S.O.S: Acoso a la Justicia, con la mira en la Constitución y el Caos

Por Eduardo Gargiulo

 

La primera señal de que algo estaba pasando se produjo el 11 de marzo pasado. Un hombre relativamente joven, “orgánico y confiable”, el Procurador General de la provincia Fernando Estrada (55), presentaba su renuncia al cargo por razones “estrictamente personales” (volver a la profesión y dedicarse a la familia). Transcurridos tres meses su lugar continúa –sugestivamente- vacante.

Muchos dudaron de los reales motivos. Se sabe que no es simple renunciar a 180 mil razones por una sola causa, sabiendo lo dura que está la calle frente a tanta competencia letrada fatigando el conflicto.

Ya entonces se sabía que la cúpula del Poder Judicial atravesaba una tensa calma, por las persistentes diferencias de criterios, estilos y personalidades de sus miembros. Básicamente, el temperamento todo-terreno de Lilia Novillo no condice en absoluto con la cautela y moderación que imponen por mayoría Martha Corvalán y Carlos Cobo.

Cual matrimonio capaz de esconder sus rencillas bajo la alfombra, consintiendo incluso alguna que otra infidelidad, durante un buen tiempo el trío acordó, y logró mantener, una convivencia forzada. Hasta esta semana, que se produjo una implosión cuyo efecto residual aún es temprano mensurar.

Los motivos esgrimidos para la renuncia son ciertamente inverosímiles (dar paso a las nuevas generaciones), pero además revelan cuanto menos una torpeza asombrosa. Lilia Novillo es una mujer de excelente aspecto, que lleva muy bien sus 69 años, pero el mismo argumento que expresó, dirigido a dotar de virtuosismo su providencia, por proyección terminó sepultando la imagen de quien la nombró, el propio gobernador Alberto Rodríguez Saá (a dos meses de apagar las71 velitas).

Obviando motivos falaces, este cronista pudo certificar a través de tres altas fuentes inobjetables, que la verdadera intención del Ejecutivo Provincial es la renuncia “en bloque” de los tres integrantes del Superior Tribunal de Justicia. El problema que surgió, para plantearlo en términos del Covid, fue la diferente reacción que tuvieron al test de obsecuencia. Fiel al verticalismo de la conducción, Novillo dijo ´por supuesto´ y se puso a redactar la renuncia. Martha Corvalán lo pensó un poco, dudó, y por ahora contestó que no va a dimitir, pero nadie está seguro acerca de cuánto pueda perdurar su convicción. Carlos Cobo, por su lado, también se negó, “cansado del maltrato y la ingratitud”, según le confió a un empleado de estricta confianza.

Acostumbrados a jugar fuerte, desde la Jabonería de Terrazas ejercieron una “apretada” a dos puntas contra el duro varón: echaron a rodar la versión de su renuncia y, paralelamente, lograron que media docena de jueces salieran a denunciarlo por ejercer presuntas persecuciones. Algunos medios hicieron su aporte y la operación dio en el blanco. Pero Cobo sigue en pie. Para colmo la renuncia de Tía Lilia, que se calculó con envergadura de arrastre hacia el díscolo dúo, también fracasó.

El pase de facturas de esta truculenta maniobra, plagada de intrigas y conspiraciones, la están pagando el vice gobernador Eduardo Mones Ruiz y Fabián Antonio Filomena Baigorria. Al ministro de Justicia, Seguridad, Gobierno y Culto, claramente no le sobran pergaminos para rendir con honores la tesis final acerca de “Cómo Voltear sin Complicaciones un Superior Tribunal”. Lo bocharon y vaya uno a saber si le darán chances de recuperatorio. Algunos ya lo postulan para encabezar la lista de candidatos a cuarteles de invierno, en el próximo recambio de gabinete. El vice también quedó magullado, pero cuenta con otras espaldas.

En simultáneo, y como para justificar esto del recambio generacional, la jugada se completó con la presentación de los pliegos de dos nuevas postulantes al STJ, notoriamente más jóvenes que los supremos actuales: Cecilia Chada (con presente en Fiscalía de Estado) y Carolina Monte Riso (fiscal de Cámara). Ambas con pasado en la función pública, en distintas gestiones del actual gobernador, antecedentes que aseguran su marcada lealtad, aunque 0 (cero)  independencia.

