Era difícil que pudiera resistir tantos cuestionamientos emitidos desde Terrazas del Portezuelo y otros sectores, que lo tenían como blanco y responsable de la crisis que atraviesa el Poder Judicial. Finalmente ayer presentó su renuncia el Procurador Luis Martinez, ex apoderado del Partido Justicialista que había asumido el cargo en octubre de 2020.
En su misiva, el funcionario judicial da cuenta de la decisión de renunciar a su cargo para el cual fuera designado, con efecto a partir del día 28 de febrero de 2025.
Automáticamente, por las dudas que se arrepientiera, el gobernador rubricó el decreto Nº1299-MG-2025 que enmarca la aceptación de la renuncia de Luis Martínez al cargo de Procurador General de la Provincia.
LO QUE PRECIPITÓ LA CAIDA
Desde el oficialismo se interpretó que la decisión terminó de tomarla luego del duro cuestionamiento que formuló el gobernador Claudio Poggi durante la entrevista que concedió en San Luis+.
El mandatario había reiterado la necesidad de avanzar en una reforma judicial integral para mejorar el servicio atento a las demandas de la sociedad y centró sus críticas hacia el rol del ministerio público que depende del Procurador General.
En línea con lo que afirman voceros gubernamentales y medios afines replican desde el año pasado, Poggi expresó su malestar por los escasos avances que se verifican en las numerosas causas por corrupción que tienen imputados a figuras relevantes del anterior gobierno
“La verdad que todo es muy lento, pero yo le he dado instrucciones al Fiscal de Estado (Víctor Endeiza) de que no le pierda pisada a cada uno de esos casos, porque esto no puede quedar impune. Tengo la obligación también de custodiar y defender los fondos públicos de San Luis y los impuestos de los sanluiseños. Estamos siguiendo muy de cerca cada una de esas causas”, había advertido.
Por otro lado, volvió a reiterar su deseo de impulsar la reforma judicial. “Trabajar con tiempo, no en épocas electorales, porque no es bueno, porque todo se exagera, pero el año pasado propuse eliminar la feria judicial, no eliminarla para eliminar las vacaciones genuinas de un empleado o de un funcionario judicial, no. Eso no, para nada. Pero la actual feria judicial implica 30 días de enero y 15 días de junio en los que se suspenden los plazos procesales. Es como que en 45 días no se avanza un pasito en ningún expediente. Son 45 días, imagínense las cosas que pasan en 45 días. El año tiene 12 meses, 365 días y durante 45 días no se da ni un paso en ningún trámite judicial”.
Martinez sabía que su suerte estaba echada desde hace tiempo y resistió lo más que pudo. Procedió a redactar su nota de renuncia y la presentó al Ejecutivo.
COMIENZA OTRA HISTORIA
Su salida provocó un cimbronazo en los pasillos judiciales y en el propio Superior Tribunal de Justicia, que hasta ahora ha permanecido impermeable a las presiones y críticas por el funcionamiento de la justicia, más allá de las quejas que formula por los recortes de presupuesto.
Ahora comienza otra etapa que, se presume, será más que intensa, y donde podrían caer más jugadores. Un marcado temor reina entre los fiscales, respecto al nombre que podría proponerse para ocupar el cargo. Uno de ellos, el menos querido, es el del Secretario de Ética Pública, Ricardo Bazla, un hombre de máxima confianza del gobernador y de sólidas convicciones cuando se trata de investigar y alcanzar un objetivo.
No obstante, una fuente deslizó que en realidad Poggi preferiría que aquél siga en su actual función y poder promover un hombre de derecho con un perfil menos alto, pero que responda y coincida con los lineamientos oficiales.
El tema a resolver es que si el “elegido” proviene del riñón judicial, es factible que ya tenga compromisos asumidos y no vaya “al hueso” con la reforma ni con las medidas que le encomienden. Pero tampoco puede designarse a alguien que no conozca los “códigos” que se manejan en la cerrada corporación judicial y los intrincados vericuetos de los pasillos tribunalicios.
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