Hace menos de cuatro años el entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá promulgaba con bombos y platillos la Ley de Desarrollo de emprendimientos económicos de personas condenadas en parajes de la provincia de San Luis, que había sancionado la Legislatura. Periodísticamente se la conoció como ley de parajes y el gobierno pretendía convertirla poco menos que en una norma que revolucionara el derecho, el sentido de la sanción punitiva y la panacea de la reinserción de las personas condenadas por la ley.
En la Cámara de Diputados, el 25 de noviembre de 2020, la aprobación se había conseguido solo con los votos del PJ. Buena parte de la oposición (13, entre ellas Avanzar) se había abstenido y apenas cinco legisladores votaban en contra. La sesión casi no había tenido cobertura de los medios, abocados a saciar la demanda informativa que provocaba la muerte de Diego Armando Maradona, sin desatender la estadística de muertos y enfermos por la pandemia.
“En los parajes de San Luis, los detenidos podrán realizar emprendimientos laborales, culturales y económicos, autogestionando sus ingresos como una manera de concretar el derecho humano al trabajo, bajo el control del Servicio Penitenciario Provincial”, explicaba dos días antes de la Navidad de 2020 el primer mandatario puntano, durante el acto de promulgación realizado en el Salón de la Puntanidad.
La ley establece que no todos los detenidos pueden utilizar esta modalidad y que solo accederán quienes tienen condenas por delitos leves. “Hemos elegido un camino que nos parece novedoso en el mundo del derecho, que es que el condenado pueda cumplir la condena en un lugar en libertad”, aclaró.
Un verdadero delirio por donde se lo mire. En el interior a nadie le hacía gracia la posibilidad de ser “elegidos” para albergar a tan “selectos” habitantes. ¿Por qué nos quieren mandar a nosotros los delincuentes y no se los dejan ellos en la ciudad? ¿Si allá también les pueden enseñar un oficio y reinsertar ellos? Esas preguntas resonaban en los parajes de San Martín, Dupuy, Ayacucho y Belgrano, lugares que ya sonaban para ubicar a los futuros emprendedores. Lugares que Rodríguez Saá definía como “lugares marginales” de las intendencias. Por supuesto, El Durazno nunca se mencionó como opción…
Una perlita más: otro que votó a favor fue el actual senador Bartolo Abdala (entonces diputado alineado con el PJ), que ahora adhiere a La Libertad Avanza, partido que tiene como principal eje de su discurso el combate contra la delincuencia y denuncia “el curro” de los derechos humanos.
Sin embargo, la norma contó con el acompañamiento y apoyo de casi todas las instituciones que representan a los abogados y magistrados en general y el silencio cómplice de una parte del arco político opositor.
En tan magno acontecimiento, aceptaron participar en la presentación Flavia Molina Arlandi, presidenta del Colegio de Abogados de San Luis; Gimena Ramírez Couto, presidenta del Colegio de Abogados de Concarán; Gustavo Otegui, presidente del Colegio de Abogados de Villa Mercedes; Luis Martínez, procurador de la Provincia; Juan Carlos Eduardo, presidente de la Cámara de Diputados; María Angélica Torrontegui, presidente de la Cámara de Senadores; Hugo Saá Petrino, presidente del Colegio de Magistrados de San Luis; Leandro Estrada, presidente del Colegio de Magistrados de Villa Mercedes; comisario General Darío Neira, jefe de la Policía de San Luis, y el inspector General Segundo Jiménez, director del Servicio Penitenciario Provincial.
El utópico objetivo de la ley, explicaba didácticamente Rodríguez Saá, era “superar el sistema carcelario vigente, mediante la opción a los internos, que reúnan determinados requisitos, de crear emprendimientos productivos en alguno de los parajes de la provincia”. En ese sentido, el gobernador también anunciaba que esta opción, si el juez así lo permite, podría ser utilizada por los presos bajo delitos de orden federal. E incluso expresaba su deseo de que el sistema pudiera “ampliarse a todos los condenados”, no sólo por delitos menores. “Tenemos 200 parajes. Podemos ser un ejemplo de los derechos humanos”, se ufanaba el gober,
Ley de Parajes para todos, podría haber sido el slogan.
Tan audaz como novedosa fue esta norma, que resultó im-prac-ti-ca-ble. Nunca se pudo poner en ejecución y tampoco nadie se encargó de exigirlo. No hubo una sola voz que desde el Ejecutivo, el Legislativo o el Poder Judicial lo intentara.
LOS TIEMPOS CAMBIAN
En los fundamentos que esgrime ahora el gobierno para impulsar la derogación indica que “choca de manera flagrante con la normativa nacional y deja desdibujada la figura del juez de ejecución penal”. Agrega que “parece hecha a medida de algún que otro exfuncionario con posibilidades concretas de terminar en la cárcel por hechos de corrupción”.
El Gobierno provincial la considera contraria a la Constitución Nacional. “Establece que personas condenadas puedan desarrollar, en una especie de libertad anticipada, proyectos productivos y/o económicos en parajes de San Luis con la sola autorización del Gobierno provincial, dejando desdibujada la figura del juez de ejecución penal, quien es el responsable y encargado del cumplimiento de la pena impuesta al ciudadano”, dijo el gobernador Claudio Poggi cuando brindó el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del máximo órgano legislativo.
Al aludir a la inconstitucionalidad, apunta a que es una norma que intenta crear una modalidad de cumplimiento de la pena privativa de la libertad no contemplada en la legislación nacional. “La Ley de Parajes, en síntesis, se arroga competencias que son propias del gobierno federal, por tratarse del derecho penal de fondo”.
El oficialismo fundamenta además: “De persistir en su vigencia, los jueces tendrían ´las manos atadas’, ya que es una ley que permite liberar a delincuentes condenados de manera anticipada y sin el debido control judicial. Ante una situación tan flagrante en la que choca la legislación nacional con la provincial, el Gobernador decidió pedir su abolición inmediata en su proyecto de ley”.
Seguramente en la redacción del proyecto de derogación intervino la actual Secretaria Legal y Técnica, Fabiana Zárate, una de las diputadas de Avanzar de aquél entonces que también se abstuvo en la votación.
Algunas preguntas obligadas: ¿Esto nadie lo pensó hace cuatro años?; ¿por qué buena parte de la oposición hoy en el gobierno no la votó en contra?; ¿Por qué ningún colegio de abogados la cuestionó?; ¿Nadie hará un mea culpa?
Quizás lo ocurrido con Alberto Figueroa, uno de los condenados a cadena perpetua por el homicidio de Darío Gramaglia, haya obligado a muchos a reflexionar. El asesino se fugó el 30 de abril del año pasado de la colonia agrícola del Servicio Penitenciario Provincial, ubicada a unos 7 kilómetros del penal, donde las medidas de seguridad son mínimas, debido a que allí se alojan a los presos que cursan condenas avanzadas y con buena conducta. Lo más parecido a lo que propone la ley de parajes …
En fin, los tiempos y los contextos políticos cambian. Pero hay que hacerle honor a la memoria, aunque algunos recuerdos generen vergüenza ajena.
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