Alrededor de 30 allanamientos se realizaron este lunes en el marco de una investigación por posibles extorsiones de varios dirigentes de distintas organizaciones sociales para que manifestantes concurran a protestas.
Los procedimientos habían sido solicitados por el fiscal Gerardo Pollicita, quien recibió una denuncia del Ministerio de Seguridad a raíz de los cientos de llamados realizados a la línea 134 que habilitó la cartera que conduce Patricia Bullrich.
La investigación desde entonces implicó la identificación de varios dirigentes sociales que ahora fueron imputados por el delito de extorsión.
La investigación desde entonces implicó la identificación de varios dirigentes sociales que ahora fueron imputados por el delito de extorsión, en total lo fueron 27; entre ellos Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti, todos ellos del Partido Obrero; así como otros dirigentes de Barrios de Pie y otras organizaciones sociales.
En una primera instancia, el fiscal pidió incluso detenciones las cuales no fueron concedidas por el juez Sebastián Casanello y amerito la intervención de la Cámara Federal que sí habilitó los allanamientos como medida de prueba, lo que se efectivizó en el día de hoy.
Para la fiscalía, hubo tres tipos de extorsión a partir de los planes sociales que giraba el Ministerio de Desarrollo Social, que era cobrarles a los afiliados una “cuota” para aporte de los comedores, obligarlos a vender por la zona los alimentos que recibían del Estado Nacional y también a asistir a manifestaciones, todo bajo amenaza de quitarles la ayuda o bien no entregarles los animales.
Como método de control se tomaba asistencia a las marchas, se imponían castigos con “multas” para los que no cumplieran a rajatabla la asistencia a marchas (en algunos casos era de 10 mil por cada una de ellas, ndr) o bien la prohibición de retirar alimentos que daba el Estado a los comedores.
También había “listas de espera” de personas que querían acceder al plan Potenciar Trabajo y eran obligados como mérito a ello a realiza trabajos; los “beneficiarios comunes” que son los que lo recibirán y como contraprestación debían ir a marchas o hacer “un aporte” al comedor; los “delegados” que reciben el doble o triple ayuda y los “referentes” quienes controlan la administración de fondos y ordenan a los anteriores.
Como prueba, la fiscalía cuenta con los mensajes donde los referentes o delegados transmitían las sanciones que eran el no retiro de alimentos o el aporte por no asistir a una marcha determinada: “compañeros que tienen 0 movilizaciones y que pasarán a lista de espera”, reza el hallazgo de esos mensajes.
Los delitos imputados por la fiscalía son de extorsión, amenazas coactivas, y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Los allanamientos fueron en varios comedores así como casas particulares luego de tareas de inteligencia en donde se los individualizó, y también incluyó varias horas de intervenciones telefónicas habilitadas por el juzgado.
“De esta manera, los imputados violando los deberes a su cargo perjudicaron gravemente los intereses a ellos confiados, toda vez que los fondos públicos otorgados mediante subsidio y los alimentos y la mercadería que el Estado Nacional distribuía a los comedores, habían sido asignados a dicho destino con la finalidad de que pudieran utilizarse para la asistencia social de las personas más necesitadas y no para los fines lucrativos a los que los imputados torcieron ilegítimamente su destino”, según la fiscalía.
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