Por qué voté a favor de la Despenalización del Aborto

Por Carlos Ibrhain Ponce *

 

Luego de participar de las comisiones conjuntas, donde expusieron una gran cantidad de expertos, y repasar los debates que se dieron sobre este tema en el año 2018, creo humildemente que asistimos a una gran confusión conceptual. Pareciera ser que los que estamos a favor de este proyecto de ley, avalamos la muerte, y los que se oponen están a favor de la vida.

Esta es una lectura equivocada y mal intencionada. No es así de ninguna manera. Porque este proyecto de ley NO OBLIGA A NADIE A ABORTAR. Yo mismo no estoy a favor del aborto, por mi concepción religiosa. Esa no es la cuestión, porque TODOS AQUÍ DEFENDEMOS LA VIDA. Desde diferentes perspectivas, claro está. Pero seguramente motivados por la buena fé, las convicciones y las creencias de cada uno.

Lo que aquí se está proponiendo es la “DES-PE-NA-LI-ZA-CIÓN” de esta práctica horrorosa que ocurre regularmente. Todos los días. Las más de las veces en condiciones de clandestinidad y sin ninguna garantía de cuidado o de asepsia.

Entonces, considero como primer paso la necesidad de que dejemos de lado la hipocresía. Dejemos de mirar hacia el costado y asumamos esta dramática realidad. No quiero que en mi país haya una sola mujer más victima de prácticas clandestinas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir negando esta situación, barriéndola bajo la alfombra?.

Seguramente coincidimos que ninguna mujer que decide abortar lo hace con alegría. A ninguna le puede hace feliz pasar por este tormento. Entiendo que ninguna mujer quiere atravesar el proceso de una interrupción del embarazo que sabe le dejará secuelas para toda la vida.

Por eso lo que este proyecto propone es que, encima que tiene que padecer esta situación -muchas veces como consecuencia de un embarazo indeseado o producto de una violación-  el Estado no la penalice. Sino que la contenga. Le dé la posibilidad, a partir de su libre albedrío, de poder ser asistida en el sistema de salud pública, en las mejores condiciones.

Dije un término que considero es central en este debate: ALBEDRIO. Que significa: “Libertad individual, que requiere reflexión y elección consciente”.

Desde hace décadas las mujeres vienen luchando por la ampliación de sus derechos. Y este no es uno más, porque hablamos de una situación que no afecta directamente a los hombres, sino fundamentalmente a las mujeres. Nadie mejor que ellas, entonces, para decidir sobre su cuerpo.

Tampoco creo en el fantasma de que por legalizar la interrupción del embarazo, todas las mujeres acudirán masivamente a los hospitales a someterse a esta intervención. Comparto las palabras que en  1996 dijo el Dr. Rene Favaloro: «Legalizar no quiere decir que estamos autorizando a que todo el mundo se haga un aborto». Quienes eso dicen repiten una falacia. Aquellas mujeres que no deseen abortar seguirán fieles a sus principios. Pero aquellas otras que sí lo decidan, y sea dentro de un plazo máximo de 14 semanas de gestación, tendrán garantías para su salud y nadie les formará una causa penal. De eso se trata, insisto, este proyecto: Acompañar, contener, asistir a la mujer, no judicializar su drama.

Creo desde siempre en la justicia social y aprecio, en esta iniciativa, el respeto hacia ese principio. Porque en la actualidad las personas de menos recursos están obligadas a tratarse en la clandestinidad, en condiciones deplorables que a veces hasta les cuesta la vida; mientras otras personas, en mejor posición, asisten a clínicas privadas para someterse a la misma práctica, con perfectas condiciones de aseo y asistencia médica. Con este proyecto se pretende garantizar el acceso igualitario a un servicio público de salud, bajo un marco de legalidad comprensivo y racional.

A todas y todos lo que están en contra de esta ley, los entiendo y respeto, pero los convoco a sumarse a un nuevo camino de ayudar a estas mujeres para que con el apoyo de la sociedad, entidades religiosas y organizaciones sociales, se sientan respaldadas y no crean que la única opción es la que le podemos brindar con esta ley. Por supuesto que hacen falta otras herramientas. Ayudemos a fortalecer la educación sexual en las escuelas. Mejoremos la seguridad, para que no existan casos de violación. Demandemos políticas activas del Estado para impulsar campañas de concientización, información y formación de la sociedad.

Todo esto es más constructivo y edificante, que continuar apostando al facilismo de atacar los efectos, criminalizando el aborto, en lugar de ocuparnos de contrarrestar las causas.

Complementariamente, debo hacer notar que también aprobamos el proyecto que crea el denominado «Plan de los 1000 días», el cual establece una protección integral a la mujer embarazada y al niño hasta los primeros tres años de vida. Es decir, un Estado cada vez más presente en favor de los sectores más vulnerables.

Deseo recordar dos episodios que de alguna manera relaciono con el contexto actual:

1) La Ley de divorcio vincular, o Ley 23.515, que modificó el Código Civil argentino, permitiendo la disolución de la unión matrimonial. Promulgada el 12 de junio de 1987 por el presidente Raúl Alfonsín. Aquella vez se afirmó que era “el fin de la familia, como célula básica de la sociedad”.

2) Más cercana en el tiempo, la Ley de Matrimonio Igualitario, sancionada en la Argentina el día 15 de julio del 2010. Dicha ley convirtió a la Argentina en el primer país de América Latina, y el décimo el mundo, en consagrar la ampliación del matrimonio a personas del mismo sexo. De esta ley llegó a decirse, temerariamente, que consagraba “la perversidad y se oponía al sagrado sacramento del Matrimonio”.

A 33 años del divorcio, la familia sigue en pie y aquellos que se separan pueden volver a casarse y a formar nuevas familias. A 10 años del matrimonio igualitario, cientos de miles de parejas del mismo sexo ya no tienen que esconderse y pueden gozar del derecho de amar y ser felices con quienes así lo deseen. En ambas situaciones, la ley vino a imponer cordura y sentido común. Tengo para mí que con este proyecto sucederá algo similar, porque está dirigido a crear un encuadramiento legal a una situación existente y dolorosa, cuya penalización nada soluciona.

Mi voto fue positivo, y está dirigido a ampliar un derecho, que no significa ir en desmedro de otro. Ratifico mi compromiso de trabajar en pos de una mejor educación, que realce los principios y valores de una sociedad más humana y comprensiva. La calidad de todas las intervenciones y el respeto por la postura del otro que predominaron durante la sesión, son también una señal de esperanza hacia la construcción de una democracia madura, capaz de procesar las diferencias en un marco de mayor ciudadanía.

* Diputado Nacional (Frente de Todos)