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Ni Una Menos: la violencia machista no tiene freno

Durante 2018 el 83 por ciento de los femicidios se produjo en contextos de violencia doméstica y el 56 por ciento fue cometido por parejas o ex parejas de las víctimas.

Los datos surgen del relevamiento realizado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema.

Doscientas setenta y ocho víctimas de violencia de género. Esa es la cifra que surge del informe de femicidios 2018 de la Oficina de la Mujer (OM), dependiente de la Corte Suprema. El estudio, elaborado a partir de 245 causas por muertes violentas contra mujeres, trans y travestis, alerta que la tasa de casos de violencia de género no se redujo y se mantuvo igual que en 2017, en 1,1 cada cien mil mujeres. Del total de casos, en 255 las víctimas son mujeres cis, mientras que se relevaron cuatro travesticidios y 23 femicidios vinculados. Sobre el total de los casos, en solo 31 el Poder Judicial pudo informar que las víctimas contaban con medidas de protección y, entre ellas, siete se encontraban vencidas al momento del femicidio. Además, casi un tercio de las causas no contempla la perspectiva de género para juzgar las muertes violentas.

El informe de la OM —a cargo de la jueza Elena Highton de Nolasco— advierte que el 44 por ciento de los femicidios tuvieron como víctimas a mujeres de entre 24 y 44 años, en el 83 por ciento de los casos existía un vínculo previo con los femicidas y el 66 por ciento de los hechos ocurrieron en el hogar de la víctima, donde tenían a cargo un total de 202 niños, niñas y adolescentes. Los responsables investigados por los femicidios en 2018 ascienden a 276, con un porcentaje similar en todas las edades, de los cuales 14 no pudieron ser identificados.

Según la tasa de femicidios calculada por la OM, las provincias con tasas más elevadas de femicidios en 2018 fueron Neuquén (1,85), Tucumán (1,67), San Luis (1,60), Entre Ríos (1,59), La Rioja (1,56), Chaco (1,51), Salta (1,43) y Corrientes (1,43). Aunque la tasa a nivel nacional se mantuvo constante en 1,1 en la comparación interanual; en 2018 no se registraron provincias con una tasa por encima de los 2 puntos, que en 2017 se habían relevado en Jujuy, Salta y Santiago del Estero.

En tanto, Tierra del Fuego y Santa Cruz no registraron investigaciones abiertas por muerte violentas, mientras que la tasa en Ciudad de Buenos Aires llegó al 0,55 y en la provincia de Buenos Aires fue del 1,16, en línea con la tasa nacional, con la mayor cantidad de casos en el conurbano bonaerense.

El informe subraya que "en materia de travesticidios y transfemicidios la cantidad de víctimas informadas puede tener un subregistro", debido a que el relevamiento debería profundizarse para analizar las distintas modalidades de registro de cada jurisdicción respecto de muertos violentas tanto de hombres como de mujeres. En el mismo sentido, se refiere a la deficiencias en el registro de los casos de femicidios vinculados —aquellos homicidios de personas cercanas a la mujer hostigada—.

De los cuatro travesticidios presentes en el informe ocurrieron dos en Santa Fe y dos en Tucumán. Las víctimas tenían 23, 25, 28 y 45 años, y, en dos de los casos se pudo corroborar que tenían un vínculo con los femicidas, dos de las víctimas fueron asesinadas en su vivienda, otra de ellas en otra vivienda y la cuarta en un lugar público. Respecto del contexto del crimen, dos de las víctimas estaba en situación de prostitución y ninguna de ellas contaba con medidas previas de protección. El total de femicidios investigados son 5, tres de ellos en prisión preventiva, otro de ellos imputado, pero en libertad, y un quinto que no pudo ser identificado.

En cuanto a los 255 casos de mujeres cis víctimas de violencia de género, el informe señala que, en el 83 por ciento tenían un vínculo previo con los varones indicados, imputados, procesados o condenados, con condena firme o no, en los expedientes. La mayor parte de los femicidios, el 56 por ciento, fueron cometidos por parejas (103 casos) o ex parejas (60 casos) de las víctimas y un 15 por ciento por familiares.

