El Poder Judicial de San Luis atraviesa una crisis sin precedentes. Veinticuatro horas después de conocerse la renuncia del Procurador General de la provincia, Luis Martinez, se da a conocer la sentencia de la jueza laboral Eugenia Bona, quien contradijo al Superior Tribunal de Justicia y declaró inconstitucionales dos acuerdos clave para la gestión judicial.
Esta decisión pone en jaque la autoridad del máximo órgano judicial de la provincia y genera un conflicto de poderes que amenaza con desestabilizar el funcionamiento del sistema de justicia.
El fallo de Bona, que favorece a un grupo de jueces civiles, no solo anula las medidas del Superior Tribunal, sino que además cuestiona su capacidad de legislar en materia de organización judicial. Con esta resolución, se abre un peligroso precedente donde jueces de instancias inferiores desafían y deslegitiman las decisiones de la Corte provincial, generando un escenario de incertidumbre y debilitamiento institucional.
La magistrada dictó sentencia definitiva haciendo lugar a la acción de amparo y declaró la inconstitucionalidad de las acordadas N° 201- y N° 47 por “violar los artículos, 1, 8, 189, 195 y conc. de la Constitución Provincial conforme las facultades de los artículos 10 y 210 de la Constitución Provincial. También violan los artículos 5, 7, 28, 31, 33 y conc. de la Constitución Nacional, art. 34 inc.5 CPL y 96 LOAD”.
Los jueces amparistas entendieron que las medidas y acciones que se quieren poner en marcha “extralimitan las atribuciones de superintendencia” del Superior Tribunal y son contrarias a la legislación vigente como el Código de Procedimiento Civil y Comercial y la Ley Orgánica de Administración de Justicia y en tal sentido a la Constitución Provincial y la Constitución Nacional.
La decisión de la magistrada afecta directamente la implementación del Sistema Unificado Judicial y la creación de Oficinas de Gestión Unificada, dos pilares fundamentales impulsados por el Superior Tribunal para modernizar y agilizar la justicia. Según el fallo, estas reformas exceden las facultades del máximo tribunal.
El nivel de confrontación alcanzó tal magnitud que la propia jueza Bona hizo referencia en su sentencia a la necesidad de una reforma judicial debatida en la Legislatura, citando incluso una frase de John F. Kennedy.
“Si se quería una reforma sustancial, se debió como hizo Estados Unidos en los 90, ir a la Legislatura. Debió discutirse y escucharse a todos los actores del sistema judicial. Los jueces y juezas de los juzgados civiles, actores de autos, defienden el sistema judicial conforme artículo 8 de la Constitución Provincial”.
En este contexto, en su sentencia hizo referencia a una frase del ex presidente de Estado Unidos John F. Kennedy que, al hablar de la Alianza para el Progreso, dice: “No te preguntes qué puede hacer un país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país”.
Sin embargo, el trasfondo del conflicto es claro: la autoridad del Superior Tribunal ha sido desafiada, generando una crisis que podría escalar a niveles aún más profundos.
San Luis enfrenta así un momento crítico en su historia judicial, donde la independencia, la jerarquía institucional y la estabilidad del sistema de justicia, están en juego. ¿Será este un caso aislado o el inicio de un quiebre mayor en la estructura judicial de la provincia?
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