En las últimas horas se conoció el texto completo del Decreto N° 10140 fechado el 30 de octubre, en cuyo artículo 14° se dispone “incorporar a planta permanente a partir del 1 de noviembre de 2023 a todo el personal contratado del Escalafón General de la Administración Pública Provincial, que a la fecha de la mencionada, cuente con una antigüedad mayor a SEIS (6) meses, continuos o discontinuos, en el mencionado escalafón”.
Como es lógico, la medida adoptada por Alberto Rodríguez Saá, 40 días antes de dejar el poder, provocó la inmediata reacción del gobernador electo Claudio Poggi, quien todas las semanas se desayuna con medidas que impactan en las alicaídas arcas provinciales.
Según estimaciones periodísticas, se trata de aproximadamente 5.600 agentes contratados que pasarán a disfrutar de estabilidad laboral a fin de mes, muchos de los cuales serían funcionarios con rango de jefes de programa o asesores, es decir, el llamado personal político.
Según la oposición, esta medida de disponer el pase a planta permanente de personal contratado es violatoria de la Ley de Presupuesto de la provincia, por lo que varios especialistas en Derecho se encuentran redactando una presentación legal para frenar la entrada en vigencia de esta norma, en poco más de dos semanas.
La medida se suma a los “generosos” aumentos salariales que dispuso el gobierno semanas atrás para a administración pública y los beneficiarios de planes sociales, y a licitaciones de obras más que millonarias, que determinan un anticipo a las empresas superior a los 20 mil millones de pesos.
Sobre esto último, el poggismo efectuó una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, advirtiendo que si aprueba que se abone dicho monto, queda seriamente comprometido el cumplimiento del pago de salarios y aguinaldo de diciembre al personal estatal.
A casi cinco meses de las elecciones que consagraron el triunfo de la oposición, la ausencia de diálogo entre el gobernador saliente y su sucesor ha llevado a que todas las semanas se conozcan denuncias opositoras respecto a medidas que adopta la actual administración, destinadas a provocar un vaciamiento de recursos y dejar condicionada la gestión del futuro gobierno.
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