Este viernes fue la cuarta convocatoria aleatoria a los laboratorios de la Universidad Nacional de San Luis, como parte de una iniciativa que pretende garantizar la toma de decisiones en cargos públicos sin la influencia de sustancias prohibidas.
Como parte de su compromiso con la transparencia y la lucha contra el narcotráfico, el Gobierno continúa implementando lo acordado en la Ley de Ejemplaridad y Coherencia, exigiendo a funcionarios de los tres poderes del Estado a someterse a análisis toxicológicos. Esta medida busca garantizar que los funcionarios desempeñen sus funciones sin la influencia de sustancias ilegales, promoviendo así la ética en la gestión pública.
El procedimiento se llevó a cabo en cuatro fechas diferentes: en la primera jornada, 60 funcionarios fueron sometidos a los análisis, en la segunda realizaron pruebas a 180 funcionarios, en la tercera a 60 más y finalmente, este viernes completaron los exámenes de otros 60 funcionarios, alcanzando un total de 360 análisis hasta el momento.
Los exámenes consisten primero en la toma de muestras, que son recopiladas en el laboratorio de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), donde profesionales altamente capacitados realizan los análisis toxicológicos con estrictos controles para garantizar resultados precisos y confiables.
El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, expresó que “la ejecución de la ley del narcotest está avanzando con total normalidad. Es importante destacar el trabajo de la UNSL, que nos brinda garantías de trazabilidad y transparencia en la realización de los análisis”. Además, el funcionario subrayó que todo el mecanismo está articulado con el Centro de Prevención y Asistencia a las Adicciones (CPAA). “Ellos son responsables de definir el diagnóstico y la estrategia terapéutica de los casos que resulten positivos, una labor que contribuye significativamente al mejoramiento de la prestación del servicio público por parte de los funcionarios de los tres poderes del Estado”, destacó Bazla.
El Secretario también informó que, si bien la Caja Social realiza un sorteo para ir convocando en tandas a los funcionarios, “todos estamos obligados a realizarnos los análisis toxicológicos y el sorteo solo tiene como propósito determinar el orden en que debemos acudir”.
Finalmente, agregó: “Es sorprendente, pero seguimos recibiendo consultas de diferentes lugares del país que ya están proyectando imitar el ejemplo de San Luis. De hecho, durante el Foro Nacional Anticorrupción atendí a seis fiscales de otras provincias que nos consultaban sobre los detalles de la ejecución de esta ley”.
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