Los mismos no cumplían con los requisitos, habían fallecido o no se presentaron al censo. Tras el relevamiento, ascienden a 35.525 los sanluiseños que seguirán percibiendo sus beneficios sociales, se informó oficialmente.
El censo realizado el pasado 28 y 29 de diciembre y durante sus posteriores fechas de prórrogas, arrojó que de un total de 43.570 beneficiarios que venían cobrando alguno de los diferentes planes sociales provinciales, 8.055 personas no cumplían con los requisitos para su percepción. Esto representa que un 18,5% de los pagos se venían realizando irregularmente.
En la información relevada, se detectó que había 12 personas fallecidas, 252 que no residían en la provincia, 110 menores de edad y 2.619 ciudadanos que excedían el límite etario requerido por la legislación para acceder a los diferentes planes destinados a los jóvenes.
A estos 2.993 casos que venían cobrando sin cumplir con los requisitos legales para la percepción de los mismos, se suman 5.062 personas que no se presentaron de manera personal durante los días previstos para el censo, ni durante los días de prórroga que se otorgaron para tal fin. Ese número no contempla a quienes justificaron su inasistencia con certificado médico.
A partir de la información recabada por el censo, desde el mes de enero, no se liquidarán 8.055 beneficios que no cumplieron con los requisitos para percibirlo.
El “ahorro” que puede efectuar la provincia con este recorte es por demás significativo. Calculando una cifra redonda de 8.000 personas y multiplicando ese número por lo que percibe un trabajador de Inclusión ($150.000), el monto de ahorro asciende a $1.200 millones mensuales y $28.800 millones anuales. Es decir, un poco más que lo que representa una nómina salarial mensual para toda la administración.
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