Marcos Herrera continuará alojado en el Servicio Penitenciario Provincial bajo prisión preventiva por el plazo de 120 días. Así lo resolvió este miércoles el Tribunal de Impugnaciones de la ciudad de San Luis, que no hizo lugar al recurso de revisión presentado por la defensa del imputado y además confirmó la medida de coerción emitida el 5 de enero pasado por el juez de Garantía Juan Manuel Montiveros Chada.
Al acusado de 33 años le imputan los delitos de lesiones y homicidio en grado de tentativa en perjuicio de los hermanos Joaquín y Agustín Duvara, a quienes presuntamente golpeó el 5 mayo del año pasado en el Barrio Ignacio Vidal de la capital puntana. Según la denuncia, Herrera atacó con una manopla a uno de los jóvenes y con un tubo de gas de 70 centímetros al otro, provocándole la fractura de maxilar y la pérdida del ojo derecho.
Tres semanas después, cuando la Fiscalía formalizó la detención de Herrera, el imputado no se encontraba en su vivienda. A partir de ese momento, el Ministerio Público Fiscal ordenó intervenir las comunicaciones de sus contactos cercanos y, a partir de la información que obtuvieron de esas escuchas y del trabajo en redes sociales que realizó en el Departamento Delitos Complejos, detectaron un perfil a nombre de Herrera que había tenido actividad entre el 28 de diciembre de 2022 y el 9 de enero de 2023, en Brasil.
Fue detenido por Gendarmería Nacional cuando cruzaba el paso fronterizo de Paso de los Libres, desde Brasil hacia Argentina. El 5 de enero de este año se le formularon cargos y el juez Montiveros Chada dictaminó la prisión preventiva por cuatro meses.
Sobre esta resolución, el abogado Esteban Bustos Bridarolli interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal de Impugnaciones. En sus fundamentos, dijo que no existían riesgos procesales en la causa debido a lo avanzada que se encontraba la investigación y solicitó, subsidiariamente, otras medidas menos gravosas para su defendido como la firma del libro en Fiscalía o que se dicte una restricción de acercamiento.
Esteban Roche, fiscal de la causa, sostuvo que existían riesgos procesales de fuga, entorpecimiento de la investigación y riesgos para las víctimas por lo que se debía mantener la prisión preventiva.
“Fue un hecho violento, una de las víctimas quedó con secuelas; son vecinos, había denuncias entre las partes y el grado de violencia es muy latente. Vale recordar que el imputado fue detenido en la frontera lo cual da cuenta del peligro de fuga existente, incluso hay conversaciones donde se presume que el acusado intentó que los testigos cambiaran su declaración”, explicó el funcionario del Ministerio Público Fiscal.
Luego de escuchar a las partes, el tribunal, integrado por Jorge Sabaini Zapata en la presidencia y Yanina del Visso y María Monserrath Bocca, en los vocalías, resolvió “no hacer lugar al recurso de revisión y confirmar la medida de coerción personal dispuesta por el Juez de Garantía como así también el plazo de la misma”.
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