Se aprobó la moratoria fiscal y podrán entrar Bancos y Telefónicas

Las habían excluido en el dictamen, pero fueron reincorporadas.

 

Se amplía el plazo hasta el 31 de julio. Y se mantuvo el beneficio a las empresas quebradas, como Oil Combustibles, de Cristóbal López. También se aprobó la suspensión de las quiebras.

El frente de Todos logró aprobar en Diputados el proyecto de ley para ampliar la moratoria fiscal a quienes no hayan pagado impuestos hasta el 31 de julio, que no excluirá a Bancos y Telefónicas ni a las compañías quebradas como Oil Combustibles, de Cristóbal López.

Sólo por el beneficio a este empresario, habilitado en el artículo 11, Cambiemos decidió abstenerse y sumó 113 votos. La ley fue aprobada con 137: como adelantó LPO el Frente de Todos tuvo el apoyo de Unidad para el Desarrollo, el bloque de José Luis Ramón; y Córdoba Federal, monitoreado por Juan Schiaretti. Votaron en contra Nicolás del Caño y Romina del Plá, de la izquieda, y el cordobés Luis Juez.

Pero el artículo 11 tuvo 130 votos, uno más que la mayoría simple, y con algunos datos que dan cuenta lo ajustado que está el Frente de Todos en esa Cámara. Lo rechazaron la tucumana Beatriz Ávila y el santacruceño Antonio Carambia, del bloque de Ramón, que logró retener a Pablo Ansaloni, referente de la Unión de Trabajadores Rurales (UATRE).

Fue clave el respaldo de Eduardo «Bali» Bucca, jefe del interbloque federal, cercano a Roberto Lavagna. Entre sus coordinados se abstuvo Alejandro Rodríguez y se opusieron Jorge Sarghini y Graciela Camaño; y los aliados socialistas Enrique Estévez y Luis Contigiani.

Las entidades financieras y proveedores de telefonía e internet habían sido prohibidos de ingresar a la moratoria por el oficialismo en el dictamen del martes, pero se las volvió a sumar por sugerencias de propios y ajenos.

«Telecom también fue incluida para que vean que no nos guía ningún odio ni rencor, sino que realmente estamos preocupados por el destino de la Argentina, de sus empresas y fundamentalmente de quienes trabajan en ellas, que es lo que nos debe ocupa», se justificó el jefe del bloque oficialista Máximo Kirchner, en el discurso de cierre, en referencia a la empresa del Grupo Clarín.

¿Hablan de plan de impunidad? El presidente que asumió procesado por escuchas y a los cinco días de asumir lo desprocesan y los jueces que lo habían procesado terminan todos fuera del Poder Judicial. Y ahora está nuevamente atravesando una denuncia de espionaje», cerró el jefe de bloque.

Sólo quedaron fuera de los beneficios personas jurídicas o físicas que tengan fondos el exterior, aunque aún en esos casos podrán ingresar si son MiPyMES, entidades sin fines de lucro, asociaciones comunitarias o si repatriar el 30%. El lobby de los gobernadores peronistas logró además garantizar la coparticipación plena de la recaudación.

La principal modificación será que se contemplarán deudores hasta el 31 de julio y no el 30 de junio, como el texto original, con una primera cuota del 16 de noviembre y planes de hasta 96 o 120 según el tamaño del contribuyente. Para las obligaciones de seguridad social habrá entre 48 y 60.

No se cobran multas y el interés será fijo y mensual, del 2% durante las primeras seis cuotas y no cuatro como el proyecto original. A partir de ahí se actualizarán por tasa Badlar y no se ajustará por el sistema francés, como se había incorporado en el dictamen. Por consejo del radical Ricardo Buryaile, Carlos Heller, miembro informante del oficialismo, lo reconsideró porque podía ser peor.

