La presidenta, Cintia Ramírez, era a su vez secretaria de Deportes en la gestión anterior y realizó millonarias transferencias de fondos públicos al club que ella misma dirigía, lo que motivó una denuncia penal en su contra. Este viernes, la dirección de Personas Jurídicas tomó el control y reveló que por el momento no pudieron encontrar documentación ni bienes. Los interventores, por 180 días, serán Natalia Sarmiento, Gerardo Quiroga y Pablo Kowaliszyn.
El Ejecutivo provincial continúa descubriendo y desarticulando nichos de corrupción de la gestión anterior. Este viernes, la Dirección de Personas Jurídicas intervino San Luis Fútbol Club, una institución deportiva que fue fundada por la exsecretaria de Deportes, Cintia Ramírez, durante los últimos años su gestión y a la cual benefició con transferencias millonarias entre 2022 y 2023.
En horas del mediodía, la directora de Personas Jurídicas, Lorena Domínguez, se dirigió a la Universidad de La Punta (ULP), ya que el domicilio de la casa de estudios figuraba como la sede social del club. Al no encontrar a nadie en representación de San Luis FC, el secretario Legal y Técnico de la ULP, Marcelo Neme, fue quien recibió la notificación en presencia también del escribano de Gobierno, Juan José Laborda Ibarra.
Entre las irregularidades, que ya habían originado una denuncia penal en contra de Ramírez, hallaron “coincidencias en fondos girados desde la secretaría de Deportes a favor del club que ella misma presidía”, contó Domínguez. Esto configura “incompatibilidades y un conflicto de intereses”, agregó.
En referencia a las actuaciones realizadas en la ULP, Domínguez señaló que “luego de inspeccionar durante varios días, no encontramos nada, ni documentación, ni bienes, lo cual es muy preocupante porque no sabemos dónde están y si existen”. Por eso, manifestó que “el fin de la intervención es resguardar a la entidad, porque de las causas penales contra la presidenta se ocupará la Justicia”.
Los interventores fueron notificados y serán Natalia Sarmiento, Gerardo Quiroga y Pablo Kowaliszyn. Ellos estarán a cargo de normalizar la institución en sus diversas áreas y luego podrán llamar a elecciones. La intervención durará 180 días.
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