El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo, rechazó la iniciativa del Gobierno que busca permitir que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes, al señalar que la medida no mejora la situación presupuestaria de las casas de estudio ni fue consultada con la comunidad educativa.
Es que luego de que el Gobierno anunciara la posibilidad de “cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes” para obtener otra “fuente de financiamiento” para las universidades públicas, autoridades académicas se expresaron en rechazo a la iniciativa.
En primera medida, el anuncio no alcanza a precisar a qué estudiantes contemplaría dado que para poder inscribirse en una universidad pública es necesario contar con documentación de residencia temporaria, con posibilidad de prórroga, lo que excluiría a “extranjeros no residentes”.
Al mismo tiempo, según el estudio “Síntesis de Información Estadísticas Universitarias 2022 -2023” del actual Ministerio de Capital Humano, de los 2.720.531 estudiantes que realizan estudios de pregrado, grado o posgrado en universidades públicas sólo el 4,3% son de otra nacionalidad. Según el Censo 2022 del INDEC, un 4,5% de los habitantes permanentes del país son extranjeros, por lo que existe una sobrepresentación de los migrantes que concurren a universidades y, al ser residentes, son contribuyentes del erario estatal.
Víctor Moriñigo, titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se lamentó porque “no nos damos un debate de fondo sobre la educación en Argentina. Parece que el único tema que hay para debatir en la educación está relacionado con el dinero”. “Tienen un gran desconocimiento sobre el tema”, opinó y recordó que “para arancelar la educación hay que modificar la ley y la política migratoria”.
Por otra parte, aclaró que el gasto en educación no es igual al de salud. “En nuestro país sólo el 5% de los universitarios son extranjeros. Si uno prepara una clase para 40 alumnos o para 43, es exactamente lo mismo, pero no es igual operar a 43 pacientes que operar a 40”, expresó.
En ese contexto, el presidente del CIN lamentó que el gobierno no haya consultado a los rectores “para elaborar ideas más innovadoras e inteligentes” y puso de ejemplo el caso de Uruguay, que “tanto los gobiernos de izquierda como los de derecha vienen aplicando el Impuesto Solidario al Egresado, porque quizás hay que cobrar al egreso y no al ingreso, salvo que se queden a trabajar acá”.
Por último, opinó que otra solución sería “hacer un censo, convocar una reunión con cada país que tenga estudiantes en argentina y acordar un intercambio”.
OTRAS VOCES
Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, remarcó que “en el anuncio hace falta precisión”: “Lo primero que debería suceder, si el Gobierno tiene voluntad de avanzar en esta decisión, es que presente un proyecto para poder discutir con claridad y rigurosidad cuál es la medida, el alcance y el impacto que podría tener”. “Una medida de esta naturaleza no soluciona el problema del financiamiento universitario”, manifestó en Aire Digital.
Por último, el Sindicato de Docentes de la UBA (FEDUBA) emitió un comunicado considerando que el anuncio del oficialismo es “una nueva muestra de barbarie política”. “La medida no sólo constituye una acción discriminatoria sino también resulta violatoria de la carta magna y las leyes vigentes”, expresaron y calificaron a las actuales posturas educativas como “ideologías fascistas y ultrareaccionarias”.
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