En el marco de la investigación abierta en su contra por el fiscal Jack Smith, se lo acusó de defraudar a EEUU, conspirar para obstruir un procedimiento oficial e intento de obstruir la certificación de las papeletas en las urnas y atentar contra el derecho a voto.
El expresidente Donald Trump, el candidato favorito entre los republicanos para las presidenciales de Estados Unidos de 2024, se presentó este jueves ante una corte de Washington como acusado de “conspiración” para cambiar el resultado de las elecciones de 2020.
Trump, de 77 años, se presentó a las 16 (17:00 en Argentina) ante la jueza de instrucción Moxila Upadhyaya. El magnate viajó hasta el juzgado Barrett Prettyman en su vehículo desde el aeropuerto de Washington acompañado de varios de sus asesores de campaña electoral: Susie Wiles, Chris LaCivita, Jason Miller y Steven Cheung. En la comitiva también estaba presente la abogada Alina Habba.
“Ahora voy a Washington, D.C., para que me arresten por haber cuestionado unas elecciones corruptas, amañadas y robadas”, publicó el expresidente en una serie de mensajes desafiantes en su plataforma Truth Social. “Es un gran honor, porque me arrestan por ustedes. ¡Hagan a Estados Unidos grande otra vez!!!”. agregó.
EN QUÉ CONSISTE LA ACUSACIÓN DE “CONSPIRACIÓN”
A su llegada quedó bajo custodia federal, se le tomaron las huellas dactilares, pero no le hicieron una fotografía. Ante el tribunal, Trump se declaró no culpable de los cuatro cargos que se le imputan: defraudar a Estados Unidos, conspirar para obstruir un procedimiento oficial e intento de obstruir la certificación de las papeletas en las urnas y atentar contra el derecho a voto.
El primer cargo conlleva una pena máxima de cinco años, mientras que los dos cargos de conspiración e intento de obstruir la certificación de las papeletas en las urnas implican, cada uno, un monto máximo de 20 años. Finalmente, por atentar contra el derecho a voto, Trump podría recibir una sentencia máximo de 10 años.
La extraordinaria acusación de 45 páginas revelada el martes argumenta que, mientras aún era presidente, Trump puso en riesgo los cimientos de la democracia estadounidense al conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020.
“La finalidad de la conspiración era invertir los resultados legítimos de las elecciones presidenciales de 2020 mediante afirmaciones falsas deliberadas de fraude electoral”, sostiene la acusación. “A pesar de haber perdido, el acusado estaba determinado a permanecer en el poder”.
“Entonces, durante más de dos meses después del día de las elecciones, el 3 de noviembre de 2020, el demandado difundió mentiras de que hubo un fraude que determinó el resultado de las elecciones y que en realidad había ganado”. “Estas afirmaciones eran falsas y el acusado sabía que eran falsas”, dice Smith en su auto.
“Las inculpaciones de Trump son verdaderamente históricas en el sentido de que ningún presidente o expresidente de Estados Unidos antes de Trump ha sido inculpado, y mucho menos acusado de difundir mentiras sobre unas elecciones”, dijo Carl Tobias, profesor de derecho de la universidad de Richmond.
Richard Hasen, profesor de derecho en la universidad de California destaca la naturaleza única del caso: “Es difícil exagerar lo que está en juego en esta inculpación y enjuiciamiento”, escribió.
“Es quizás la inculpación más importante jamás dictada contra alguien para salvaguardar la democracia estadounidense y el estado de derecho en cualquier tribunal estadounidense”. Agregó que “influirá en gran medida en si EEUU seguirá siendo una democracia próspera después de 2024”.
Una figura clave en la acusación fue el entonces vicepresidente Mike Pence, quien proporcionó a los fiscales “notas contemporáneas” que tomó para documentar los esfuerzos por revertir el resultado de la encuesta.
Pence, quien probablemente sea un testigo estelar en cualquier eventual juicio, criticó inflexiblemente el miércoles a Trump por presionarlo para frustrar la voluntad de los votantes al negarse a certificar la victoria electoral de Joe Biden en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.
