Este martes, por mayoría, el Senado provincial le dio sanción definitiva al proyecto que propone suspender por un año la Ley N°1081 de desfederalización parcial en materia de estupefacientes. Esta ley fue aprobada durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá y permitía que los delitos menores relacionados con el narcotráfico sean investigados y juzgados por la Justicia provincial en lugar de la federal.
La normativa, a la que San Luis adhirió en septiembre de 2022, permitía que infracciones como la venta, entrega, suministro y distribución de estupefacientes en pequeñas cantidades destinadas al consumidor final sean investigadas directamente por la Justicia de San Luis. No obstante, la provincia nunca desarrolló un protocolo de actuación ni implementó la medida de manera efectiva.
El senador por Pueyrredón, Martín Olivero, explicó que ni el Superior Tribunal de Justicia ni el Ministerio de Seguridad dictaron “normas, protocolos de actuación o disposición alguna dentro del marco de sus competencias para procurar la eficiente y eficaz actuación del Fuero de Lucha Contra el Narcomenudeo”, ni se puso en marcha la comisión de seguimiento para la implementación de esa ley.
El proyecto de suspensión fue enviado a la Legislatura por el Ejecutivo y forma parte de una serie de políticas que anunció el gobernador Claudio Poggi en su discurso del 1° de abril para luchar contra la inseguridad y la droga en San Luis. Entre los principales fundamentos se destacan las estadísticas de la Procuración General de la Nación y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) que indican que en otras provincias donde está en vigencia la ley, como Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Formosa y Salta, no se han obtenido resultados positivos.
“Puede advertirse entonces que la mayor vulnerabilidad del sistema de desfederalización radica en no prever claramente mecanismos de interacción entre la Justicia Provincial y la Federal para que las causas iniciadas como narcomenudeo logren ascender a instancias de investigación que alcancen al narcotráfico, que es donde tienen su origen”, señaló el senador.
La falta de coordinación en las investigaciones ha dificultado la sanción a los grandes narcotraficantes, reduciendo las acciones principalmente a casos de comercialización en pequeñas dosis. Además, ha llevado a un aumento en los casos de tenencia y consumo personal, sin impactar significativamente en el tráfico de drogas a gran escala.
“Se puede advertir que la aplicación del sistema de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes resulta impracticable en términos técnicos y operativos, por lo que se requiere postergar el inicio de su implementación por un plazo razonable que permita adecuar la realidad provincial a los desafíos y complejidades que presenta el funcionamiento de dicho régimen”, finalizó Olivero.
RECHAZO A LAS CUENTAS DE INVERSIÓN
Tal como había hecho Diputados hace una semana, también el Senado provincial rechazó la Cuenta de Inversión 2023, responsabilidad absoluta de la gestión que dejó el poder el 10 de diciembre. La votación fue 5 a 4 a favor del ‘no’ a los números que dejó Alberto Rodríguez Saá, expresado por los senadores Martín Olivero, Adolfo Castro Luna, Sergio Guardia, Diego García y Carlos García. El estudio de la Cuenta de Inversión dejó en evidencia un déficit de $93.125.748.517 durante el último año del gobierno anterior.
El senador por el departamento Junín, Sergio Guardia, fundamentó la decisión detallando los incumplimientos y deficiencias observadas en la gestión financiera de Rodríguez Saá, observaciones señaladas en el Acuerdo 457-TC-2024 del Honorable Tribunal de Cuentas suscrito de manera unánime.
Durante el 2023, la Provincia recaudó $546.930.275.028, pero se gastaron $567.925.739.439, resultando en un déficit de $20.995.464.411. Sin embargo, ese número se agravó porque incluyó ingresos extraordinarios de $72.130.284.106 provenientes de la venta de títulos y activos financieros de la deuda que Nación tenía con la Provincia, por lo que el déficit operativo fue de $93.125.748.517.
“Esto concuerda con el informe de revisión y evaluación de la situación económica y financiera de la provincia al cierre del año pasado realizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que destacó que la ejecución del presupuesto del año 2023 no verificó el equilibrio que se había proyectado originariamente”, explicó Guardia.
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