Se podrá cancelar pasivos con devoluciones aprobadas y pendientes de pago y habrá restricciones a las empresas grandes que se sumen: por dos años, no están habilitadas a girar dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado de divisas para realizar pagos a entidades vinculadas.

Habrá premios a pagadores, un reclamo de diputados aliados de partidos provinciales que garantizaron la ley. Será de hasta 17500 pesos a los monotributos, repartidos en 6 cuotas en las categorías más bajas y 2 en las altas. Mientras que los que paguen Ganancias podrán deducir un importe adicional del 50% por un período fiscal; y las pymes accederán a amortizaciones por adquisición e inversiones en infraestructura, mueble o inmuebles.

Pero después del informe de Heller, con un repaso de la caída de la economía en el mundo por la pandemia, las ocho horas de debate que siguieron giraron en torno a la posibilidad que tendrá Cristóbal López de acogerse a la moratoria, la única queja de Cambiemos y motivo de una noche de grieta en el recinto remoto de Diputados, con sólo una veintena de presencias y el resto sesionando por internet. Casi no hubo opositor que no mencionara al empresario que estuvo preso dos años por una denuncia de la AFIP por presunta evasión de 8000 millones de pesos.

«En enero la empresa presentó un advenimiento, en marzo el servicio jurídico dictaminó lo que debía y el 17 de julio el juez pidió que se sigan distribuyendo los fondos. Con esta ley, la AFIP va a estar renunciando a cobrar 100 millones de dólares. Y por primera vez se incorporan empresas de combustible y de apuestas online. Si no es un traje a medida, díganme qué es», preguntó el radical Luis Pastori.

«Sería un error decir que es un traje a medida para López. Como también decir que lo es para (el intendente de Vicente López y primero del ex presidente) Jorge Macri, que tiene una causa por evasión en 2016. O para (el hermano del ex jefe de Estado) Gianfranco Macri, que tiene otra por evasión», respondió Darío Martínez, del Frente de Todos. Recordó que según la estadística de la AFIP, el 64% de las las empresas en quiebra que ingresan en una moratoria pagan y del resto sólo el 3%.

Y así fue toda la sesión. «Le estamos diciendo a los argentinos que se puede incluir en una moratoria a una empresa que defraudó a los contribuyentes. Una empresa que no tiene flujo de fondos lo único que puede hacer es pagar deuda, hasta dónde alcance. Me amarga la señal de impunidad que estamos dando», se lamentó Luciano Laspina, del PRO.

«¿Cuál es la razón de que cuando se amplía los contribuyentes se traen los quebrados que nada tienen que ver con la crisis de la pandemia? ¿Qué cambió? La única respuesta que recibimos de la titular de la AFIP fue ‘yo como recaudadora quiero a todos’. Es un tanto pobre esa respuesta», protestó Sarghini.

El santacruceño Pablo González pidió que ingrese la cerealera Vicentin, de donde el Gobierno se retiró como interventor mientras transcurría la sesión. «Le debe a sus acreedores 99 mil millones de pesos y se trataba a los directores como si fueran niños cantores de Viena. Y en este caso (Oil Combustibles) se condena anticipadamente en una causa donde todavía no hay condena y quedan muchas cosas por resolver».

«Una moratoria es para quien no ha podido pagar, no para cubrir delitos. El Estado democrático no puede ser uno delincuente. Esta ley es para pavimentar el triunfo de las valijas de Cristina», golpeó bajo el radical Álvaro Lamadrid.

Leopoldo Moreau y Máximo se repartieron el cierre para responder. «Peor que legislar para una empresa, es hacerlo contra una empresa. La quiebra fue provocada por el Gobierno: el grupo de tareas de la AFIP hacía espionaje fiscal junto a la Agencia Federal de Inteligencia, llevó a cabo embargos ilegales de fondos, suspensión de licencias comerciales de exportación. Y se constituyó en un acreedor hostil. Un perito de la Corte en 2019 dijo que todo lo que se denuncia era mentira».

