21 febrero, 2024

CASO AMANCAY: APELAN EL FALLO QUE RECHAZÓ LA EXCARCELACIÓN DEL IMPUTADO

El Tribunal de Impugnaciones de la ciudad de San Luis recepcionó este miércoles a la mañana las fundamentaciones de cada una las partes respecto a una apelación presentada por Marcos Juárez, abogado defensor de Jonathan Sandoval, el conductor de la camioneta acusado de atropellar y causar la muerte de Rocío Amancay Pedernera. Luego de finalizadas cada una de las exposiciones y atento a la complejidad de lo tratado, el tribunal pasó la causa a resolver. De acuerdo al artículo 286 del Código Procesal Penal, los jueces tienen hasta 10 días como plazo máximo para emitir su resolución.

El recurso interpuesto por Juárez fue contra la resolución del Juzgado de Garantías Nº 2, que en fecha 9 de noviembre de 2023 rechazó el pedido de cese de la prisión preventiva presentado por la defensa. En la audiencia de hoy, el abogado reiteró la solicitud de excarcelación a favor de Sandoval y ofreció, como medida sustitutiva a la prisión preventiva, una caución real de 300 mil dólares.

“Esta caución es sobre una propiedad y por eso hemos presentamos informe de dominio, tasación, escritura y el consentimiento de caución real sobre este inmueble legalizado por escribano. Este monto de dinero es más que suficiente para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso”, explicó el abogado.

Juárez también hizo mención, como medida de coerción morigerada, a la posibilidad del dictado de una prisión domiciliaria. “No es que Sandoval va a salir a pasear libremente por la plaza o ir al bar a tomar un café. Continuará cumpliendo prisión solo que lo hará en su domicilio. La aplicación de esta figura podría de ser de mucha utilidad ya que mi defendido mantiene su trabajo y lo podría continuar de forma remota”, dijo el letrado.

Tanto la prestación de una caución económica adecuada como la detención domiciliaria son medidas de coerción contenidas en los incisos E y F del artículo 201 del Código Procesal Penal de San Luis.

El ingeniero agrimensor de 38 años es el único imputado en la causa bajo la acusación de homicidio simple con dolo eventual. El hecho ocurrió el sábado 29 de julio entre las 4:15 y 4:30 de la madrugada. Rocío Amancay Pedernera, de 20 años, volvía de su trabajo en su motocicleta azul marca Keller cuando fue embestida por la camioneta en la Avenida Santos Ortiz, a la altura del Barrio Tibilleti. Ambos rodados transitaban en la misma dirección, de oeste a este.

“Con toda la prueba recabada ya no se puede sostener esta calificación. En la investigación primigenia se dijo que Sandoval iba alcoholizado y a alta velocidad. Han depuesto testigos que compartieron esa noche con mi defendido y todo coincidieron que se reunieron en un domicilio, comieron pizzas y que Sandoval no estaba ebrio y hasta pidió tomar gaseosa porque estaba cansado. Luego fueron a la Comuna y no bebió alcohol”, narró Juárez.

El abogado también mencionó que, al momento del hecho, San Luis no estaba adherida a la Ley Alcohol Cero. A su vez, dijo que una pericia midió la distancia entre las cámaras y se estableció que Sandoval circulaba a una velocidad en promedio de 94 kilómetros por hora. “Ese tramo es ruta nacional cuyo límite de velocidad es de 110 kilómetros por hora y como se trata de una autovía, el límite asciende a 120”, dijo el abogado.

Juárez planteó además que el conductor de la camioneta puso a disposición de la Justicia su celular para su análisis y surgió que entre las 3:20 y 9:30 no se comunicó con nadie por ninguna vía. “Debemos ver los principios que rigen la excarcelación. Aquí no hay peligro de fuga ni obstaculización. Sandoval vive en San Luis, convive con su pareja, tiene un hijo de un año y medio, mantiene su trabajo en San Luis”.

POSICIÓN DE LA FISCALÍA

El fiscal de Instrucción Nº 3 Esteban Roche solicitó al Tribunal de Impugnaciones que se rechace el planteo iniciado por la defensa y se sostenga la prisión preventiva del imputado Sandoval. “Es necesario mantener la prisión preventiva porque cualquier medida cautelar no alcanza para salvaguardar el proceso”, expresó Roche.

