Por Eduardo Gargiulo
El concepto suena medio feo, pero se puso de moda en los últimos tiempos y viene bien para analizar el tema que nos ocupa. Vamos a lo conceptual para entender de qué hablamos. Procrastinar es el “hábito de posponer o diferir tareas importantes, a pesar de tener la oportunidad de realizarlas”. La palabra proviene del latín procrastināre, que se compone de pro, que significa “adelante”, y crastinus, que significa “mañana”.
La nota que dirigió el juez del Colegio de Jueces en lo Penal de la Primera Circunscripción Judicial, Dr. José Luis Flores, al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Allende, solicitando formalmente ser sometido al control toxicológico, aceleró el debate interno en el máximo órgano judicial de la provincia. Tomar una postura en torno de esta cuestión ya no permite dilaciones. Ahora la presión no viene sólo del gobierno, sino que surge del interior mismo.
Algunos párrafos y frases son por demás contundentes y provocaron escozor en la piel de algunos tribunos:
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“Los motivos que impulsan este pedido, están vinculados a la necesidad personal de aminorar la pesada carga que se deposita mediante sospechas generalizadas y expansivas sobre quienes ejercemos la magistratura y la función judicial. A quienes hemos dedicado gran parte de nuestra vida a realizar esta responsabilidad en el Estado, siguiendo el, para nada fácil, desafío de mantener la independencia judicial, el resguardo del mérito y la coherencia, se nos torna una fatigosa e inmerecida carga más el acarrear con sospechas y descréditos, que mellan lo que también juramos proteger, el prestigio del Poder Judicial”.
Que un juez de trayectoria y prestigio reconozca que existen “sospechas generalizadas y expansivas” acerca de que en la justicia se drogan, es como si un árbitro de fútbol admitiera que los partidos se arreglan. Uno imagina que inmediatamente los órganos competentes ordenarían una investigación. Si, como ahora, el árbitro fuera un juez ordinario, la procrastinación no haría otra cosa que darle la razón.
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“…causa fatiga moral el mantener el silencio como estrategia única frente a la realidad”.
No hacen falta demasiadas neuronas para advertir que la afirmación es un directo cuestionamiento a la estrategia seguida por el STJ, que hasta el momento oficialmente no ha fijado una postura respecto los exámenes que dicta la llamada “Ley de Ejemplaridad y Coherencia por parte de los Poderes Públicos de la provincia de San Luis en la lucha contra el narcotráfico”, publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial.
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“…esta acción personal (…) aporta a mi espíritu la tranquilidad de ánimo con la que trato de llevar adelante mi tarea constitucional por la fuerza de su valor simbólico. Y ello, no porque ser testeado me haga mejor juez o persona, sino porque aquieta la sospecha generalizada y amortigua, aunque sea en algo, el descrédito en el que pareciera caer por aquella sospecha, el Poder Judicial”.
Otra vez Flores menciona la existencia de “sospecha generalizada”, lo cual podría leerse en dos sentidos: como la simple admisión de un existente prejuicio social o, más grave, que él también la tiene.
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“Un Juez ´sospechado´ es como un Juez ´sospechoso´, inconducente en su labor para lograr la paz social”.
Lo anterior coincide, en gran medida, con lo que algunos abogados y el propio oficialismo han afirmado públicamente: ¿Cuánta autoridad moral pueden tener los jueces para sancionar a un narcotraficante, si muchos de ellos (se sospecha) consumen el producto que aquél vende?
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“Una actitud silente (silenciosa/quieta) de quienes desarrollan la Magistratura y la Función Judicial – que respeto pero que no me representa-, me impone realizar este pedido que aquietará mi ánimo y permitirá refrendar mi compromiso ante las sospechas… creo en mi fuero intimo que el Poder Judicial debiera acudir en masa a sostener su prestigio y su posición en la triada republicana”.
Nuevamente el juez Flores fundamenta por qué considera un error la postura pasiva sostenida por el STJ frente a la cuestión y avanza un paso más, al adelantar cómo deberían actuar todos los integrantes de la justicia –en masa- para defender su prestigio.
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“Es por ello que dejo manifiesta mi voluntad (y necesidad, como lo he dicho ya) de ser sometido al test en las condiciones y seguridades que VE disponga implementar, de lo que solo deberé ser notificado para así proceder”.
Al reiterar su solicitud, el magistrado le agrega más presión a los tribunos, que por estas horas debaten cómo proceder en la respuesta. Se encuentran frente a un dilema y la encrucijada es clara: no pueden autorizarlo y nada decir con respecto a todo el Poder Judicial; tampoco pueden continuar guardando silencio, porque acrecientan las “sospechas generalizadas”.
La impecable prosa argumental del Dr. José Luis Flores, al que en la intimidad le dicen de todo menos bonito, ha puesto a trabajar contrarreloj a los asistentes y a los propios ministros del Superior Tribunal de Justicia, quienes en las próximas horas le darían una respuesta, mientras siguen analizando si corresponde dictar un marco legal respecto a esta incómoda y controvertida (a su juicio) legislación.
VER: CARTA DEL DR. JOSÉ LUIS FLORES
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