El próximo miércoles será la Cámara de Diputados el marco de discusión, rosca política y búsqueda de “Héroes” por parte del Gobierno para resistir la caída del Veto Presidencial que parece ineludible.
El Gobierno está por enfrentar un desafío crucial, no contra un partido político o un sector tradicional, sino contra una oposición representada por la clase media argentina y los estudiantes de universidades públicas. Más de 2 millones de estudiantes asisten a estas instituciones, de los cuales el 82% proviene de familias de clase media y baja. Estos jóvenes y sus familias defienden el derecho al acceso libre y gratuito a la educación superior, que para muchos representa la única oportunidad de mejorar su situación económica y social.
En este contexto, la universidad pública no es solo un espacio académico, sino un pilar para la movilidad social, al que más del 70% de los estudiantes son la primera generación en acceder.
El sistema universitario argentino no solo garantiza el acceso al conocimiento, sino que también tiene un papel clave en la investigación y la prestación de servicios esenciales. Con más de 47.000 investigadores activos y el 90% de la investigación nacional producida en sus centros, las universidades públicas son el motor de la ciencia en el país. Además, sus hospitales universitarios realizaron más de 3 millones de consultas médicas en 2022, destacando su importancia en la salud pública.
A pesar de estos aportes, figuras como Javier Milei han propuesto reformas que ignoran la función social y científica de estas instituciones, lo que ha generado desconexión entre ciertos sectores políticos y la realidad de los estudiantes y docentes.
Las recientes manifestaciones en defensa de la universidad pública reflejan un apoyo masivo y transversal. Aunque figuras como Sergio Massa, responsable de recortes por 50.000 millones de pesos en 2022, recibieron apoyo, esto se debe más a la manipulación de contextos que a un respaldo genuino.
Sin embargo, los datos son claros: el 85% de los argentinos considera a la universidad pública un pilar fundamental para el desarrollo del país. Además, la matrícula extranjera ha aumentado un 5%, lo que ha generado debates sobre la posibilidad de arancelar su educación.
Frente a este panorama, el Gobierno debe prestar atención a la demanda social y garantizar que cualquier reforma preserve el carácter inclusivo de estas instituciones, un bien colectivo que atraviesa fronteras ideológicas.
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