El Tribunal de Impugnaciones de la Primera Circunscripción rechazó el pedido de la defensa de Paola Valeria Tonelli y José Augusto Toledo de revocar la prórroga de sus prisiones preventivas y confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Garantía N° 2 en la audiencia de formulación de cargos del 23 de diciembre.
De este modo, la pareja acusada de asociación ilícita y defraudación en la administración pública permanecerá privada de su libertad en el Servicio Penitenciario Provincial durante 60 días mientras continúa la investigación.
LA AUDIENCIA
Este lunes, el abogado Federico Farías solicitó al tribunal que revoque la extensión de la medida de coerción contra sus defendidos y dijo que está en la búsqueda de una salida alternativa al juicio oral. El defensor agregó que, en este contexto, la prisión preventiva es contradictoria.
Por su parte, la fiscal adjunta, María Alejandra Quiroga Nassivera informó que la pareja imputada continuó con la actividad delictiva luego de la primera audiencia de formulación de cargos que se llevó a cabo el 26 de septiembre. “Esta fiscalía no solicitó la preventiva en ese momento, sino que optamos por medidas menos gravosas. Sin embargo, la pareja continuó con la actividad delictiva lo que nos obligó a solicitar una prisión preventiva para cautelar la investigación”, dijo la fiscal.
El fiscal de Instrucción, Esteban Roche, pidió que se rechace lo solicitado por la defensa y se remitió a lo ordenado por el Tribunal de Impugnaciones el 9 de diciembre. En esa audiencia Farías también había solicitado que se revocara la medida de coerción contra sus defendidos y propuso que el proceso judicial lo transiten bajo prisión domiciliaria. Pero los jueces entendieron que existía el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación y rechazaron el planteo del defensor.
Alfredo Martín Massara, representante de Fiscalía de Estado, adhirió a las palabras de Roche.
El 26 de septiembre pasado, el fiscal N° 3 Roche, imputó a la pareja por el delito de falsificación de documentos públicos y privados luego de que un médico denunciara ante la Unidad de Abordaje Fiscal, que los acusados usaban su sello y firma para emitir certificados médicos y ofrecerlos por internet a cambio de dinero.
LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL
Luego de escuchar a cada una de las partes, el presidente del tribunal, Jorge Sabaini Zapata, informó que no correspondía hacer lugar a la solicitud de la defensa de los imputados y confirmó la decisión de Dopazo Samper.
“Se debe tener en cuenta la situación particular donde es primordial hacer cesar los efectos de este delito ya que las medidas morigeradas no han sido suficientes”.” dijo el tribunal en su resolución
El tribunal estuvo integrado por Jorge Sabaini Zapata en la presidencia, y las vocalías de Laura Belén Molino y Marcelo Bustamante Marone.
LA CAUSA
La causa se inició por una denuncia de un médico ante la Unidad de Abordaje Fiscal. El profesional informó que la pareja emitía certificados médicos falsificados con su firma y sello, los cuales eran ofrecidos a través de una página de Facebook. Gracias a la colaboración del Departamento de Delitos Complejos y un informe proporcionado por Meta, se identificó a los responsables de esta operación.
El 6 de junio, luego de determinar los domicilios de los involucrados, se llevó a cabo un allanamiento en el barrio San Luis 26, con resultado positivo. Durante el operativo, realizado en presencia de Toledo, se secuestraron recetarios, formularios de ANSES, sellos falsos, documentos personales y el teléfono de Tonelli, el cual fue clave para el avance de la investigación.
La pericia caligráfica realizada por la Licenciada Carina Bernal, del Departamento de Delitos Complejos, confirmó la falsificación de las firmas y sellos en los documentos incautados. Entre los archivos recuperados, también se encontraron certificados de apto médico para la Liga Sanluiseña de Fútbol, formularios de ANSES para la asignación por hijo, y libretas de salud, entre otros. Asimismo, en estados de WhatsApp, la imputada ofrecía certificados para justificaciones laborales, escolares, aptos físicos, libretas sanitarias y carnets de conducir.
A la pareja se les formuló cargos el 26 de septiembre y se les ordenó la firma del libro de Fiscalía por sesenta días y la prohibición de salir del territorio provincial. A pesar de las medidas de coerción impuestas, la fiscal tomó conocimiento que la pareja imputada continuó con la actividad delictiva. Un certificado médico con fecha del 11 de octubre de 2024 fue una de las pruebas que motivó a la Fiscalía a solicitar un nuevo allanamiento.
Por lo que se les volvió a formular cargos el 26 de noviembre. En esa audiencia se le dictó la prisión preventiva para ambos por el término de 30 días. Además de Tonelli y Toledo, se imputó a Graciela Apaza Señani por falsificación de documentos públicos y privados y asociación ilícita, a quien le ordenó, como medidas coercitivas, la firma del libro de Fiscalía por noventa días y la prohibición de salir del territorio provincial.
El 23 de diciembre, la jueza de Garantía Nº 2 de la ciudad de San Luis, Agustina Dopazo Samper, extendió la prisión preventiva por 60 días. Lo hizo luego de que la fiscal adjunta de la Primera Circunscripción, María Quiroga Nassivera fundamentara la prórroga de la prisión preventiva en la existencia de riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.
En esa oportunidad el defensor Federico Farías, cuestionó el pedido de prórroga de prisión preventiva y dijo que “Solo resta incorporar una sola evidencia a la causa y estamos trabajando para alcanzar un acuerdo alternativo al juicio por lo que este pedido de prisión preventiva lo tomamos como adelanto de condena”.
El Tribunal de Impugnaciones es el encargado de revisar las decisiones de los jueces de garantías u otras resoluciones judiciales susceptibles de ser impugnadas, garantizando que se respeten los derechos de las partes y que los actos procesales cumplan con los principios de legalidad y justicia.
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