Desde hace largos años en nuestra provincia se vienen sucediendo reclamos sociales en materia de seguridad, muchos propiciados por resonantes casos de alcance nacional que mostraron la zozobra en la materia.
El trabajo hecho en los últimos meses por parte las fuerzas encargadas de mantener el orden y proteger la propiedad privada de los particulares ha marcado un claro contraste con gestiones anteriores. Si bien hay un largo camino por recorrer, es importante destacar la celeridad en el esclarecimiento de hechos delictivos y la predisposición de la sociedad para volver a confiar nuevamente en las fuerzas de seguridad de la provincia, que en poco tiempo fue dotada de equipamiento, capacitación, infraestructura y voluntad política (quizá lo más importante esto último) para abordar las denuncias y desplegar su accionar en tiempo y forma.
También es destacable la voluntad de todos los estamentos del gobierno, desde la ministro hasta los oficiales del orden, que han puesto su formación y compromiso a la altura de las demandas sociales, y han estado a disposición para mantener el diálogo necesario -imprescindible diría- para establecer un fluido diálogo entre los servidores públicos y los vecinos y vecinas. Tal es así que en poco tiempo, y con escasos recursos, se han podido mostrar indicadores positivos en materia de combate contra el crimen, particularmente en materia de lucha contra el narcotráfico, uno de lo sejes más importantes delineados por el Gobernador.
Sin embargo, a pesar de los denodados esfuerzos de los agentes para esclarecer y aprehender delincuentes, con todo el trabajo administrativo y de coordinación de recursos, tanto humanos como materiales que esto conlleva, en la mayoría de los casos los efectivos veían sus esfuerzos caer en saco roto al ver que los delincuentes volvían a las comisarías por nuevos hechos, ya que esperaban sus sentencias en libertad. Asimismo, los vecinos que vieran violentada su propiedad privada, y realizaban la denuncia, también quedaban perplejos al ver que el mismo denunciado volvía a perpetrar hechos en su propiedad o alguna aledaña.
Por eso es que se dio un paso importante desde la Legislatura provincial para sancionar definitivamente la Ley de Reiterancia, que tiene por objetivo otorgarle a la justicia una herramienta que le permita a los fiscales valorar la posibilidad de que un detenido vuelva a delinquir aún sin tener una sentencia, herramienta que le permitirá al agente judicial solicitar una prisión preventiva basada en esta posibilidad.
La sanción de esta ley es un paso más en la dirección correcta para abordar un flagelo que conocemos como “Puerta Giratoria” de la justicia, que protege a quienes obran fuera de la ley y desampara al pueblo trabajador de nuestra provincia.
Se podía hacer. La sociedad lo demandaba. Nunca se escuchó el reclamo. Ahora es una realidad. La Justicia tiene la palabra.
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