El fiscal dijo, además, que en la audiencia ante el juez de Garantías no se trató ni el ofrecimiento de una caución ni el dictado de una prisión domiciliaria por lo que no podría darse tratamiento en el marco de una audiencia ante el Tribunal de Impugnaciones. “Es decir, no hay un juez de primera instancia que haya evaluado si corresponde o no una prisión domiciliaria, que haya evaluado si corresponde o no una caución. Entendemos que, en todo caso, si se planteara esto de modo formal ante un juez de primera instancia podríamos llegar a pensarlo, pero entiendo que de plano debe rechazarse”, sostuvo Roche.

En la audiencia de formulación de cargos celebrada el 12 de agosto, el entonces juez de Garantías, Ariel Parillis, dictaminó que Sandoval cumpla 120 días de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial. Este plazo vence el próximo 10 de diciembre. No obstante, la Fiscalía tiene la potestad de solicitar incluso hasta dos prórrogas más por el término de cuatro meses cada una.

“Entendemos que se dan los requisitos en el marco de la presente causa que dan cuenta de un claro peligro de fuga. Primero, en relación a lo que son las condiciones personales del imputado, ustedes mismos lo han escuchado en esta audiencia que si bien desde ya, solicitamos que no se tenga en cuenta, la misma defensa ofrece una caución de 300.000 dólares. Entiendo que dicha caución no la puede ofrecer hoy por hoy cualquier persona, sino una que atraviesa una condición socioeconómica que a las claras le permite, en su caso, tener una mayor facilidad para detener el accionar de la justicia”, dijo Roche.

El representante del Ministerio Público Fiscal recordó que luego de atropellar a la motociclista, Sandoval se dio a la fuga y frustró muchas medidas de prueba que se podrían haber realizado al momento del hecho.

“Lo más importante para sostener el peligro de fuga es la conducta que tuvo el imputado. Sandoval se hace presente en su casa doce horas después de lo que ocurre el hecho, y no le entrega las llaves a la policía como está marcando la defensa. Cuando la policía llega por segunda vez, el día lunes, él no estaba. En ningún momento dijo a dónde se había ido, en ningún momento se comunicó con algunas de las autoridades. ¿Saben por qué no tenemos en la presente causa una prueba científica que determine que el imputado tenía alcohol en sangre? Porque se fue y apareció 12 horas después”, expresó el fiscal.

Roche reiteró que también existe peligro de entorpecimiento de la investigación. “Restan evidencias y testigos que esta Fiscalía y la querella debe investigar, entre los que se encuentran los empleados de Seguridad y Mantenimiento donde vive el imputado y es imposible que no pueda influir de forma negativa a los imputados. También estamos interesados en entrevistar en quien es la pareja del imputado, como también a los vecinos colindantes de Sandoval. Todas estas personas son conocidas por el imputado y si recupera su libertad es claro que va influir de forma negativa sobre el procedimiento”.

Por parte de la querella estuvieron presentes los abogados Augusto Aguilera, que representa a la mamá de Rocío, y Guillermo Sánchez Pagano, representante del papá de la víctima. Ambos profesionales adhirieron a lo expresado por la Fiscalía.

Aguilera dijo que Sandoval tiene dos domicilios: en el barrio privado La Pancha y en el barrio Procrear. “No queda claro donde vive. Considero que ante la perspectiva de una condena de homicidio simple el imputado no va a respetar el arraigo en base a sus actitudes precedentes por el hecho de haber huido de la escena”, sostuvo. A su lado se encontraba la mamá de Rocío.

Sánchez Pagano, por su parte, dijo la defensa de Sandoval habló “falacias” y que hay que analizar las conductas anteriores y posteriores al hecho. “Ni bien salió del local bailable, Sandoval cruzó un semáforo en rojo. Aquí no hubo un accidente sino un incidente doloso. Luego se dio a la fuga y buscó tapar el hecho. Si le dan la libertad nunca lo vamos a poner frente a un tribunal”, cerró el abogado.

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