«No gobernó Juan Carr sino Mauricio, que es Macri. El de Sevel, el que se lleva puesta a la Corte Suprema, el de Ruckauf, el del Correo Argentino. No le pagaba al Correo Argentino y cuando se hizo el blanqueo vino modificado desde la Casa Rosada», lo siguió Máximo.

«Ingresaron en el blanqueo, no le pagaron al Estado durante años y la plata la tenían para pagar el canon del Correo. Lo que hicieron fue insolventarse evadiendo impuestos y después armaron un blanqueo para traerla de vuelta  ¿Hablan de plan de impunidad? El presidente que asumió procesado por escuchas y a los cinco días de asumir lo desprocesan y los jueces que lo habían procesado terminan todos fuera del Poder Judicial. Y ahora está nuevamente atravesando una denuncia de espionaje».

«Les pido a los compañeros que no crean que Macri se fugó porque se fue a París. Tiene todo el derecho de viajar con su familia por el mundo. Después de todas las causas que tuvo en la Argentina, ¿Qué miedo puede tener el ex presidente a que el Poder Judicial le haga algo? Creo que hace lo que le gusta que es hacer turismo. Es mucho mejor turista que presidente», cerró Kirchner.

Suspensión de quiebras

Por otro lado, este viernes la Cámara de Diputados aprobó este viernes una ley para suspender los procesos de quiebras de las empresas hasta el 31 de marzo del año próximo y evitar que al menos 100 mil cierren sus persianas en forma definitiva, por las pérdidas que les ocasionó la pandemia del coronavirus.

El proyecto surgió de las iniciativas de Carlos Selva, del Frente de Todos; y Cristian Ritondo del PRO; y contó con aportes de diputados de otras bancadas, como José Luis Ramón, Graciela Camaño y la neuquina Alma Sapag. Deberá ser aprobado por el Senado para convertirse en ley.

El acuerdo se materializó esta mañana en una reunión de la Comisión de Justicia, presidida por el kirchnerista Rodolfo Tailhade, que no llegó a emitir dictamen pero sí a escribirlo y logar que se apruebe unas horas más tarde. El apuro no es casual: la semana que viene terminarán de abrir los Tribunales comerciales y los empresarios quebrados golpearán las puertas.

El proyecto para protegerlos, de sólo 6 artículos, suspende hasta el 31 de marzo «el cómputo de plazos procesales» de las quiebras y obliga al juez del concurso a fijar  un nuevo cronograma, mientras que en los juicios iniciados el deudor podrá esperar 180 días más para hacer una propuesta y si no le es suficiente demorar 60 días más.

Durante el plazo de la emergencia tampoco se podrá ejecutar «cualquier tipo de garantías de obligaciones financieras», incluidas las de «fiadores, avalistas, codeudores y otros obligados respecto a las obligaciones de los sujetos concursados comprendidos en la emergencia».

También se suspenden las subastas judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias de cualquier origen. Se prorrogan por un año las obligaciones asumidas por los deudores desde la fecha de vencimiento prevista y se aplaza por el mismo plazo los acuerdos concursales «judiciales o extrajudiciales» que hayan sido homologados. Además, no podrán exigirse cuotas impagas hasta el 31 de marzo.

Tampoco será posible solicitar las quiebras, a excepción de que se hayan dictado medidas precautorias; ni embargar cuentas bancarias, a no ser que sea para pagar créditos laborales o cuotas alimentarias, un reclamo del mendocino Ramón. «Tenemos que sacar del agobio a las empresas para que puedan seguir poniendo todo su esfuerzo en poner en marcha el proceso de producción y generación de empleo», sostuvo Selva.

Camaño le puso números al conflicto: «En Argentina hay 650 mil empresas activas y 100 mil podrían iniciar una quiebra cuando abran los tribunales. Son 3 millones de trabajadores y el 70% está en el área metropolitana de Buenos Aires. No los vamos a dejar solos». (LPO)