En un fallo que no tiene precedentes, la Justicia federal de Mar del Plata dictó la primera condena por lavados de activos derivados de un caso de lesa humanidad. Declaró culpables a los herederos de uno de los miembros de la banda de Aníbal Gordon, un grupo de tareas que actuó en los 70 al amparo de la denominada Triple A, que se había abocado a robar dinero y bienes a sus víctimas desde el centro de clandestino de detención y torturas Automotores Orletti.
El presidente del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Roberto Falcone, consideró probado que cuatro hijos del fallecido Leonardo Miguel Save lavaron activos que su padre había acumulado mientras cometía crímenes, junto a Aníbal Gordon, durante los primeros meses de la dictadura, en 1976.
Aníbal Gordon, acusado de pertenecer a la Triple A.
Falcone, quien integró de forma unipersonal el tribunal durante el juicio, halló culpables a María Eugenia, María Natalia, Marcelo Leonardo y Ana María Save, aunque rechazó enviarlos a prisión, como había solicitado la Fiscalía. Decidió, en cambio, que deberán pagar una multa de $10,8 millones cada uno, además de ordenar el decomiso de un campo de 36 hectáreas en Chascomús que se destinará a crear un sitio de Memoria, Verdad y Justicia.
Para el magistrado, quedó probado que los hermanos Save buscaron ocultar el origen delictivo de los fondos con que su padre y otros miembros de la banda de Gordon adquirieron ese predio en 1976 y que ellos escrituraron en 2008, tal como habían sostenido Laura Mazzaferri, María Eugenia Montero y Julio Darmandrail en nombre de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Intervino como fiscal en la instrucción de la causa y en el juicio Juan Pablo Curi.
¿Cómo fue la maniobra delictiva, según la Justicia? