmente que esta medida es “a efectos de poder evitar la protección política y las presiones del poder político provincial sobre la policía de la provincia, lo cual es un hecho típico, característico, en un clásico abuso de poder de las autoridades provinciales, que no nos llamaría la atención”.

Twitter.com/ApuntesSL

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