En las últimas horas trascendió que la falta de cumplimiento de un fallo judicial por parte del intendente de Justo Daract, Alfredo Domínguez, podría detonar en un grave conflicto, con medidas de acción directa y una nueva demanda laboral.
El Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias, José Ucelay, reseñó que el conflicto se originó en abril de 2021, cuando la mayoría justicialista del Concejo Deliberante aprobó un proyecto del intendente y derogó el Convenio Colectivo de Trabajo que regía desde 1984.
A partir de ese momento se les comenzó a liquidar los sueldos de acuerdo con la escala municipal, perdiendo los trabajadores aproximadamente el 40% del sueldo, dado que dejaron de percibir ítems convencionales y extra convencionales acordados y establecidos en la citada norma.
En ese contexto, el Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias entabló una demanda contra el municipio daractense, logrando luego de cuatro años un fallo favorable, el año pasado.
En una decisión que marcó un precedente significativo en el ámbito laboral y administrativo, el tribunal declaró la inconstitucionalidad de la Ordenanza Municipal N° 326-R02-HCD-2021. (Ver Fallo)
Intendente Domínguez, con el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá.
EL CASO
La demanda fue presentada por el Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias Mercedes y Justo Daract, representado por el Dr. Ariel Cardoso, quien argumentó que la Ordenanza Municipal N° 326-R02-HCD-2021 violaba derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de San Luis, así como en pactos y tratados internacionales.
La normativa en cuestión había sido sancionada por la Municipalidad de Justo Daract para ajustar las categorías laborales de los trabajadores del servicio de agua y cloacas, integrándolos al estatuto del empleado público provincial y estableciendo un complemento no remunerativo para compensar diferencias salariales.
El sindicato alegó que la ordenanza resultaba manifiestamente “inconstitucional” ya que vulneraba principios laborales fundamentales como “el principio protectorio, el de irrenunciabilidad y el de la condición más beneficiosa”, recordó Ucelay.
Según la demanda, la adecuación de los trabajadores a la categoría de empleados públicos, en lugar de mantener su régimen bajo el Convenio Colectivo de Trabajo N° 57/75, implicaba una disminución en sus derechos y condiciones laborales, afectando su calidad de vida y estabilidad laboral.
DECISIÓN DEL TRIBUNAL
En su sentencia del 28 de agosto de 2024, el Superior Tribunal de Justicia, compuesto por los Dres. Eduardo Segundo Allende, Andrea Carolina Monte Riso, Jorge Alberto Levingston, José Guillermo L’Huillier y Cecilia Chada, determinó que la Ordenanza N° 326-R02-HCD-2021 era inconstitucional.
El tribunal argumentó que la norma vulneraba principios fundamentales del derecho laboral y los derechos adquiridos por los trabajadores, estableciendo que “la adaptación a un nuevo régimen laboral no podía resultar en una merma de las condiciones previamente establecidas”.
El tribunal también hizo hincapié en la doctrina de los derechos adquiridos y la necesidad de mantener la “estabilidad y previsibilidad en las relaciones laborales”.
La sentencia concluyó que la ordenanza contravino “no solo las garantías constitucionales, sino también los principios establecidos por la legislación laboral vigente”.
REPERCUSIONES
Este fallo representó un importante respaldo a los derechos laborales de los trabajadores de Obras Sanitarias en Justo Daract y estableció un precedente en la jurisprudencia laboral provincial. La decisión refuerza la protección de los derechos adquiridos y subraya la importancia de respetar los acuerdos y convenios colectivos en vigor.
La Municipalidad de Justo Daract debía revisar y adecuar su normativa de acuerdo con los principios establecidos por la sentencia, asegurando que no se vulneren los derechos de sus empleados y respetando las garantías constitucionales y laborales.
A partir de ese momento el sindicato estima que los fondos adeudados ascienden aproximadamente a 14 millones de pesos por cada trabajador.
“A cinco meses de aquella sentencia, el intendente Domínguez no solo continúa ignorando la manda judicial, sino que además tampoco modificó la liquidación de los salarios, motivo por el cual los trabajadores están dispuestos a iniciar un plan de lucha para reclamar por sus derechos”, adelantó el dirigente gremial.
Al mismo tiempo, con la asesoría del Dr. Pablo Pérez, anunció que el gremio tiene previsto entablar una segunda demanda contra la gestión de Domínguez, por incumplimiento de la sentencia del Superior Tribunal de Justicia, y para reclamar una compensación por los fondos que no se liquidaron a los empleados.
OTRA DEMANDA
Por otro lado, se supo que el intendente Domínguez mantiene una controversia con un empleado al que cesanteó en 2020, en plena pandemia.
Se trata del ex trabajador Ricardo Barroso, en ese entonces de 67 años, a quien el municipio notificó que en un plazo de diez (10) días debía iniciar los trámites jubilatorios o quedaría cesante.
Lo que alega el sindicato es que el jefe comunal cometió “abuso de poder” y expuso un “tremendo desconocimiento del derecho, que le costó al pueblo de Justo Daract varios millones de pesos”.
“En primer lugar – apunta Ucelay – el trabajador disponía por ley de un plazo de tres meses, no diez días como lo notificó, para iniciar la gestión. Pero además, lo hizo en medio de la pandemia, cuando estaba cerrada la Anses y se hacía muy difícil hacer cualquier tipo de trámite. Pero eso no fue lo más grave: pasó por alto que ese trabajador tenía fuero gremial y mandato hasta 2022, porque era integrante de la comisión directiva de nuestro gremio”.
Como resultado de esa desafortunada acción, el trabajador fue cesanteado en pandemia e inició una demanda que, naturalmente, ganó. Se calcula que le adeudan cerca de 30 millones de pesos, porque le abonaron una parte nada más.
Además de estos conflictos, que podrían derivar en una paralización del servicio y una nueva demanda legal, la administración de Domínguez enfrenta también el escándalo generado por el “geriátrico del horror”, cuyas responsabilidades intenta descargar en la provincia, olvidando su responsabilidad como máxima autoridad de la ciudad.
“La verdad es que me da mucha pena por el pueblo de Justo Daract, que se encuentra triste, con una elevada desocupación, con problemas sociales graves y un intendente que no se hace cargo y se comporta como un verdadero patrón de estancia, incumpliendo las sentencias judiciales y condenando al municipio a tremendas pérdidas económicas por su autoritarismo. Tal vez cree que todavía goza de la impunidad que tenía cuando el gobernador era Alberto Rodríguez Saá”, enfatizó finalmente Ucelay.
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