16 junio, 2024

UN CASTIGO MENOS: DESPUÉS DE LOS RECLAMOS, CAPUTO LIBERÓ FONDOS PARA EL PAGO DE SUELDOS EN ORGANISMOS PÚBLICOS

En medio de las tensiones con los gobernadores por la ley ómnibus, el Gobierno dio marcha atrás con el castigo que había anunciado a las provincias, y transfirió los fondos para apagar el conflicto que había estallado por la demora en el pago de sueldos de los empleados de organismos públicos que dependen de la Nación. La decisión fue tomada durante una reunión de urgencia entre el Ministerio de Economía, el Banco Central y el Banco Nación.

De esa manera, se estima que miles de empleados de organismos descentralizados y autárquicos que dependen de la administración central, como las universidades nacionales, hospitales y entes como ANSeS, AFIP, INTA, INTI y Senasa, entre otros, cobrarán sus haberes entre hoy y mañana, aunque sigue la controversia con las provincias y los bancos.

“Desde que arrancó esta gestión, a las universidades y organismos descentralizados (INTA, por ejemplo) se les decidió transferir los fondos para sueldos antes de fin del mes previo. Esto quiere decir que si no pagan en tiempo y forma es por decisión propia de cada organismo o Universidad”, señalaron este martes fuentes del Palacio de Hacienda.

El conflicto comenzó el viernes pasado cuando los bancos comenzaron a restringir el adelanto de fondos para el pago de haberes, por orden del Banco Central. La medida afectó a todas las entidades, sobre todo al Banco Nación, que ya estaba al tope del cupo autorizado para otorgar esa facilidad debido a que concentra el grueso de las cuentas sueldos de empleados públicos.

El Gobierno apuntaba a condicionar a las provincias, que desde hace cinco años por lo menos acceden ese financiamiento con sus propios bancos. En una reunión de gabinete, el Presidente advirtió que iba a dejarlas “sin un peso” por bloquear el ajuste fiscal de la ley ómnibus. Pero la decisión del BCRA provocó un “efecto dominó” y terminó alcanzando a todos los organismos descentralizados.

A continuación, el Banco Nación le comunicó a la mitad de las universidades nacionales, con las cuales tiene convenios, la imposibilidad de adelantar fondos. Y, en respuesta, los rectores de la universidad de Rosario, Río Cuarto, San Juan y San Luis, entre otras, anunciaron la postergación del pago de los haberes entre 3 y 10 días, cuando solían acreditarlo entre el 29 y 31 de cada mes.

La restricción sobre los adelantos transitorios para el pago de haberes es de larga data. A fines de 1999, en plena crisis de la convertibilidad, el Banco Central estableció que las entidades financieras “no podrán refinanciar u otorgar asistencia financiera al sector público no financiero”. Luego, la norma se fue flexibilizando y, en 2019, la gestión de Macri habilitó su uso con ciertos límites.

Desde entonces, el financiamiento se renovó año a año para el pago de haberes de organismos y empresas públicas hasta que la semana pasada Presidencia anunció que el BCRA no iba a extender la autorización (que vence este miércoles) para que las provincias se endeuden con bancos provinciales para afrontar “necesidades urgentes”, en referencia a la comunicación A7674.

En realidad, la normativa no solo alcanza a los bancos provinciales, que contaban con ese margen crediticio para pagar haberes, sino a todas las entidades financieras. El Gobierno trató de calmar las aguas con el envío de fondos directos del Tesoro a los entes nacionales. Sin embargo, los bancos siguen disconformes y sospechan que son víctimas de un “poroteo” con los gobernadores.

Por ello, las cámaras ABA, Adeba y Abappra le enviaron cartas a Bausili para que extienda la medida al señalar que es clave para las provincias y municipios en un contexto de incertidumbre por las nuevas medidas tributarias, la reducción en marcha de los aportes no obligatorios del Tesoro y la mayor nominalidad por el impacto de la inflación en los sueldos, según fuentes oficiales.

En el caso de las provincias, algunos distritos recurrieron a fondos propios y asistieron a aquellos municipios con dificultades para pagar haberes, ya que los intendentes no tienen la facultad para endeudarse. En ese contexto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof solicitó permiso para endeudarse y subió impuestos para pagar aguinaldos y asistir intendentes.

Desde su asunción, Javier Milei ajustó la administración central con la baja de 7.000 contratos y el recorte de horas extras. Pero ante las dificultades para conseguir el apoyo de los gobernadores al plan de shock, Caputo anunció el viernes la eliminación del capítulo fiscal de la ley ómnibus y “un mayor ajuste para la política, la Nación y las provincias”, incluyendo un recorte de transferencias discrecionales.

 

 

 

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