A pesar que el gobierno nacional anunció un acuerdo para aumentar los gastos de funcionamiento, el mismo aún no se hizo efectivo ni se firmó un acuerdo. Por otro lado, persiste el reclamo salarial de docentes y nodocentes por una recomposición salarial que permita recomponer el poder adquisitivo perdido en el último semestre, superior al 60%.
El vocero presidencial Manuel Adorni anunció que se había llegado a un acuerdo con las universidades nacionales, a partir que el Gobierno nacional se comprometió a actualizar un 270% los gastos de funcionamiento para todas las casas de estudio, como ya lo hizo con la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que nuclea a los rectores de las universidades públicas, confirmaron que hubo conversaciones pero el acuerdo aún no está firmado: debería concretarse el lunes o martes de la semana próxima. En tanto, ayer no hubo acuerdo en la paritaria con docentes y no docentes, y el Frente Sindical de Universidades Nacionales ratificó el paro nacional de este jueves 23, al que también adhieren los gremios docentes del sistema educativo obligatorio (CTERA, UDA, SADOP, AMET y CEA).
La propuesta del Gobierno –que reconoce el reclamo de la Marcha Federal Universitaria del pasado 23 de abril– fue realizada en el marco de una reunión informal y prevé el compromiso de equiparar la actualización que consiguió la UBA de 270% para gastos de funcionamiento. Esa propuesta debería concretarse formalmente la semana que viene, en una reunión entre las autoridades del CIN y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
En ese mismo encuentro “se concretaría el llamado a las mesas de trabajo de los temas salariales, becas estudiantiles, Ciencia y Tecnología, obras de infraestructura y resoluciones adeudadas”, dijeron desde el CIN, en referencia a las principales demandas de la Marcha Federal, en la que habían participado las universidades de todo el país. La propuesta oficial también prevé que se inicien “las reuniones para discutir técnicamente la confección del presupuesto 2025 en conjunto”, mencionaron desde el CIN.
“Si en los próximos días se confirma lo anunciado y se ratifica formalmente en una resolución de igual tenor a la que se emitió para la UBA, sería un paso importante que reconoce lo que las universidades públicas venimos planteando desde enero, y que da respuesta a lo que reclamamos desde que se tomó la decisión discrecional de actualizar el presupuesto de la UBA desconociendo a 60 universidades que a lo largo y a lo ancho del país representamos el 85% de los más de 2 millones de estudiantes que tiene el sistema universitario público de la Argentina”, dijo Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
“Nos daría el oxígeno suficiente para poder llegar a fin de año sin lesionar las actividades básicas y el funcionamiento de la universidad”, planteó Bartolacci. “Si se confirma el lunes que es ese el aumento en materia de gastos de funcionamiento, la situación va a quedar acomodada para tener previsibilidad”, coincidieron desde otra universidad nacional.
La semana pasada la UBA había anunciado la suspensión de la emergencia presupuestaria, luego de que el Gobierno nacional le ofreciera un aumento de 270% en el presupuesto para gastos de funcionamiento y de 300% para los hospitales universitarios.
El CIN había denunciado que ese acuerdo discriminaba al resto de las universidades nacionales: “Resulta inadmisible y provocador que se reconozca (el reclamo) solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas”. En un comunicado, los rectores declararon: “No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda”.
EL SALARIO, ENTRE LOS PRINCIPALES RECLAMOS
Más allá del nuevo anuncio oficial, Bartolacci enumeró varios ejes de discusión que continúan abiertos: “Queda pendiente resolver la cuestión salarial de los trabajadores de la educación, la continuidad del programa nacional de infraestructura universitaria –hoy todas las obras están paradas–, la actualización de los programas de asistencia y becas estudiantiles (que en un contexto de crisis económica son definitorios para garantizar la continuidad de los estudios) y la situación crítica del sistema científico”.
El atraso salarial de docentes y no docentes fue uno de los principales reclamos de la Marcha Federal Universitaria. Este lunes el Gobierno nacional ofreció un 9% de actualización para mayo, que se suma al 16% otorgado en febrero, el 12% en marzo y el 8% en abril. El Frente Sindical de Universidades Nacionales (que nuclea a los gremios CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT, UDA y FATUN) rechazó una vez más la oferta realizada por el Ministerio de Capital Humano, y se pasó a un cuarto intermedio hasta el martes 28.
Desde el Frente Sindical ratificaron el paro nacional del jueves 23 de mayo –a un mes de la masiva movilización de abril–, que será precedido por una jornada de “visibilización” del conflicto el miércoles 22 en las universidades públicas de todo el país.
Según explicaron desde Conadu, en los cinco meses de la actual gestión de gobierno, los docentes universitarios acumulan una actualización salarial del 61,4% (incluyendo el 9% anunciado el lunes), mientras que la inflación desde diciembre fue del 122,5% (previendo un 7,5% en mayo, según el REM del BCRA). La diferencia acumulada es de 61 puntos porcentuales.
La medida de fuerza tiene la adhesión de los gremios docentes de los niveles educativos obligatorios (inicial, primaria y secundaria). Los reclamos de los gremios nacionales incluyen como primer punto la convocatoria a discutir el salario mínimo docente, que permanece congelado en 250.000 pesos desde diciembre de 2023, y que funciona como un piso para las negociaciones paritarias en cada provincia.
Los reclamos también incluyen la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el envío de recursos para infraestructura escolar y comedores, el financiamiento de programas educativos y el rechazo a una eventual modificación de los regímenes jubilatorios de docentes nacionales y provinciales, señaló CTERA en un comunicado.
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