El magistrado Hugo Ricardo Sastre de Rawson hizo lugar a una medida promovida por el gobernador Ignacio Torres y dispuso que cese la retención de la coparticipación ordenada por la Casa Rosada. Además, exhortó a las partes que se sienten a negociar la refinanciación de la deuda que la provincia mantiene con la Nación
De todos modos, trascendió que el gobierno pedirá un per saltum a la Corte Suprema de Justicia a fin de revertir el reciente fallo desfavorable.
El juez federal de Rawson Hugo Ricardo Sastre falló hoy a favor del gobierno de Chubut en la controversia suscitada a partir de la retención de fondos coparticipables dispuesta por el gobierno nacional. “Nos encontramos ante una injusta e intransigente posición por parte de la demandada, sumado a una inexistente política de absorción de consecuencias por parte del Estado Nacional respecto de la Provincia del Chubut llevada a cabo por el descuento automático de fondo coparticipables”, señaló el magistrado sobre el gobierno de Javier Milei.
Así, en una resolución a la que accedió Infobae, el magistrado ordenó hacer lugar a la medida autosatisfactiva promovida por la provincia y disponer el cese de la retención que realizó el Poder Ejecutivo en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
Además, Sastre exhortó a los gobiernos de Chubut y de la Nación a que arbitren los medios necesarios para cancelar o refinanciar la deuda que el Estado provincial mantiene con la Casa Rosada, siempre y cuando no importen el compromiso de servicios esenciales para los chubutenses. El magistrado no aceptó el pedido del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de que el estado nacional le devuelva los más de 13 mil millones de pesos retenidos la semana pasada.
Para entender la raíz del conflicto hay que retrotraerse a la semana pasada, cuando el gobierno nacional ejecutó una garantía para cobrar una deuda de Chubut y dispuso un recorte en la transferencia habitual de los fondos coparticipables que le corresponden.
Aliado a otros gobernadores, el mandatario local amenazó con cortar la provisión de petróleo y gas si Milei no suspendía su decisión. A la par, activó una ofensiva en los tribunales que derivó en la sentencia conocida hoy.
El gobierno de Chubut presentó ayer una medida autosatisfactiva contra la decisión del gobierno nacional. “En lugar de brindar cooperación y asistencia a una Provincia en emergencia que persigue nada más ni nada menos que brindar los servicios de educación, salud y seguridad más elementales para el pueblo chubutense, el Estado nacional no sólo se desentiende, sino que implementa medidas de ahogo financiero que sólo tienen por finalidad la profundización de la crisis provincial”, sostuvo Torres en la presentación judicial.
El juez Sastre aceptó el planteo en una resolución de 19 páginas. El magistrado recordó la historia del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial de la coparticipación y recordó que se trata de una herramienta para ayudar a las provincias en el saneamiento de sus finanzas y que a lo largo del tiempo el estado nacional -durante otros gobiernos- fue refinanciando las deudas.
Sastre también resaltó que Chubut buscó con el gobierno de Milei un proceso nuevo para el pago de la deuda. “Encuentro que el obrar de la demandada resulta irracional, así como contrario a la finalidad de la norma que constituye el Fondo y a la que dispone la refinanciación de la deuda ahora en pugna, pues, encontrándose en una posición claramente dominante, decide ignorar las peticiones de refinanciamiento efectuadas por la Provincia, obviando el estado de emergencia que atraviesa”, sostuvo el juez.
Y agregó que la decisión del gobierno de Milei que no enviar los fondos “no se condice con su accionar en años anteriores, en los que la situación financiera y de necesidad de saneamiento de las cuentas públicas de la accionante resultaba idéntica a la actual” y que “dicho accionar, conduce al agravamiento de la situación especial por la que atraviesa la Provincia del Chubut”.
Esta es la segunda resolución de Sastre a favor de Chubut por conflictos de quita de subsidios. La primera fue por la eliminación del Fondo Compensar del Interior para subsidiar el transporte público. La causa también estuvo a cargo del juez Sastre que la semana pasada aceptó el pedido del gobierno provincial.
El magistrado ordenó que el Estado nacional “se abstenga de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción del Fondo Compensador del Interior con significación en el transporte urbano y suburbano de pasajeros en jurisdicción de la provincia del Chubut”.
PER SALTUM
Horas más tarde de conocerse el fallo, se supo que el presidente Javier Milei ordenó a su equipo legal pedir un per saltum a la Corte Suprema de Justicia a fin de revertir el reciente fallo desfavorable en torno a la disputa por fondos coparticipables de Chubut.
En ese marco, la Secretaría Legal y Técnica, además del per saltum, explorará la chance de plantear la “incompetencia plena” y recusación del juez que favoreció a la provincia de Chubut, según trascendió este martes en Casa Rosada.
De este modo el Gobierno busca responder de inmediato al fallo que dio lugar al planteo del gobernador chubutense, Ignacio Torres, para que la Nación le devuelva los 13.500 millones de pesos que le quitó de coparticipación debido a una deuda.
Mediante el per saltum, el oficialismo podría apelar el fallo directamente en la Corte, ahorrándose las instancias previas, y en ese marco consideran que la relación de las provincias con el Gobierno nacional es competencia plena del máximo tribunal.
El per saltum es una herramienta legal que opera del siguiente modo: una vez que una causa tiene sentencia del Juzgado competente de Primera Instancia, y si reviste gravedad institucional, las partes apelantes pueden llevar el caso directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación evitando pasar por la segunda instancia.
El procedimiento normal de un trámite judicial se inicia con una causa ordinaria en materia civil, comercial o administrativa que ingresa a un Juzgado de Primera instancia, quien luego del trámite dicta sentencia, posteriormente en caso que las partes se sientan afectadas tiene el derecho a apelarla ante una cámara, donde resolverá un tribunal compuesto por tres jueces y, ante tal pronunciamiento, queda la instancia extraordinaria y última en nuestro país: acudir ante la Corte Suprema.
Cuando una de las partes presenta un per saltum, los jueces del máximo tribunal se reúnen en una reunión de acuerdo y analizan si el pedido es justificado o no. Si lo aceptan, volverán a reunirse para emitir una sentencia definitiva. Si lo rechazan, la causa continúa su trámite natural.
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