En la mañana de este martes el Dr. Alfredo Cuello, Juez de Garantías Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, formuló cargos provisorios contra una mujer por el delito de usurpación, en los términos del Art. 181 del Código Penal Argentino.
El Dr. José Olguín, Fiscal de Instrucción Nº 3 explicó que el hecho investigado ocurrió en un inmueble sito en la localidad de Fortuna, propiedad de una empresa que alquila campos para actividades rurales. Detalló que existía entre el denunciante y el padre de la imputada una relación contractual para utilizar un campo para pastoreo. Explicó que dicho contrato fue incumplido – por falta de pago – y que, luego de la muerte del padre de la imputada, la empresa intimó a la mujer y a los herederos mediante cartas documentos a fin de solicitar la restitución del campo.
El Dr. Olguín estuvo acompañado por los fiscales adjuntos, Dra. Andrea Court y Dr. Marcelo Palacio.
En representación del particular damnificado intervino la Dra. Ana Gabriela Rubbiani y como representante de la imputada, el Dr. José Alberto Baudino.
Por su parte, el Dr. José Alberto Baudino dijo que entienden que no existe delito de usurpación y aseguró que su representada poseyó el inmueble en forma pública, pacífica e ininterrumpida. Se opuso a la formulación de cargos e hizo reserva de plantear excepciones y nulidades.
El Dr. Olguín explicó que, en tanto la mujer investigada ha estado a disposición del proceso judicial, no pediría medidas cautelares, pero, con adhesión de la Dra. Rubbiani solicitó al juez que ordenare el lanzamiento del inmueble, para posibilitar la restitución del inmueble a su propietario. Explicó que está acreditada la propiedad de la empresa y que, al no poder hacer uso de la propiedad, la misma sufre perjuicios económicos. Asimismo, indicó que los animales que actualmente se encuentran en la propiedad podrían ser trasladados a otro inmueble, de propiedad de la imputada.
Luego de escuchar a las partes, el Dr. Cuello formuló cargos provisorios por el delito de usurpación y respecto a la medida de lanzamiento solicitada por el Ministerio Público Fiscal y por la representante del particular damnificado difirió su tratamiento a una nueva audiencia, la cual se celebrará en un plazo no mayor a 30 días.
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