Se trata de la ex Secretaria de Hacienda Claudia Grando, durante de la gestión del ex rector David Rivarola, quien está acusada de haber saboteado el sistema de gestión del personal para modificar percepciones de haberes, un día después que asumieran las nuevas autoridades de la institución. En la investigación colaboró el Laboratorio de Análisis Técnico de Informática de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal.
La denuncia que originó la investigación la interpuso el rector Marcelo Sosa, el pasado 7 de diciembre, a partir de detectarse un sabotaje a los sistemas contables para alterar la liquidación de haberes al personal.
“Lo ocurrido es realmente gravísimo y no reconoce antecedentes en nuestra institución. Afortunadamente el profesionalismo del personal que está a cargo del área de Hacienda permitió neutralizar este ataque, pero sin dudas constituye un delito muy grave que va a ser investigado hasta las últimas consecuencias”, expresó entonces el rector.
“Las modificaciones consistieron en la alteración de descripciones, categorías y fórmulas de cálculo del sistema, lo que perjudicó el trabajo de las agentes administrativas y los haberes de más de 500 empleados, generando un desequilibrio en los montos de sueldos”, consignó uno de los párrafos la presentación legal.
Sobre la base de los hechos relatados, se presume que los autores de la “acción ilícita actuaron de forma dolosa y sin autorización, conociendo claves y fórmulas del sistema, a través de la introducción, alteración, borrado o supresión de datos informáticos o mediante cualquier forma de atentado al fundamento de un sistema informático, con la intención de producir un perjuicio patrimonial a la Universidad”.
La denuncia presentada se funda en el Art. 153 Bis del Código Penal, que “sanciona a quien sin autorización accede, introduce, altera, borra, o suprime datos informáticos o atenta contra el funcionamiento de un sistema informático, con la intención de producir un perjuicio patrimonial a otro, sin perjuicios de otros tipos penales más graves que pudieran corresponder o resultar de la investigación”.
En la denuncia se hace constar que la intención fue producir un “perjuicio patrimonial” a la institución, “ya que la alteración de los datos provocó un desequilibrio en los montos de sueldos, lo que hubiera generado un gasto exorbitante para la Universidad y deudas en relación al sistema de seguridad social”.
A modo ejemplificativo, uno de los sueldos liquidados de una docente superaba los 21 millones de pesos.
En la denuncia impulsada por la universidad se presentó a modo de Prueba el Acta confeccionada por agentes de la UNViMe, que acredita la alteración del sistema SIU-Mapuche por el área de Hacienda, print de pantallas con datos personales, financieros, académicos que fueron accedidos por los autores de los hechos, fotografías tomadas por los agentes administrativos y declaraciones de diferentes testigos, que son los agentes involucrados en esta tarea de liquidación de sueldos y funcionarios de mayor rango, como los Secretarios de Hacienda y Administración y General.
La denuncia que lleva la firma del Rector Marcelo Sosa solicita “se proceda a designar peritaje informático por el cuerpo profesional forense para que determine ingresos al SIU-Mapuche, autorizados al ingreso, niveles de autorización, IP de ingresos y/o todo otro dato relevante para el esclarecimiento de los hechos”.
INDAGATORIA
Este jueves se conoció que el fiscal federal subrogante de la sede descentralizada de Villa Mercedes, Federico Baquioni Zingaretti, solicitó el llamado a declaración indagatoria de la exsecretaria de Hacienda de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, Claudia Alejandra Grando, a quien imputó haber introducido modificaciones en el sistema de gestión del personal de esa casa de estudios para modificar percepciones de haberes -alterando descripciones, categorías y cálculos para la liquidación de salarios- y entorpecer la labor de los agentes administrativos encargados de gestionar el sistema.
En la investigación colaboró el Laboratorio de Análisis Técnico de Informática de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal.
De acuerdo a la imputación, el 31 de octubre de 2023, un día después de la asunción de la nueva gestión rectoral, Grando realizó modificaciones en el sistema informático SIU MAPUCHE, utilizado para la liquidación de haberes, la personalización de sus fórmulas y la generación de los recibos de sueldo.
La fiscalía indicó que la imputada ingresó con su usuario personal y se valió de sus permisos de administradora para alterar el sistema, aumentando cien veces el valor correspondiente al sueldo básico para la categoría identificada como “6”, además de modificar la fórmula de liquidación de antigüedad no docente.
En ese sentido, el Ministerio Público Fiscal enmarcó los hechos dentro de la figura de daño informático en la modalidad de alteración, agravado por haber sido ejecutado con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad y por recaer sobre un sistema informático destinado a un servicio público, en concurso ideal con la figura de abuso de autoridad.
En el dictamen, el fiscal Baquioni Zingaretti remarcó la “circunstancia altamente demostrativa del abuso funcional en el que incurrió [la imputada] al afectar deliberadamente el sistema de gestión a cuyo cargo se encontraba y en vistas a que cesaría su función a los pocos días por la asunción de las nuevas autoridades”.
El fiscal puso de relieve que la consecuencia de esta maniobra fue la afectación a la integridad y la disponibilidad del sistema de gestión porque, al mes siguiente, cuando el personal administrativo se dispuso a efectuar la liquidación de haberes, constató desequilibrios en los montos de los sueldos.
Finalmente, dispuso el llamado a declaración indagatoria de la Contadora Claudia Grando, para el próximo 7 de noviembre a las 10:00 h.
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