ANTE EL AJUSTE, ALERTAN POR UNA “PARÁLISIS DEL SISTEMA UNIVERSITARIO” QUE IMPEDIRÍA EL COMIENZO DE CLASES

Los rectores entraron en alerta porque Milei porrogó el presupuesto 2023 y exigen un aumento del 300% en gastos para funcionar.

La decisión de Javier Milei de prorrogar el presupuesto 2023 encendió las alertas en las universidades nacionales, que advierten que peligra el inicio de clases si no se actualizan los sueldos.

En un contexto de disparada inflacionaria y aumentos de tarifas, desde los centros de estudio entienden que el congelamiento de los recursos significará un fuerte ajuste en la educación superior.

Fuentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) entienden que al prorrogarse el presupuesto, las partidas para salarios para enero de 2024 serán las equivalentes a las de diciembre de 2023.

Ese sería el escenario menos comprometido toda vez que los salarios quedarían retrasados por el impacto de la inflación de diciembre y enero.

Sin embargo, tanto en la UBA como en otras universidades nacionales creen que el gobierno podría girar para diciembre la partida de enero de 2023, es decir sin los aumentos que se hicieron durante el año.

Si esto sucede, las universidades no podrán pagar ni los salarios de enero, según admitió a LPO el rector de una de las universidades del interior. Si se paga el sueldo equivalente a diciembre, se podrán pagar los sueldos del primer mes del año pero las universidades corren riesgos serios de no funcionar si se replica el presupuesto para gastos de 2023.

Los rectores exigen que el gobierno acepte la planilla de gastos que se envió al Ejecutivo para la confección del presupuesto trunco de 2024, que no llegó a tratarse en el Congreso. Si esto no sucede, creen que recibirán sólo un tercio de lo que necesitan para funcionar el año que viene, por eso reclaman un aumento del 300% en las partidas para los gastos.

Rectores de distintas universidades del conurbano expresaron preocupación e incertidumbre, luego de que el titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Juan Greco, acompañado por otros tres integrantes de ese cuerpo, se reuniera días atrás con las autoridades recién designadas por el poder ejecutivo para el área.

Participaron, por el gobierno nacional, el secretario de Educación, Carlos Torrendell y quien, aunque aún no fue nombrado, se perfila como secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez (hijo). Álvarez, docente de historia en la UNLaM, es hijo de un histórico del peronismo: nada menos que del “gallego” Álvarez, fundador de la agrupación Guardia de Hierro.

Hasta tener mayores precisiones, la mayor parte de los rectores prefiere el off the record  o directamente, un prudente y expectante silencio. El diagnóstico compartido es, a la vez, la inexperiencia.

“La situación actual es de incertidumbre y desconocimiento. El CIN tiene una fórmula polinómica con la que calcula sus ajustes presupuestarios, pero no tuvimos respuesta de ese planteo. Supuestamente, el presupuesto será el mismo de 2023, a todas luces insuficiente, pero tampoco sabemos si será el de diciembre de este año o el de enero”, sostiene uno de los rectores.

Ocurre que el presupuesto planteado en enero rondaba los 800 mil millones de pesos, pero a partr de correcciones y partidas adicionales, finalmente se terminó devengando y ejecutando uno de 2,5 millones. La diferencia entre uno y otro monto, y sus consecuencias, es sustantiva.

Aún en el último caso, más favorable, la reedición del mismo monto nominal, con una inflación estimada en 180 puntos anuales, implica un ajuste de esa misma proporción que, calculan, dejaría a las casas de alto estudios sin recursos en el mes de abril. “No hay mucho para negociar, no es que se podría recortar un poco de acá y otro poco de allá. Lo que dicen, lo que plantean, es virtualmente la parálisis del sistema universitario, porque estaríamos lejos de cubrir los gastos corrientes”.

“A la vez, todo indica que con el nuevo esquema, el manejo será más lento y burocrático: el secretario habla con nosotros y luego con la ministra, que a su vez tiene que hablar con Caputo, que es el que maneja los recursos”, agrega la misma fuente.

Para el titular de la Universidad Nacional de Avellaneda, Jorge Calzoni, “la preocupación no es sólo por los recursos para pagar salarios, sino que hay muchos otros puntos importantes como becas y ayudas a los estudiantes”. Por ejemplo, la continuidad del boleto estudiantil.

Calzoni recuerda que “con cada gobierno de signo neoliberal se dan fluctuaciones similares en la matrícula”. Primero cae, porque los estudiantes salen a buscar trabajo, para tratar de complementar los ingresos familiares, que de golpe se vuelven insuficientes. “Pero, al tiempo, dejan de buscar porque no consiguen y vuelven a estudiar”, advierte.

También compara la situación con 2016 y afirma que “hay una diferencia que puede ser sustancial porque aquella vez, muchos rectores de origen radical, al menos inicialmente, evitaban o ponían ciertos reparos a la hora de confrontar con el gobierno nacional de Mauricio Macri”. “Esta vez eso no ocurre, no hay rectores oficialistas”, señala.

La de Avellaneda es, junto con la Universidad Nacional Arturo Jauretche, con sede en Florencio Varela, una de las que tiene mayor porcentaje de estudiantes de primera generación de universitarios: más del 80 por ciento no registran antecedentes universitarios en sus familias.

Además de las líneas de becas nacionales como Progresar, algunas universidades tienen las propias, que ahora peligran. La Universidad Nacional de Lanus tiene un sistema, que se financia con la recaudación del estacionamiento, parte las tasas por trámites y el 2 por ciento de aporte voluntario de los salarios docentes. Ese beneficio, hoy amenazado, alcanza a dos mil estudiantes.

Para los consultados, la comparación con el menemismo, al menos en materia universitaria, es prematura y demasiado generosa con el nuevo gobierno. Afirman que el menemismo, con los años, dejó cosas rescatables, como la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria y la creación de una tanda de universidades en el conurbano, como la de Tres de Febrero, la de La Matanza, la de Quilmes y la de Lanús.

Para imaginar o prever la respuesta de la comunidad educativa, es oportuno recordar lo que ocurrió en 2018. En esa oportunidad, toda la comunidad de Florencio Varela acompañó y defendió a la universidad con un abrazo simbólico contra el ajuste. Bajo la consigna “Salvemos a la UNAJ” marcharon funcionarios, concejales, vecinos, sociedades de fomento, sindicatos y organizaciones de todo tipo.

Las universidades del conurbano tienen en común una gran inserción en sus respectivas comunidades. A modo de ejemplo, la UNLa, que recientemente realizó un recambio de autoridades, organiza cada verano una colonia de vacaciones gratuita para los niños de los barrios circundantes, que sirve también como primera aproximación al universo universitario. Esa clase de actividades es la que se resiente cuando se recortan los recursos.

A su rector, Daniel Bozzani, le preocupa también el parate de la obra pública. “Nuestra matrícula crece mucho. Teníamos proyectadas obras de aulas nuevas con financiamiento del BID y la CAF. Si eso no se concreta, vamos a tener una situación de hacinamiento”.

 

 

 

 

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