FISCAL ADJUNTO Y EX FUNCIONARIO PROVINCIAL ENFRENTA JUICIO POR VIOLENCIA DE GÉNERO

Fernando Andrés Salas, fiscal adjunto de San Luis y ex funcionario provincial, será juzgado por violencia de género. Está acusado de amenazas repetidas y de violar órdenes judiciales contra su ex pareja y sus hijas, según informó El Chorrillero.

La Fiscalía N° 1, liderada por Maximiliano Bazla, ha presentado cargos por cinco amenazas y desobediencia a siete órdenes judiciales, solicitando una condena de dos años de prisión en suspenso. Salas, quien fue nombrado por el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá sin pasar por audiencias de evaluación, enfrenta ahora el juicio oral tras el rechazo de un acuerdo para evitarlo.

Las denuncias incluyen incidentes de agresión verbal y física desde julio de 2023. La ex pareja de Salas relató cómo él rompió la restricción de acercamiento y continuó acosándola, mientras que un informe socioambiental confirma violencia psicológica y ambiental crónica.

Además, un peritaje psiquiátrico señala problemas de tolerancia y regulación emocional en Salas. La acusación también incluye violaciones continuas de órdenes de restricción y hostigamiento persistente, con Salas actualmente bajo monitoreo con una tobillera electrónica.

HECHOS

El ahora denunciado por violencia de género fue jefe de Subprograma de la dirección de Trabajo del ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, durante la gestión en la cartera de Fabián Filomena y asumió el 8 de agosto en 2022 junto a otros siete fiscales, que comenzaron a trabajar en colaboración con los fiscales de Instrucción.

En la última audiencia la jueza María Agustina Dopazo rechazó un posible acuerdo para evitar el juicio y decidió que la próxima instancia sea el control de la carga probatoria y luego la cita en Tribunales.

De nuevo sobre la denuncia. Si bien la intervención de la Justicia penal fue el 5 de octubre del 2023 el primer hecho que da cuenta una de las hijas de Salas data del 25 de julio del mismo año cuando llamó al 911 pasadas las 21 y manifestó que se encontraba encerrada en un baño. El registro de la línea cuenta: “Se llegó su padre al domicilio, el mismo está agresivo; expresa que está golpeando las cosas de la vivienda”.

Luego de que varios agentes arribaran al domicilio ubicado en la zona noreste de la capital, Salas se retiró.

Ese mismo día la ex pareja (este medio decidió denominarla B.C) radicó la denuncia policial en la Comisaría 7° y da cuenta de cómo sufrieron las agresiones: “Se hace presente en mi domicilio a visitar a nuestras hijas. Una vez en el interior y estando en presencia de nuestras niñas comenzó a insultarme, a maltratarme, manifestando que no se retiraría y que sabía bien lo que iba a hacer de acá en un tiempo porque ya me había advertido”.

“Al ver esta reacción de enojo por su parte le pedí que por favor se retirara ya que nuestras hijas comenzaron a llorar y es ahí que él le amaga con pegarle una piña a mi hija más grande. De inmediato las tomo y las encierro en el baño para cuidar su integridad y trato de calmarlo. En su ira seguía manifestando que ya tenía todo perdido y que va a romper todo”, reza la exposición.

Al otro día se dictó la restricción de acercamiento a menos de 200 metros y de contacto a través de cualquier vía de comunicación. Esta medida en particular era prevista por cuatro meses. Luego el fiscal adjunto no solo violó la disposición sino que siguió rompiendo las resoluciones judiciales.

El 28 de agosto la Justicia definió suspender de manera provisoria la comunicación con sus hijas, su ex pareja y su grupo familiar, incluido los padres. En este caso la delimitación era de 500 metros y, en ese momento, la duración debía ser de siete meses.

A todo esto, se le suma un informe socioambiental realizado el 24 de agosto del año pasado con bases a entrevistas a B.C y las hijas. Se trata de otra grave prueba. Puntualiza que se identificó ejercicio de violencia psicológica (agresiones verbales, amenazas de muerte, hostigamiento, control y descalificaciones) y ambiental, de manera “crónica y con escalada” tanto durante la relación como concluida la misma.

“Sus hijas también han sido víctimas de agresiones por parte de su padre (sobre todo de tipo verbal) y testigos de la violencia hacia su madre. Estas situaciones se intensificaron luego de la separación definitiva de la pareja en 2022”, indica el relato profesional y agrega el temor de la mujer “ante posibles represalias”. (El Chorrillero)

 

 

 

 

 

 

 

 

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