El intendente de Villa Mercedes Maximiliano Frontera, y los diputados provinciales Nicolás González Ferro y Christian Gurruchaga, efectuaron una durísima presentación ante el Consejo Nacional Justicialista, denunciando la “convocatoria a elecciones internas partidarias ilegales” y la medida de suspender la afiliación del primero, lo cual “importa lisa y llanamente una proscripción”.
Por esas razones, pidieron que intervenga el máximo órgano partidario, “para que se garantice la democracia interna y no existan proscripciones arbitrarias”.
Fundamentan que la Carta Orgánica del PJ establece que “corresponde al Consejo Provincial convocar a elecciones internas para cargos partidarios y electivos, estableciendo un cronograma electoral”. Sin embargo, alegan haberse enterado informalmente que la titular de dicho cuerpo, María Angélica Torrontegui, convocó a internas a sola firma, “sin convocatoria ni sesión del Consejo Provincial, que sería quien debía emitir la resolución…”.
Respecto a la informalidad del proceso, los dirigentes denuncian que tampoco se ha publicado la convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia o en algún diario papel a manera de edicto del Partido Justicialista, lo que los lleva a afirmar que “sin publicación oficial no hay certeza de nada”.
Diputados Christian Gurruchaga y Nicolás González Ferro.
A esta “convocatoria ilegal, porque no cumple con la Carta Orgánica”, le suman que “la Junta Electoral es absolutamente adicta al actual titular del Congreso Provincial del PJ, compañero Alberto Rodríguez Saá, que ha manifestado la intención de ser candidato”.
Otra irregularidad que suman Frontera y los legisladores de Pedernera es que al consultar el padrón partidario, pudieron advertir que “una gran cantidad de compañeros no figuran como afiliados, incluso compañeros que son actuales autoridades partidarias electas en la elección interna de 2020”.
PROSCRIPCIÓN
En la presentación ante el PJ nacional se afirma también que a pesar de estas irregularidades, cuando Maximiliano Frontera expresó públicamente su intención de participar en las elecciones internas, se convocó al Tribunal de Disciplina del PJ y se suspendió su afiliación por “inconducta partidaria”.
En uno de los párrafos más ásperos, agregan que esto “importa lisa y llanamente una proscripción” y alega además que no se permitió el derecho de defensa, por lo que equipara este accionar con lo ocurrido durante la dictadura militar.
En este contexto, también cuestionan la expulsión de los 8 (ocho) diputados provinciales disidentes a Alberto Rodríguez Saá.
En la presentación recibida en el Consejo Nacional el pasado jueves 22 del corriente, los dirigentes ratifican su intención de participar de las elecciones internas si se cumplen los parámetros legales “y no si es simplemente una parodia o farsa electoral”.
Por lo expuesto, solicitan al máximo órgano partidario que “realice lo que esté a su alcance, para que se garantice la democracia interna, no existan proscripciones arbitrarias y las elecciones se lleven a cabo de acuerdo a lo que establece la Carta Orgánica del PJ Distrito San Luis…”.
Casi como una mojada de oreja, finalmente Frontera y los diputados recuerdan la intervención de Alberto Rodríguez Saá en el último Congreso Nacional, cuando reclamó elecciones internas, con una junta electoral independiente y sin proscripciones, todo lo cual es lo que demandan los firmantes.
En modo simultáneo, los diputados Carlos Altamiranda (Dupuy), Doly Glellel y Aída López (Ayacucho), interpusieron recursos de apelación contra su expulsión partidaria.
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