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Confundir chusmerío con Derecho a la Información

Opinión. Consideraciones sobre la compleja controversia que se ha planteado en torno a la derogación de un decreto que dejó en planta a 60 empleados municipales de Villa Mercedes, por parte de la actual gestión.

No es la primera vez que ocurre ni será la última. Alguna vez no hace mucho, ante la misma situación, los afectados se encadenaron e instalaron una carpa en la vereda de la municipalidad. Antecedente que hace ruido en la memoria actual de muchos.

Antes que nada, es necesario dejar aclarado que a ninguno hace gracia que una persona, mucho más sesenta, queden sin trabajo. El drama de la desocupación, o la dificultad para encontrar laburo, no es una cuestión que pueda resultar indiferente a nadie.

Para ponerlo en contexto, el viernes se realizó una conferencia de prensa y funcionarios municipales dieron a conocer la decisión del actual intendente de dejar sin efecto un decreto del ex intendente Mario Raúl Merlo, del mes de noviembre, que dejó en planta permanente a 60 empleados. En la oportunidad algunos periodistas solicitaron conocer la nómina de los cesantes, recibiendo como respuesta que lo importante no era conocer las identidades, sino la irregularidad del acto administrativo, que estaría viciado de nulidad.

Además, se agregaron otros argumentos. Uno más polémico que el otro. Por empezar, que debía protegerse la privacidad de las personas, porque aún no habían sido notificados. La pregunta cae de rigor: ¿Es correcto anunciar una medida antes de notificar a los involucrados? La segunda, que dar a conocer el listado de empleados cesanteados era entrar en “chusmeríos”. Respuesta desacertada por donde se la mire.

Se está hablando de una cuestión grave: se ha dicho que hay al menos 20 ex funcionarios involucrados, que se trata de una ilegalidad que contraviene la Carta Orgánica Municipal y el Estatuto Escalafón de Obreros y Empleados Municipales, que fue una irresponsabilidad de la anterior gestión dejar en planta a 60 empleados pocos días antes de entregar el mando…. De una cuestión, además, pública. ¿Qué tiene de malo dar a conocer el listado y las reales causas de la cesantía?

Está claro que el tema es urticante e incómodo para los funcionarios que ofrecieron la conferencia de prensa. También es comprensible, y están en su derecho, a que no den los nombres. Muchos de los afectados se encontraban a pocos metros, en el pasillo de ingreso, esperando a los mismos funcionarios para exigirles explicaciones. También es entendible que el intendente actual, que recién ingresa, se sienta molesto con una medida que, en cierto modo, lo condiciona, porque su antecesor le deja numerosos empleados en planta que representan una erogación de más de 20 millones anuales

Lo que no puede molestar a los funcionarios es que el periodismo solicite conocer la nómina, basándose en el interés público y en el Derecho a la Información. No porque dicho derecho les sea propio a los periodistas, sino porque corresponde a la propia sociedad.

Quizás convenga reseñar que en noviembre de 2015, la UNESCO proclamó el día 28 de septiembre como el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información. En el documento de la proclamación expuso que el derecho universal de acceso a la información resulta esencial para el funcionamiento democrático de las sociedades y para el bienestar de toda persona. La libertad de información o el derecho a la información son parte integrante del derecho fundamental a la libertad de expresión. Se trata de un derecho consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

Más allá de la negativa y el hermetismo de los funcionarios, un medio -FM Latina- consiguió el famoso listado y lo difundió en Facebook. Para algunos, un logro periodístico. Para otros, un escrache innecesario. Lo cierto es que periodísticamente era la información que faltaba y que alimentaba el interés público, después de todo lo que se venía diciendo.

 

Antes que algún pícaro aproveche el extremo de interpretar equívocamente los hechos, es menester aclarar que no se está imputando ninguna clase de responsabilidad a dichos empleados, quienes al fin y al cabo eran laburantes que, como cualquier otro, pretendían abandonar su precariedad laboral. Pero que por cuestiones políticas ingresaron al municipio y, también por cuestiones políticas, los terminan eyectando. Contexto que ni el más ingenuo de ellos podía ni puede desconocer.

Apenas trascendió la medida las aguas se dividieron. Una parte de la sociedad interpretó que la decisión del intendente Maximiliano Frontera era acertada, para acabar con los ñoquis y reducir la planta de personal. Otros, claro está, calificaron lo actuado como una persecución política. Naturalmente unos y otros reaccionan según su ideología, intereses y el propio lugar que ocupan en el escenario político. Lo que está fuera de discusión es que políticamente no es correcto, un mes antes de dejar el poder, firmar un decreto que incorpore en planta a funcionarios y empleados.

Difícilmente alguien pueda pronosticar cómo evolucionarán los próximos acontecimientos. Si la cuestión se cerrará pacíficamente o si los afectados accionarán legal o políticamente, en caso de considerar vulnerados sus derechos. Lo que sí está claro es que los funcionarios no pueden confundir chusmerío con Derecho de Acceso a la Información. O malquistarse con los periodistas que, al fin y al cabo, viven y progresan en la medida en que consiguen buena información. Si es primicia, mejor.

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