El 6 de enero de 2021 Trump pronunció un discurso frente a sus simpatizantes congregados cerca de la Casa Blanca, instándolos a “luchar como demonios” contra los resultados de las elecciones presidenciales. Miles de simpatizantes sembraron el caos y atacaron el Capitolio en Washington, templo de la democracia estadounidense. Este asalto fue “alimentado por mentiras” de Trump, aseguró el fiscal.
“Cualquiera que le pida a otra persona que se ponga por encima de la Constitución nunca debería volver a ser presidente de Estados Unidos”, dijo Pence. “No tenía derecho a anular la elección y… lo que el presidente sostuvo ese día y, francamente, ha dicho una y otra vez durante los últimos dos años y medio, es completamente falso”.
Favorito para la nominación republicana de cara a las presidenciales de 2024, Trump también acusó a Biden en su plataforma social de ordenar al departamento de Justicia que lo acuse de “tantos delitos como se puedan inventar”. Quieren, dice, obligarle “a gastar grandes cantidades de tiempo y dinero en defenderse”.
Trump ya gastó millones de dólares en abogados, agotando casi los fondos de su campaña, para la que recaudó por ahora más de 54 millones en seis meses, bastante más que sus rivales republicanos. “Los demócratas no quieren competir contra mí, de lo contrario no recurrirían a esta instrumentalización sin precedentes de la ‘Justicia’. Pero pronto, en 2024, será nuestro turno”, dijo. “¡Necesito una inculpación más para garantizar mi elección!” en las presidenciales de 2024, añadió.
El expresidente está recolectando, en todo caso, mucho dinero: su comité de recaudación (PAC) ingresó más de 54 millones de dólares en el primer semestre del año, más que el resto de sus rivales en las primarias. Pero, según algunos críticos, documentos recientes relativos a la financiación de la campaña muestran hasta qué punto sus problemas legales han hecho mella en sus arcas. Los gastos legales no se destinaron a publicidad televisiva, mítines o viajes de campaña.
Trump lanzó “Save America” -que recauda la mayoría de sus fondos a través de pequeñas donaciones- tras perder los comicios frente a Joe Biden y recaudó en dos meses unos 250 millones de dólares de simpatizantes a los que pidió que contribuyeran a un “fondo de defensa electoral” para impugnar el resultado. Pero ni un solo centavo se destinó al recuento de votos o a la presentación de recursos legales, mientras la mayoría de los fondos se repartió entre el Partido Republicano y las cuentas del magnate.
“Save America” declaró a la Comisión Federal Electoral (FEC) haber pagado este año 21,6 millones de dólares a los bufetes de abogados que defienden a Trump y sus aliados, cinco millones más que en 2021 y 2022 en conjunto. El comité de recaudación de fondos reveló esta semana que solo le quedaban 4 millones de dólares a finales de junio, una suma irrisoria para una campaña presidencial estadounidense. “Save America” ya gastó más de 20 millones de dólares en costes judiciales para el exmandatario.
“Si le das dinero a Trump, irá casi exclusivamente a sus gastos legales personales”, afirmó el abogado y columnista conservador A.G. Hamilton. “Esto significa que no les quedará prácticamente nada para gastar en animar a la gente a votar e ir de tú a tú con los demócratas en estados clave”, estimó.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, principal rival de Trump por la nominación republicana, lo señaló directamente: “Trump se gastó más de 60 millones de dólares en dos cosas: atacar falsamente a DeSantis y pagar sus propios honorarios legales; no se ha gastado ni un centavo en derrotar a Biden”, comentó el portavoz de campaña del gobernador, Andrew Romeo.
El equipo de campaña de Trump había explicado que el dinero utilizado para los gastos legales se destinó a ayudar a “proteger a estas personas inocentes de la ruina”, en referencia a los familiares del expresidente enredados en sus asuntos jurídicos. Además, agregaron, para “evitar que sus vidas queden completamente destruidas”.
