La Fiscalía de Instrucción N° 4 de la Primera Circunscripción imputó a un hombre de 28 años de edad por agredir a su ex pareja, amenazarla e incumplir una orden de restricción y acercamiento.
De acuerdo a los hechos que se describieron en la audiencia, estos habrían sucedido entre julio y agosto, y transcurrieron tanto en el trabajo de la víctima como a través de mensajes a sus redes sociales, pero el más grave ocurrió el 19 de agosto 2024 en la puerta de la escuela Bernardino Rivadavia donde asiste la hija que tienen en común.
La situación de la víctima y el llamado a la solidaridad de la fiscal:
Ese día, a las 14:30, el agresor se acercó a la mujer, a pesar de la medida de restricción vigente en su contra, la tomó del hombro y le pidió si podían hablar. Ante la negativa de la víctima, la obligó a ingresar a la fuerza a su vehículo, y abandonaron el lugar.
En un momento detuvo el auto en la calle Buenos Aires, instante en que la mujer intentó escapar, pero el imputado se lo impidió jalándola del pelo y comenzó a propinarle golpes con un elemento que la víctima no pudo identificar en el momento, pero luego se comprobó que había sido un escombro, el que luego fue secuestrado.
La denunciante pidió auxilio y al advertir que le salía mucha sangre de la cabeza, le imploró que la dejara ir al médico. El imputado le dijo que él la llevaría al Hospital Ramón Carrillo, pero en el trayecto se quedó sin combustible. “La mujer se subió a un Uber y le pidió al chofer que no le permitiera ingresar al agresor, pero este igual abordó el vehículo; arribaron al Hospital y hasta que llegó la policía y la víctima fue atendida, el agresor estuvo todo el tiempo con ella”, relató Durán.
Este caso, relatado en detalle por la fiscal María del Valle Durán, evidencia no solo la gravedad de la violencia ejercida, sino también la falta de apoyo que la víctima recibió en momentos cruciales. Pese a haber pedido ayuda en varias ocasiones, las respuestas fueron tardías o inexistentes.
“La víctima poseía un botón antipánico, una restricción de acercamiento a su favor, pero él se le aparecía igual por el trabajo; lo tenía bloqueado, pero asimismo le mandaba $1 por Mercado Pago para poder amenazarla e insultarla por ese medio”, narró la fiscal María del Valle Durán.
La fiscal Durán subrayó la importancia de que la sociedad en su conjunto, desde conductores de transporte hasta trabajadores de instituciones educativas, personal de seguridad y de salud, tanto del sector público como del privado, actúe de manera proactiva y rápida cuando se enfrentan a signos de violencia de género. “Es crucial que todos estemos atentos y seamos solidarios en estas situaciones. La indiferencia o la demora pueden tener consecuencias devastadoras para las víctimas”, expresó.
“Es un llamado para que la gente se dé cuenta y esté atenta a este tipo de situaciones, ya sea en un auto, en las escuelas, en los comercios, en la vía pública, poder auxiliar a la víctima o dar aviso de forma rápida a la policía o a la fiscalía”, sostuvo la funcionaria.
Este llamado a la solidaridad busca generar conciencia y movilizar a la comunidad para que situaciones como esta no se repitan. La fiscal ha enfatizado que todos tenemos un rol que cumplir en la protección y apoyo de quienes sufren violencia de género y que es responsabilidad de cada uno actuar con empatía y diligencia para evitar que el silencio o la inacción permitan que la violencia continúe.
Sin perjuicio de que en algunos casos puede no haber un contexto de violencia de género, sino una simple discusión de pareja, es preferible, actuar a tiempo a fin de descartar una situación de mayor gravedad.
CARGOS CONTRA EL ACUSADO Y MEDIDAS DE COERCIÓN
El agresor finalmente fue detenido, la fiscalía le formuló cargos e imputó por lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas e incumplimiento a una orden judicial, todo en concurso real (cinco hechos).
El juez de Garantía, Juan Manuel Montiveros Chada, luego de cumplidos los ocho días de prórroga de detención otorgados al imputado, y luego de escuchar a la Defensa y a la Fiscalía, ordenó como medidas coercitivas la prohibición de salida de la provincia del acusado, la firma mensual del Libro de Imputados, la realización de Curso Hombres en Valor, dependiente de la Secretaria de la Mujer, y la colocación de un dispositivo dual, en virtud de los riesgos procesales y riesgo para la integridad de la víctima.
El dispositivo dual, consta de dos aparatos, uno que se coloca al agresor y otro que se le entrega a la víctima de violencia; si se juntan se activa una alarma al Sispro quien da aviso a la policía para que se cumpla la medida de restricción de acercamiento.
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