El Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello decidió dar de baja a 4.588 titulares del programa Potenciar Trabajo luego de que se constataran “incompatibilidades”. La decisión se amparó en una investigación que encabezó el fiscal Guillermo Marijuan, quien realizó un entrecruzamiento de datos.
Desde la cartera informaron que “luego del entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios del plan potenciar trabajo y de la nómina de los empleados públicos de 14 provincias,4588 personas presentarían incompatibilidades para acceder a dicho plan”.
También detallaron que dentro de las 14 provincias investigadas aparecen Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.
Marijuan había pedido en noviembre las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires para verificar el padrón del plan social.
En la investigación se detectó la realización de maniobras ilícitas que podrían encuadrarse dentro del delito de defraudación al estado. Es por eso que el fiscal apuntó contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que “sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.
Actualmente, los titulares de Potenciar Trabajo cobran $78.000, equivalente a la mitad de un salario mínimo, vital y móvil. Luego de llegar al poder, el Gobierno Nacional anunció que esa cifra se congelaría, en el marco de las medidas económicas con las cuales busca bajar el déficit fiscal.
Según se detalló dentro de sus objetivos, el plan es “contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica”.
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