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Correo Argentino: acusan de "vaciamiento" a familia Macri

Lo hizo la fiscal de la Cámara Nacional en lo Comercial, Gabriela Boquin. Es en el marco de la causa por una deuda millonaria que la familia del ex presidente le adeuda al Estado.

La fiscal de la Cámara Nacional en lo Comercial, Gabriela Boquin, afirmó que durante 15 años en el Correo Argentino S.A., la empresa de la familia Macri se realizaron "actos de gravedad ligados al vaciamiento". 

La fiscal de la Cámara Nacional en lo Comercial, Gabriela Boquin, afirmó que durante 15 años en el Correo Argentino S.A., la empresa de la familia Macri se realizaron "actos de gravedad ligados al vaciamiento".

"Este vaciamiento en beneficio de Sideco y Socma, otras empresas de la familia Macri, fue denunciado por la fiscal en su dictamen del 28 de abril de 2017. De ese dictamen se desprende que en 2016 los Macri se dedicaron a vaciar Correo Argentino mientras evitaban pagar la deuda que tenían con el Estado y lograban la condonación de más de 70.000 mil millones de pesos", indicó.

Una parte del vaciamiento eran pagos por distintos rubros a Sideco. Para esto, en 2016, los Macri sacaron de los fondos de Correo Argentino 1.645.923 pesos y 185.213 dólares con la complicidad de la jueza Marta Cirulli que les habilitaba los retiros. Eran gastos injustificables para una sociedad con 3 empleados, que no tenía actividad y no podía producir ganancias.

Otra parte del vaciamiento de Correo Argentino es la compra de acciones de Neficor, una firma uruguaya, supuestamente para un proyecto automotriz. El 28 de septiembre de 2007, Socma le vendió a Correo Argentino el 25 por ciento de Neficor por 2.100.000 dólares. De este monto, 1.160.625 cancelaba un crédito que Correo Argentino tenía con Socma Americana y 939.375 dólares tenían que depositarse en una cuenta corrientes de Socma Americana en el Citibank.

En un dictamen, la fiscal del caso comercial por la deuda del Correo respondió a la decisión por la que se dispuso la apertura del procedimiento de "cramdown" o salvataje de la concursada.

Para Boquin hubo un "uso abusivo del procedimiento concursal", por lo que solicitó que se designe a un interventor judicial por sorteo, y el desplazamiento del órgano de administración de la empresa.

Según la fiscal, la empresa "se ha conducido de forma tal que este procedimiento fue una herramienta para defraudar la ley y los derechos de los acreedores".

La fiscal Boquin fue la que pidió rechazar por abusivo el acuerdo entre el Correo y el Estado al sostener que la homologación de la propuesta llevaría a una quita de 70 mil millones de pesos al 2033.

Ahora emitió un nuevo dictamen y remitió copias del mismo a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal 8 y al Juzgado Criminal y Correccional Federal 4, Secretaría 7, éste último donde se instruye la causa penal a cargo del juez Ariel Lijo.

Boquin explicó que "luego de más de 15 años en que debiera haberse encauzado el procedimiento del cramdown –según lo ordenara la Cámara 27 de octubre de 2004- nos encontramos frente a un escenario en el cual durante el extenso lapso de tiempo transcurrido, la concursada perpetró actos de gravedad -que he denunciado- ligados al vaciamiento de la empresa y/o fueron efectuados violando lo dispuesto" en la Ley de Concursos.

Además advirtió que se ha incrementado el pasivo concursal y que podrían producirse otros actos que continúen agravando la situación patrimonial de la concursada, disminuyendo su activo y perjudicando a los acreedores si fracasa el "cramdown".

Boquín reclamó la designación de un interventor judicial con desplazamiento total del órgano de administración hasta que concluya el procedimiento de salvataje, sin que ello afecte la legitimación de la concursada para recabar nuevas conformidades a propuestas de acuerdos con acreedores.

Además del "vaciamiento" , la fiscal citó "la presentación de acuerdos fraudulentos para obtener la homologación del acuerdo preventivo, pago de cifras millonarias en concepto de honorarios".

El concurso fue iniciado hace casi dos décadas y la fiscal sostuvo que el régimen concursal "no puede ser utilizado en forma abusiva para que el deudor se libere de sus obligaciones mediante el pago de sumas insignificantes, evitando las consecuencias de la declaración de quiebra en materia de inhabilitación".

Según se recuerda, la apertura del registro para iniciar el procedimiento de salvataje fue ordenada el 18 de diciembre último por las jueza de la Cámara María Gómez Alonso y Matilde Ballerini, luego que el Estado nacional no prestara conformidad a una propuesta de pago. (Ámbito Financiero / El Destape)

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