El Gobierno aplicará un plan económico inmediato que incluirá un recorte de subsidios desde febrero para luz y gas, la eliminación rápida del sistema SIRA de autorización de importaciones, y una suba generalizada de retenciones, que pasarán a tener una alícuota de 15% para todos los productos salvo la soja que pagará 30 por ciento. El Poder Ejecutivo reconoce que el impacto de las medidas será fuertemente contractivo para la actividad económica y que habrá dos o tres meses de índices inflacionarios mucho más altos que el actual.
Uno de las medidas que le dará ingresos fundamentales al fisco será la suba generalizada de derechos de exportación, que quedará simplificado en dos alícuotas: 30% para la soja y 15% para el resto. Es decir, aquellas economías regionales que no pagaban retenciones pasarán a hacerlo en esa magnitud. Es una contrapartida, dicen en Economía, de la fuerte devaluación del tipo de cambio que, esperan, acelerará exportaciones y liquidación de divisas hasta fin de año. Creen que podría haber unos USD 5.000 millones, que están en conversaciones con las cerealeras.
En el campo, claro, no lo ven con buenos ojos. “Con el 50-50 que había hasta una semanas (liquidaciones 50% al MULC y 50% al contado con liqui) ofrecían unos $240.000 por toneladas. Eso mismo mañana va a valar unos 256.000 pesos. Con la suba que habrá en los fletes e insumos más inflación vamos a salir hechos o empezaremos a perder plata”, calculó un hombre de campo luego de los anuncios.
El comercio exterior pasará a tener tipos de cambio diferenciados. Las exportaciones, por ejemplo, pasarán a ser liquidadas, en todos los casos, con un esquema de 80-20: la mayor parte a valor del dólar oficial ($800) y el 20% restante, a contado con liquidación. Daría así un dólar a $860. Al contar las retenciones, se iría a $760.
Las compras al exterior, por su parte, pagarán en la mayor parte un 17,5% de alícuota de impuesto PAIS, ya sea para importaciones de bienes como de servicios. Tendrán un tipo de cambio de $940, confirmaron fuentes oficiales.
El plan que empezará a aplicar el ministro de Economía Luis Caputo incluirá medidas más allá de las 10 que anunció este martes por la tarde. El objetivo de fondo será llegar a un equilibrio fiscal en el primer año de Gobierno mediante medidas de shock, con una devaluación que lleve el tipo de cambio oficial a 800 pesos con dos “anclas”: la fuerte poda de gastos y un precio del dólar que se moverá muy lentamente tras ese salto, a ritmo de 2% mensual. El equipo económico prevé una aceleración de los precios inicial para que desde el tercer o cuarto mes del programa, la carrera nominal empiece a frenar.
Para ese programa fiscal agresivo el Gobierno piensa un esquema de tenaza compuesto por una baja drástica de algunos gastos y la suba de ingresos fiscales. Hay una distinción entre las dos patas de ese programa: la parte de la poda no requiere autorización del Congreso y podrá ser operada directamente por el Ministerio de Economía, mientras que las medidas para reforzar la recaudación necesitarán, en su mayoría, el visto bueno del parlamento.
EL PLAN “TENAZA” PARA BORRAR EL DÉFICIT
El ajuste del primer año del Gobierno de Javier Milei se estima en 5,2% del PBI, de manera tal de llegar prácticamente a equilibrio financiero en 2024. De ese total a ajustar hay 2,9 puntos del PBI que están explicados en recorte de gastos. Subsidios y obra pública son las columnas principales de esa poda (0,7% del PBI en cada caso).
Sobre subsidios, el plan de Caputo es activar un recorte a las subvenciones desde febrero -a más tardar en abril-, con aumentos que todavía no fueron estipulados. En términos generales, buscarán mantener una segmentación en la que los sectores de mayores ingresos dejen de tener asistencia del Estado, un sector medio con un tope estricto de consumo y una parte más protegida con tarifa social. Fuentes oficiales aseguraron que sostendrán las audiencias públicas, un requerimiento por ley.
La obra pública sufrirá un corte abrupto para el financiamiento con fondos públicos de proyectos que estén aprobados pero no estén iniciados. Esos quedarán completamente descartados. Entre los que ya estén iniciados, Economía “bajará” cuál es el presupuesto a disposición del Ministerio de Infraestructura y Guillermo Ferraro deberá elegir qué obras se terminan y cuáles quedarán truncas. Y por último, aquellos proyectos con financiamiento externo, continuarán funcionando con ese fondeo.
Otros dos elementos centrales de ese ajuste serán los 0,5% del PBI que darán la disminución “al mínimo” de las transferencias discrecionales a provincias y un 0,5% adicional de “gastos de funcionamiento” del Estado, que típicamente representa las erogaciones en salarios del sector público. En el equipo económico distinguen el gasto social “con intermediarios” con los que no lo tienen. Para ese caso, que podría incluir por ejemplo Potenciar Trabajo, habría un ahorro de 0,4%, mientras que el rubro Jubilaciones y pensiones también tendrá un recorte de 0,4 por ciento.
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