¿OTRA FISCALÍA CONTRA LA CORRUPCIÓN?

A pesar del anuncio del Gobierno de Javier Milei, ya existe una fiscalía destinada a ese tipo de delito desde el 29 de octubre de 1962.

Por Manuel Garrido *

En medio de agitadas negociaciones y presiones a legisladores y gobernadores para que el Congreso de la Nación apruebe las ambiciosas y estrafalarias normas promovidas por el Poder Ejecutivo, el vocero presidencial anunció que el Ministerio de Justicia gestionaría ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación la creación de una fiscalía especial “que se ocupe de investigar la corrupción de los funcionarios públicos, especialmente el enriquecimiento ilícito, incluyendo a funcionarios nacionales y provinciales, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo”.

Este anuncio fue precedido de diversas y variadas manifestaciones del ministro de Justicia sobre los órganos de investigación de la corrupción.

Antes de asumir, allegados al ministro adelantaron que ofrecería la Oficina Anticorrupción a la oposición. Sin embargo, luego designó a un abogado de su máxima confianza.

Posteriormente, el ministro también señaló que le quitaría la facultad de querellar a la Oficina Anticorrupción porque a su criterio “para eso están los fiscales”. Sin embargo, el texto de la ley ómnibus remitido por el Poder Ejecutivo mantiene esa facultad y no queda claro qué ocurrirá finalmente ni cuál es la voluntad real del Poder Ejecutivo al respecto.

Recientemente, Mariano Cúneo Libarona (foto) había anticipado la idea -confirmada hoy- de crear una fiscalía especial contra la corrupción en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

No se han divulgado, sin embargo, mayores precisiones sobre la propuesta, de modo tal de poder comprender su sentido y novedad.

Es que en nuestro país existe una fiscalía destinada a investigar la corrupción desde el 29 de octubre de 1962, fecha de creación de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.

Esa Fiscalía, que en su origen constituía un órgano independiente, actualmente integra la estructura del Ministerio Público Fiscal de la Nación y ha pasado a denominarse Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Entre sus competencias, la ley del Ministerio Público le asigna la facultad de investigar la conducta de los agentes integrantes de la administración nacional centralizada y descentralizada y de las empresas, sociedades y todo otro ente en que el Estado tenga participación.

Resoluciones posteriores del Ministerio Público le confirieron un papel central en la investigación de hechos de corrupción, de conformidad con los tratados internacionales contra la corrupción de los que la Argentina es parte.

Posteriormente, se crearon otros órganos con funciones análogas o parcialmente coincidentes, como la mencionada Oficina Anticorrupción dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) o inclusive la acéfala Defensoría del Pueblo de la Nación.

El anuncio de una fiscalía especial para investigar la corrupción pasa a engrosar entonces un panorama cada vez más difícil de comprender, siendo ya tradicional la confusión que campea aún entre los funcionarios estatales sobre estos órganos, su denominación, competencias y ubicación institucional.

Tratando de interpretar a su mejor luz la propuesta del Gobierno, pareciera que existe el propósito de extender las competencias de investigación a funcionarios del Poder Legislativo Nacional y a los funcionarios de las provincias.

La extensión de la competencia de la PIA a los integrantes del Congreso de la Nación debió efectuarse hace tiempo, ya que no hay razones para que un órgano especializado perteneciente al Ministerio Público esté limitado solo a la conducta de los integrantes de un solo poder, especialmente si se atiende a que es evidente que el fenómeno de la corrupción no se limita solo al Poder Ejecutivo.

La posibilidad de que una fiscalía federal pueda investigar a los funcionarios de las provincias por delitos contra las administraciones provinciales dará lugar seguramente a una amplia discusión sobre su viabilidad constitucional, en el marco de la distribución de competencias entre el gobierno federal y las provincias.

La necesidad de revisar el diseño y fortalecer los recursos, las facultades, la independencia y mejorar sustancialmente la eficacia de los órganos de prevención e investigación de la corrupción es una asignatura pendiente de la democracia, pero no debería ser realizada a los ponchazos, de manera desordenada o respondiendo a inspiraciones ocasionales de algún funcionario o, peor, como instrumento para lograr otros objetivos incluso menos relevantes que el deber de combatir la corrupción.

En todo caso, el anuncio grandilocuente de viejas novedades, como lo es la creación de una fiscalía contra la corrupción en un atiborrado paisaje de órganos de esa índole, revela la falta de una planificación coherente de políticas anticorrupción eficaces y parece responder a necesidades coyunturales, en este caso redoblar la presión a legisladores y gobernadores bajo la amenaza de “contarles las costillas” si se resisten a votar lo que desea el gobierno, o bien desviar la atención de los temas que hoy amenazan a la existencia misma de la República.

La utilización extorsiva o la banalización de las políticas contra la corrupción, además de la improvisación y falta de seriedad que revela, contribuye a corroer todavía más la credibilidad de esas vitales políticas públicas, a contramano de lo que el país necesita angustiosamente.

* Presidente y director de Innocence Project Argentina. Ex Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas. Profesor Titular de Derecho Penal en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Profesor de la Clínica Jurídica Penal del Postgrado de la Universidad de Palermo. (Infobae)

 

 

 

 

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