Las otras investigaciones que enfrenta Trump
No es la primera vez que los problemas judiciales de Trump estremecen a Estados Unidos, pero esta vez los últimos cargos del fiscal especial Jack Smith son especialmente graves. Las dos inculpaciones anteriores se centraron en pagos secretos a una actriz porno y en negligencia en el manejo de documentos gubernamentales confidenciales, pero ahora se le acusa de complot contra el Estado, junto con seis conspiradores.
► ARCHIVOS DE LA CASA BLANCA
Al salir de la Casa Blanca, Trump se llevó cajas llenas de documentos, pese a que una ley de 1978 obliga a todos los presidentes estadounidenses a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales. En enero de 2022 Trump devolvió 15 cajas. Pero la policía federal estimó que el exmandatario probablemente tenía más en su residencia de Mar-a-Lago.
Posteriormente, agentes del FBI llevaron a cabo un registro, previo mandato judicial, por “retención de documentos clasificados” y “obstrucción de una investigación federal”, y confiscaron una treintena de cajas más. Entonces se abrió una intensa batalla legal para determinar la naturaleza de los documentos incautados (¿clasificados? ¿personales? ¿desclasificados?) lo que ralentizó el procedimiento.
Acusado de poner en peligro la seguridad de Estados Unidos, Donald Trump fue imputado a nivel federal a principios de junio, algo inédito para un expresidente estadounidense. Compareció ante un tribunal federal de Miami, donde se declaró no culpable de los 37 cargos que se le imputan.
A finales de julio se le acusó de más cargos. Él los niega todos.
El caso lo investiga el fiscal especial Jack Smith, el mismo que lo inculpó en la investigación sobre el asalto al Capitolio.
► EL CASO STORMY DANIELS
Trump fue inculpado por haber “orquestado” pagos para silenciar a tres personas cuyas revelaciones podrían haberle perjudicado en el periodo previo a las elecciones presidenciales de 2016, que finalmente ganó.
Concretamente se le acusa del pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels para que guardara silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial que se remonta a 2006.
Estos pagos no son ilegales pero el problema es que Trump los anotó como “honorarios jurídicos” en las cuentas de su empresa, la Trump Organization. Como consecuencia se enfrenta a 34 cargos por “falsificación de documentos contables”.
El expresidente, que compareció ante el tribunal de Nueva York el pasado 4 de abril, se declaró no culpable. El juicio está pendiente.
► ELECCIONES EN GEORGIA
Una fiscal de Georgia investiga desde 2021 los “intentos de influir en las operaciones electorales” de este estado sureño, que ganó Biden por una estrecha mayoría en 2020. En una llamada telefónica, cuya grabación se hizo pública, Trump pidió a un funcionario local, Brad Raffensperger, que “encontrara” casi 12.000 votos en favor de él.
Fani Willis, fiscal del condado de Fulton, que incluye a Atlanta, nombró un gran jurado (un panel de ciudadanos dotados de poderes de investigación) para determinar si había pruebas suficientes para acusar al magnate. Consiguió testimonios de allegados a Trump, como su exabogado personal Rudy Giuliani.
Este gran jurado recomendó inculpar a varias personas, sin revelar si el expresidente figura entre ellas. Antes de septiembre la fiscal debe anunciar los resultados de la investigación y las posibles inculpaciones.
► CONDENAS EN NUEVA YORK
En enero, la Trump Organization fue condenada en Nueva York al pago de una multa de hasta 1,6 millones de dólares por fraude fiscal y financiero. Es un caso por lo penal pero le espera otro por lo civil dentro de unos meses. La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, una demócrata, presentó una demanda contra Trump, sus hijos y la Trump Organization.
Les acusa de haber manipulado “deliberadamente” el valor de los activos del grupo -que incluye clubes de golf, hoteles de lujo y otras propiedades- para obtener préstamos más ventajosos de los bancos o reducir impuestos.
Reclama 250 millones de dólares en daños y perjuicios en nombre del estado, así como que se prohíba al expresidente y sus familiares administrar empresas.
Donald Trump también fue condenado en mayo por un tribunal civil de Nueva York a pagar 5 millones de dólares en daños y perjuicios a la experiodista E. Jean Carroll, al ser declarado culpable de agresión sexual en 1996.
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