EL SENADO CONVIRTIÓ EN LEY EL “NARCOTEST” A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Este martes la Cámara de Senadores dio sanción definitiva al proyecto de ley de Ejemplaridad y Coherencia por parte de los Poderes Públicos en la Lucha contra el Narcotráfico -conocido como “Narcotest”-, impulsado por la diputada Marisa Patafio. Ya se sabe que los análisis se harán en laboratorios de la Universidad Nacional de San Luis.

La iniciativa, aprobada por unanimidad, busca que los funcionarios de los tres poderes del Estado se sometan a exámenes toxicológicos anuales y obligatorios, como una medida para garantizar su integridad en la lucha contra las drogas.

El senador por Junín, Sergio Guardia, resaltó la importancia y necesidad de contar con funcionarios competentes y sanos para desempeñar adecuadamente sus funciones. Con este proyecto se pretende evitar que el consumo de sustancias ilegales se establezca en quienes ocupan cargos políticos, ya que su actuación debe estar libre de cualquier tipo de influencia externa y deben poder tomar decisiones que impacten en la vida de los ciudadanos con plena responsabilidad y transparencia. “No se puede enfrentar un problema cuando de alguna manera se está involucrado en él”, indicó.

El senador también explicó que esta iniciativa no es la primera que se está llevando adelante en nuestro país. Las provincias de Tucumán y Tierra del Fuego ya cuentan con legislaciones similares. Además, en la ciudad de Villa Mercedes se sancionó una ordenanza que prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas ilegales como requisito para la permanencia en la función pública.

Los puntos más importantes del proyecto:

-Los exámenes toxicológicos serán de carácter obligatorio y se realizarán de manera anual y aleatoria. El objetivo es asegurar que la selección de los funcionarios para los test sea transparente e igualitaria.

-Los test se realizarán en instituciones públicas que no dependan del Estado provincial, para asegurar la independencia de los resultados. En caso de que se detecte la presencia de sustancias ilegales en un funcionario, las autoridades correspondientes deberán aplicar medidas de contención y asistencia, como el otorgamiento de licencias, la suspensión temporal de funciones, o incluso el cese en el cargo, dependiendo del caso y conforme a la legislación vigente y la Constitución provincial.

-La norma garantiza que toda la información obtenida será tratada con estricta confidencialidad -tal como lo establece la Ley Nacional de Protección de Datos Personales- para proteger la privacidad de los resultados de los funcionarios.

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