Una fuente de la justicia federal local indicó que la pareja de profesionales acusados citó el derecho contemplado en el art. 296 del Código Penal y se abstuvo de declarar.
El profesional del Derecho, Juan Cruz Albarracín, y su esposa escribana, Andrea del Valle Escudero Hernández, se presentaron este jueves en el Juzgado Federal de Villa Mercedes, donde estaban citados a prestar declaración por los delitos de “estafa procesal en grado de tentativa, falsificación de documento privado, falsedad ideológica y tráfico de influencias agravado -en el caso del letrado-“, quien habría intentado sobornar a un juez, según acusa el fiscal. Se sospecha también la probable existencia de lavado de activos.
La investigación se inició el 8 de julio de 2020, cuando regían las restricciones a la circulación dispuestas por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatoria (ASPO) decretado por la pandemia del virus Covid-19. En dicha ocasión, el jefe de la Unidad Regional 4 de la Comisaría N°19 de la localidad puntana de Buena Esperanza circulaba por la autopista 55 cuando advirtió tres camionetas en las que viajaban distintos integrantes de una familia.
Al ser consultados, las personas indicaron que venían del límite con la provincia de Córdoba, donde habían concurrido a comprar un campo, pero como no pudieron, regresaban con el dinero. Así, cuando se revisaron los vehículos, se incautaron 18.670.000 pesos, armas de fuego y municiones.
DETALLE
Los integrantes de la familia con domicilio en Villa Mercedes se movilizaban en tres camionetas por la autopista provincial 55, a unos 35 kilómetros de Buena Esperanza, y en el procedimiento se verificó la fuerte suma de dinero, que fue incautada por el personal policial, siguiendo directivas de la Justicia puntana.
Los vehículos se desplazaban de sur a norte, entre Buena Esperanza y Villa Mercedes, se informó.
En primer término se requisó una Chevrolet S10 en la que viajaban dos hermanos de 45 y 47 años, con un hijo del segundo. En una caja de cartón, la Policía secuestró 4 millones de pesos discriminados en billetes de distinta denominación, y un revólver calibre 22 con municiones.
En una Ford Ranger lo hacían otros dos hermanos de 24 y 28 años de edad y una mujer de 63 años, madre de los mismos.
De la Ranger, el personal policial de la Unidad Regional IV incautó 5.200.000 pesos y un arma de fuego calibre 22 sin culata.
En la tercera camioneta, una Ford Ranger, iban dos hermanos de 29 y 24 años, a quienes se les incautó un bolso negro con 9.470.000 pesos.
La familia fue trasladada a la comisaría donde, alrededor de las 22, apareció el abogado imputado, quien intercedió para su liberación. En ese contexto, se inició una causa penal ante la Justicia local, que luego declinó su competencia en la Justicia Federal, por considerar que la familia había incurrido en el delito de lavado de activos.
INTERVENCIÓN DEL ABOGADO
Oportunamente, se tomó tomó conocimiento de que el abogado le habría solicitado dinero a la familia investigada a fin de obtener la restitución de la suma que les fue incautada en el procedimiento. Así, el 4 de noviembre de 2020, tres de los integrantes de la familia denunciaron al abogado por tráfico de influencias.
La investigación desarrollada por la Fiscalía Federal de Villa Mercedes determinó que la escribana insertó una declaración falsa en la escritura de la venta del campo ubicado en La Candelaria, provincia de San Luis. La mujer habría consignado que la operación se hizo por 4 millones de pesos cuando, en realidad, lo fue por un monto cercano a los 20 millones. También la escribana indicó que la parte vendedora recibió el dinero antes del acto notarial cuando en realidad la cancelación de la compraventa se realizó con dinero en efectivo y en presencia de la acusada.
Por su parte, se le imputó al abogado el haberle solicitado dinero a la familia investigada “con el objeto de hacer valer indebidamente influencia” ante el juez que intervenía en la investigación por posible lavado de activos y evasión tributaria. De hecho, cuando la familia fue apresada el 8 de julio de 2020, el abogado se presentó en la comisaría porque era esposo de la escribana que intervino en la operación de compraventa del campo y se ofreció a asesorarlos “para evitar que su esposa tuviera inconvenientes por su participación como escribana”.
A poco tiempo de la detención, el abogado se reunió con algunos integrantes de la familia y les solicitó una suma de dinero “a fin de abonar la intervención de dos personas -presuntamente oriundas de la ciudad de San Luis- para ejercer indebidamente influencia sobre el juez a cargo de la causa y obtener la devolución del dinero incautado”.
El fiscal también le imputó al abogado el haber orquestado la confección de un escrito judicial para obtener la restitución del dinero incautado, el cual estaba fundado en premisas falsas y avalado por prueba espurias, tales como el contrato de compraventa de un equipo de riego falso -por inexistencia de la operación- con su correspondiente constancia de recibo de dinero en actuación notarial, también falsa. Acompañó además contratos privados provenientes de la venta de otros lotes de la familia investigada.
INDAGATORIA
Así, en virtud de las pruebas recolectadas, el fiscal Baquioni Zingaretti le solicitó al juez Nacul, y éste concedió, que cite a prestar declaración indagatoria al abogado como autor de los delitos de “tráfico de influencia agravado”, “estafa procesal en grado de tentativa” -por orquestar la confección del escrito judicial para la restitución el dinero, fundado en premisas y prueba falsas- “falsificación de documento privado” -por el contrato falso por la adquisición de un sistema de riego- y “falsedad ideológica” -por haber hecho insertar una declaración falsa en una actuación notarial en la que su esposa escribana dio cuenta de que la vendedora del campo extendió un recibo por la venta de la máquina de riego-.
También pidió la indagatoria de la escribana como autora de los delitos de “falsedad ideológica” -por consignar un monto inferior en la escritura de venta del campo-, “estafa procesal en grado de tentativa” -por el mismo hecho imputado a su marido-, “falsificación de documento privado” –por el contrato de compraventa del sistema de riego- y “falsedad ideológica” -por la actuación notarial en la que consignó que la vendedora del campo otorgó un recibo por el sistema de riego-.
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