Lo presentó la Central de Trabajadores Argentinos San Luis (CTA), en contra del Decreto 832-23, que dejó sin efecto una anterior medida que establecía la titularización de 350 profesores que habían revalidado en dos oportunidades sus cargos.
Dicho recurso es propiciado desde la Asociación Sanluiseña de Docentes estatales (ASDE), en defensa de los derechos de sus afiliados.
Como dicha estabilidad “es un derecho que goza de protección constitucional”, desde estas organizaciones “se espera una respuesta positiva del gobierno provincial, que haga innecesaria la presentación judicial tendiente a preservar los derechos que el referido decreto pretende derogar”.
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