Monte Riso con el aditamento, además, de ser la esposa del gerente del Improfop, Miguel “Miky” Berardo, hombre de confianza del Secretario General de la Gobernación, el hombre-que-no-habla Alberto Rodríguez Saá (h). Los más insidiosos ya hablan, por eso, de la “Justicia Jr” (copyright ´El Puntano´).

La aceptación de la renuncia de Novillo, para dentro de seis meses, resultó tan ridícula como absurdo, muy a tono con la comedia de enredos en que se convirtió últimamente el funcionamiento del Poder Judicial.

Legislatura

En el otro poder de la República de San Luis, el Parlamento provincial, las aguas tampoco están tranquilas y en cualquier momento desbordan las compuertas y la bravura del caudal se lleva puesto a alguno.

Se espera que en las próximas sesiones el Senado provincial, después de mucho tiempo, registre un incremento en su actividad: el martes 23 debe votar de mala gana -o encontrar una nueva excusa para gambetear- el desafuero del senador Ariel Rosendo. Todo indicaba que el martes último votarían el retiro de inmunidad del polémico legislador, pero un artilugio técnico les permitió dilatar una semana la definición. En la próxima reunión legislativa los honorables senadores pondrán en juego, en parte, el citado adjetivo. Y su propia vergüenza, claro.

En tanto que el 7 de julio anunciaron que se celebrará la sesión pública para tratar los pliegos de las jóvenes abogadas candidatas a ministros, antes citadas. De quienes no se pone en duda la edad, sino sus antecedentes y relativa trayectoria para aspirar al cargo. Todo en medio de muchísimo ruido político y, encima, la posible presentación de alguna que otra incómoda impugnación.

La Cámara de Diputados, por su lado, atraviesa una instancia de definición que algunos se animan a definir como de “absoluta incerteza”. La paridad de votos entre oficialismo y oposición obliga a los principales operadores a calcular al milímetro cada jugada para no quedar desairados. Cuando faltan uno o dos legisladores de uno u otro bando, la paranoia los domina y manotean el rivotril para frenar la ansiedad.

Por el lado de la oposición, Bartolomé Abdala cada tanto los deja pagando y vota las posturas del gobierno, siempre “en pos del interés general”. En las filas del PJ, en tanto, recrudecen los recelos hacia sus aliados kirchneristas  y de Mercedinos por el Cambio, de quienes les exaspera depender y que en la intimidad llaman traidores.

Con este panorama llegarán a la sesión de esta semana, donde prevén nominar los representantes del cuerpo en el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, dos institutos claves para la designación o el juzgamiento de los jueces. (*)

Por usos y costumbres, el oficialismo en anteriores oportunidades ha respetado “cierta representación de la minoría” en estos órganos claves del funcionamiento del Poder Judicial. Al fin y al cabo la disparidad numérica ha llevado a que la oposición nunca haya podido incidir en ninguno de los dos estamentos. Entonces qué mejor que ceder algunos lugares a la contra con tal de no quitarle el barniz de democrática participación que ello conlleva.

Sin embargo, un legislador opositor comentó indignado, y sin ambigüedades, que esta vez es diferente: “Se quieren quedar con todo, quieren nombrar ellos a todos los representantes en los dos cuerpos, desconociendo la representación de la oposición como minoría. Si lo hacen será un escándalo y los vamos a denunciar a nivel nacional”, aseguró a Apuntes de San Luis, pidiendo reserva de identidad.

Motivaciones del caos

Este descalabro institucional en que se encuentra el Poder Judicial ha sido denunciado una y otra vez por los Colegios de Abogados de San Luis y Villa Mercedes, poniendo el acento en las serias falencias de funcionamiento que afectan los derechos de la ciudadanía y el ejercicio profesional. Lo han puesto por escrito, a través de notas por mesa de entradas, en los medios y también se lo han dicho en la cara a los propios ministros del STJ. Sin ningún resultado.

En este marco, es lícito preguntarse: ¿A qué objetivo responde este desaguisado generado por el propio oficialismo? ¿Les disgusta el promedio de edad de los ministros del Superior Tribunal? ¿Les desagrada cómo se visten, o la cara que portan? En ningún caso debe ser por sus fallos, porque hasta donde se sabe no han existido sentencias que pudieran confrontar los intereses del Ejecutivo.

La hipótesis más razonable se explica como consecuencia de un trastorno de conducta, que provoca el miedo a la pérdida del poder. Algunos arriesgan que la intención es montar un dispositivo legislativo y judicial que facilite la llegada a buen puerto de un proyecto de reforma de la Constitución Provincial, y luego garantice su legitimidad ante seguros planteos por inconstitucionalidad.