Dentro de ese contexto vincular, el 42 por ciento de las mujeres convivía con sus victimarios. Solo en el 6 por ciento en el que actuó un varón desconocido. En ese sentido, el informe destaca también que el principal escenario del delito fue el hogar (66 por ciento), seguido por espacios públicos (19 por ciento) y otras viviendas (9 por ciento).

Además, precisa que el 83 por ciento de los femicidios se produjo en contextos de violencia doméstica —según las definiciones de la ley 26.485— y en al menos 23 femicidios se constató violencia sexual, que en algunos casos provocaron la muerte. El informe también resalta que en un 21,8 por ciento de los atacantes se suicidó, después de cometer el femicidio.

Las mujeres jóvenes, de entre 25 y 34 años, fueron el grupo poblacional más afectado (25 por ciento), seguido por las de entre 35 y 44 años (19 por ciento) y, en tercer lugar, las de 45 y 59 años. Entre ellas, el informe de la OM detalla que 202 niñas, niños y adolescentes se encontraban a su cuidado, contemplando que en 67 casos no se pudo obtener esta información de los expedientes judiciales. Del total de víctimas mujeres, trece de ellas eran migrantes de países sudamericanos y una de ellas era de la etnia wichí.

El informe también releva el método empleado por los femicidas para cometer el crimen. En 11 de los casos investigados, el crimen ocurrió con un arma de fuego reglamentaria de integrantes de las fuerzas de seguridad. Los femicidios con armas de fuego fueron el 23 por ciento del total en 2018, contemplando que no se pudo informar sobre la tenencia legal o ilegal en 35 casos.

El uso de armas blancas fue el más empleado, con un 28 por ciento de los casos; seguido por el empleo de la fuerza física, en el 27 por ciento de los casos. Las causas en las que las víctimas fueron asesinadas con el uso de fuego, alcanzó el 7 por ciento.

En cuanto cuanto a la participación de integrantes de las fuerzas de seguridad en los femicidios, el informe señala que en el relevamiento se confirmó su participación en 18 casos, pero subraya que "la cifra es más baja que la aparecida en informes basados en datos periodísticos y esto puede relacionarse con la alta presencia de 'sin datos' en la variable que registra ocupación de los sujetos activos".

Respecto de las medidas de protección previas al femicidio, el informe de la OM solo pudo dar cuenta de medidas judiciales de protección para 31 de las 255 víctimas mujeres cis, entre ellas, 24 contaba con la medida vigente y siete se encontraban vencidas al momento del crimen. Son 184 casos en los que no se encuentra respuesta a la consulta sobre medidas de protección, mientras que en los 40 restantes se informó que las mujeres no lo habían solicitado.

De todas maneras, se registra un número más alto de denuncias formales hechas por las víctimas, 41 denuncias en total contra los femicidas. Y la cifra se eleva a 58 en la categoría "hechos previos de violencia", que fueron constatados por otros medios obrantes en las causas judiciales.

Otro punto relevante del informe es el repaso de los tipos penales registrados en las causas como indicador de la incorporación de la perspectiva de género en el sistema de justicia. De las 245 causas, ya que en algunas se investigó la muerte de más de una víctima, en el 40 por ciento de las imputaciones se contempla la violencia de género como agravante, mientras que en un 31 por ciento de los casos no se contemplan ni los vínculos, ni la violencia de género a la hora de realizar imputaciones. El porcentaje de desconocimiento de la perspectiva de género se mantiene igual en los causas tanto de femicidios directos como vinculados.

En cuanto al avance de las investigaciones sobre los acusados por los 278 muertes violentas, el informe de la OM precisa que en el 60 por ciento de los casos se encontraba privados de la libertad, alojado en unidad carcelaria con causa judicial en etapa de investigación o etapa de juicio. Mientras que el 11 por ciento se encontraba en libertad a la espera del avance de la investigación y solo dos acusados estaban con prisión domiciliaria. Del total de causas abiertas el año pasado, solo el 3 por ciento llegó a sentencia en el transcurso del 2018, aunque el 43 por ciento ya estaban en etapa de juicio oral.

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