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Otro capítulo en la polémica por designaciones de Merlo

La mayoría opositora del Tribunal de Contralor Municipal no resolvió la cuestión de fondo y le devolvió la pelota al intendente Maximiliano Frontera.

La conflictiva situación sobre el futuro laboral de 60 contratos laborales en la Municipalidad de Villa Mercedes, dejados por el ex intendente Raúl Merlo, tuvo dictamen en el Tribunal de Contralor Municipal, que preside el abogado Ricardo Bazla, aunque evitó un pronunciamiento taxativo.

El órgano de control dictaminó que el actual intendente, Maximiliano Frontera, puede interponer una acción declarativa de certeza ante el Superior Tribunal de Justicia, para que sea ese organismo el que se expida sobre la legalidad de las contrataciones de ex funcionarios, realizadas por la gestión anterior.

La situación ha generado mucha polémica en Villa Mercedes, porque entre los contratados habría 20 ex funcionarios de primera línea de la gestión anterior.

Bazla dijo que “solo el intendente Frontera tiene que decidir si los deja en funciones o si rescinde los contratos, arriesgándose a una catarata de juicios contra la Municipalidad”.

Además, indicó que “nosotros debemos actuar sobre los actos administrativos definitivos y no sobre actos preparatorios. El expediente que nos envió el doctor Frontera no es el definitivo, sino que solo contiene un dictamen de una comisión revisora de contratos, formada por funcionarios actuales. Y como el Tribunal de Contralor no es un órgano de asesoramiento del intendente, sino de control, le hemos sugerido que primero emita dictamen la Asesoría Letrada Municipal y que luego acudan a la justicia. Nosotros no vamos a opinar sobre una decisión política que solo puede tomar el actual intendente. A nosotros, con la contadora Silvia Palacios, el pueblo nos eligió para controlar. No para cogobernar y menos con un trasfondo partidario sobre la supuesta pelea de los hermanos Rodríguez Saá”.

El dictamen sólo lleva la firma de los contralores opositores, dado que el Dr. Carlos Hugo González se excusó, en virtud de que su sobrino, Edgardo Nicolás González Ferro se desempeña como Secretario de Hacienda Municipal e integró la citada Comisión Revisora.

“El intendente Frontera debe actuar dentro de la discrecionalidad que le otorga la ley. De manera que puede confirmar los contratos o dejarlos sin efecto, pero eso depende de su decisión política, no de la nuestra”, aseguró el presidente del cuerpo, cuya mayoría la ostenta el frente opositor San Luis Unido, con Bazla por el partido Avanzar y Palacios por la UCR.

Especulación

En principio, resulta poco probable que el intendente Maximiliano Frontera vaya a elevar la cuestión al Superior Tribunal de Justicia, teniendo en cuenta que el municipio goza de plena autonomía y capacidad para resolver en esta cuestión.

Además, porque se trata de una situación administrativa y legal que pasa por analizar individualmente cada designación y verificar si efectivamente se ajusta a lo normado en el Estatuto y Escalafón de los Obreros y Empleados Municipales.

Finalmente, la resolución de ratificar o no las citadas designaciones también responde a una decisión eminentemente política, una de cuyas consecuencias puede ser que el o los afectados resuelvan accionar judicialmente en caso de considerar vulnerados sus derechos.

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