22 abril, 2024

ABREN RONDA DE CONSULTAS SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

“La ciudadanía reclama transparencia en la gestión pública”. Así lo consideró Patricia Alegre, expresidenta del Colegio de Abogados de Villa Mercedes. Ella y otros colegas fueron convocados por el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, para dialogar sobre el anteproyecto de Ley de Extinción de Dominio.

Para elaborar la Ley de Extinción de Dominio, que tiene como finalidad recuperar los bienes mal habidos por actos de corrupción, el Ejecutivo provincial quiere sumar la opinión y el conocimiento de profesionales. Por ello, el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, mantuvo una reunión con expresidentes del Colegio de Abogados de Villa Mercedes.

Es el primero de los encuentros que impulsa el Gobierno con colegios profesionales e instituciones, para buscar el consenso y la máxima participación de la sociedad civil en la construcción de las políticas estatales. Los abogados Patricia Alegre, Claudio Sánchez Clavero, Adolfo Aman y Sergio Ramallo, compartieron su parecer y experiencias para nutrir y ampliar el texto del anteproyecto.

“Estamos muy agradecidos por la recepción del Secretario. Claramente hay una decisión política de investigar a fondo los bienes adquiridos por la corrupción y las acciones criminales. Es un proyecto que está avanzado, que creemos que tendrá gran impacto social, y que otros colegios profesionales seguramente van a acompañar, porque es lo que la ciudadanía reclama, la transparencia en la gestión pública”, dijo Alegre al concluir la reunión.

Aman, en tanto, agradeció la invitación y valoró como positivo que se haga parte a todos los colegios e instituciones intermedias. “Todos estamos ávidos de que se aclaren las situaciones y que se ejecute una política pública limpia, coherente y trasparente”, refirió.

Por parte de la Secretaría participaron en el encuentro el secretario Bazla, el diputado y creador del proyecto, Carlos Pereira; el director de Ética Pública, Darío Oviedo; y el asesor legal, Bruno Fernández.

 

 

 

 

 

 

 

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