PRESENTAN PEDIDO DE INFORMES SOBRE EXPLOTACIÓN MINERA DE RÍO GRANDE

Recientemente trascendió que una empresa minera busca avanzar en un yacimiento de oro y cobalto en la zona de Río Grande. Algunos vecinos de la zona recibieron notificaciones de que Condor Prospecting S.A intentará tomar posesión de sus tierras para iniciar las tareas mineras. Frente a esta situación, la Asamblea Ambiental de El Trapiche presentó un pedido de informes ante las autoridades provinciales.

Por Maico Martini *

Esta semana trascendió que la empresa minera Condor Prospecting S.A. intenta avanzar en un yacimiento de Río Grande. La resolución del Gobierno de San Luis adjudica la mina “La Bolsa, compuesta por 11 diseminados de oro y cobalto, a Condor Prospecting S.A”. Según pudo averiguar EcoPress, el tramite inició el año pasado y, en septiembre, la abogada María Laura Petrino inició la gestión para el diligenciamiento de la mina. Poco después, la mina quedó adjudicada a la empresa. Hoy, Petrino es funcionaria provincial.

Condor Prospecting S.A es una empresa con sede en Mendoza dedicada al cateo y la prospección minera, posee unas 110 áreas distribuidas en seis provincias argentinas. Su presidente es Jason Ward, un geólogo australiano que ha trabajado en proyectos mineros de unos 15 países.

En marzo pasado, Ward mantuvo una reunión en Canadá con el gobernador mendocino Alfredo Cornejo para dialogar sobre los proyectos mineros que impulsa la vecina provincia. Fomo Ventures No1 Pty Ltd –FOMO o Los Proveedores- es la dueña de Condor Prospecting S.A.

En las últimas semanas la empresa envió notificaciones a vecinos de Río Grande y La Carolina informando que intentaría tomar posesión de sus tierras para avanzar con la actividad minera.

Ante esta situación, la Asamblea de Trapiche –ASAT- presentó un pedido de informes en la Secretaría de Minería y en la Secretaría de Ambiente de la provincia. La solicitud fue redactada con el asesoramiento de especialistas de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis –FCEJS/UNSL-, también tiene la adhesión del Encuentro de Asambleas Ambientales de la provincia.

SOLICITUD

En la nota dirigida a Federico Cacace, Secretario de Ambiente(foto), y a Juan Ángel Fernández, Director de Minería, solicitan información correspondiente a este proyecto minero.

Concretamente, exigen el cumplimiento de lo estipulado en el Acuerdo de Escazú, que establece la participación pública en los procesos de toma de decisiones y, para que la participación sea fundamentada, es preciso que las autoridades compartan los Estudios de Impacto Ambiental del proyecto.

Según la Ley Provincial de Acceso a la Información Pública, las autoridades están obligadas a responder en un plazo de hasta diez días hábiles administrativos.

La Asamblea demanda que “en atención a que la toma de decisiones que afecten al ambiente deben contar con ‘Licencia Social’; se activen las instancias de participación ciudadana, ya que el proyecto pretende instalarse en un área de vital importancia para el agua de San Luis, a escasos metros del Río Grande, del Río los Manantiales y del Dique Antonio E. Agüero”, indica la Asamblea en un comunicado.

En la zona de Pampa de Tamboreo otra empresa se encuentra en un proceso de cateo en busca de litio. (La Bulla Comunicación Alternativa)

Además, subrayan que la mayor parte del suministro de agua de la Ciudad de San Luis viene del Dique Antonio E. Agüero, por lo que cualquier actividad que ponga el peligro el sistema hídrico de la zona podría tener grandes consecuencias para el abastecimiento de la capital provincial y de localidades aledañas. En esa sintonía, destacan que el área en cuestión “se trata de una zona protegida y de gran interés e importancia ecosistémica, por lo que su eventual daño implicaría un grave perjuicio a la provincia entera, daños a la riqueza natural de la zona, a la biodiversidad nativa –y- a la integridad de las Sierras Centrales, fundamentales en la absorción y protección del agua”.

PROHIBICIÓN

En el año 2008, la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° IX-0634, que en su primer artículo prohíbe “el uso de sustancias químicas como cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico, amonio, carbonato y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de prospección, cateo, exploración, explotación, beneficio y/o industrialización, de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo”.

* Periodista Ambiental.

(Publicado en: EcoPress)

 

 

 

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