Con el paso de los días, Alberto Rodríguez Saá ha comenzado a preocuparse seriamente en la continuidad de la dinastía. El proyecto de delegar esa responsabilidad en el-hombre-que-no-habla cada vez le cierra menos. “No arranca, no sé qué le pasa”, se le escapó hace poco, en referencia a su hijo, Alberto Jr. Presiente que se avecinan las elecciones legislativas de 2021 y podrían anticipar su final, si la oposición triunfa y le termina arrebatando la mayoría en Diputados.

Un resultado semejante no sería descabellado, teniendo como antecedente la derrota que le propinó Avanzar Cambiemos en las elecciones presidenciales de 2019. Si el año próximo aquella dirigencia se mantuviera unida, como lo está por ahora, ¿quién asegura que no vuelva a sonreír en las urnas? Si así fuera, naturalmente el poder cimentado en los últimos 37 años comenzaría a diluirse vertiginosamente.

Decidido a anticiparse a este escenario terminal y calamitoso, el mandatario habría urdido un plan que sólo saben unos pocos. Provocar la mayor confrontación posible y, como ya lo hizo a mediados de la década del ´80 para evitar la intervención federal a la provincia, tener a mano la receta de la salida constitucional.

En este orden, siguiendo el razonamiento, se baraja la posibilidad de impulsar una nueva reforma de la Carta Magna, para “adecuarla a los nuevos desafíos”, y entre bambalinas eliminar la cláusula que restringe la reelección a un solo período. El camino legal obligaría a convocar una Convención Constituyente (Art. 281). Pero no hay tiempo. El más corto sería la enmienda de ese único artículo, sancionándolo con los dos tercios de los miembros de la Legislatura y luego sometiéndolo a votación de la ciudadanía el año próximo. En cuyo caso debería hacer todo el zafarrancho este mismo año, pero el problema es que no le dan los votos ni a cañonazos.

En este contexto, la salida sería distinta. Se trataría de forzar el resquebrajamiento de la oposición y, paralelamente, a través de un “Acuerdo de Gobernabilidad” con la misma dirigencia que se defenestra, firmar un pacto que garantice la impunidad después de 2023.

Como existe la alternativa que la oposición no se rompa ni se deje comprar, como sí ocurrió en otras tantas ocasiones, habría decidido caminar sobre seguro, “copando” con jóvenes incondicionales los principales resortes del Poder Judicial. A saber: el lugar desde donde se propone a los jueces (Consejo de la Magistratura), o desde donde se los juzga y disciplina (Jurado de Enjuiciamiento), o donde se digita todo (Superior Tribunal). El otro eslabón necesario, el Senado (que presta o deniega acuerdo a los nombramientos y remociones de los funcionarios y magistrados), ya está asegurado y difícilmente se pierda mayoría (hoy se domina 8 a 1).

Es decir, frente al peor de los escenarios, que se sufriera una derrota en la elección de 2023, el régimen hoy ya está trabajando para ponerle llave al Poder Judicial, que es el que en definitiva debería resolver cualquier controversia o investigación que pueda alterar los negocios, o poner en riesgo la libertad, de quien es hoy, y desde casi cuatro décadas, la persona más poderosa de la provincia.

Entender todo lo que está en juego, y la angustia que provoca la probable pérdida de poder, permite encontrar sentido a los riesgos que se asumen en este derrotero de permanente acoso a la justicia, con el proyecto de reforma aparentemente inviable (pero no desechado) y la generación del caos como elemento precipitador de la confusión. Para seguir manejando los resortes del poder. Incluso el día que, formalmente, un apellido distinto detente ese poder.

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(*) El Art. 197 de la Constitución Provincial indica que “El Consejo de la Magistratura está integrado por: un miembro del Superior Tribunal, que lo preside; un magistrado o miembro del Ministerio Público por cada una de la circunscripciones judiciales; dos legisladores provinciales, abogados si los hubiere; un abogado por cada circunscripción judicial en ejercicio de la profesión, inscripto en la matrícula de la Provincia, domiciliado en ella y que reúna las condiciones para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia y un Ministro del Poder Ejecutivo”.

En tanto que el Art. 224 de la norma establece: (…) “El Jurado está presidido por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia y constituido por nueve miembros: tres diputados, abogados si los hubiere, tres abogados de la matrícula que reúnan los requisitos para ser miembros del Superior Tribunal de Justicia, y tres magistrados judiciales incluido el Presidente del Superior Tribunal”.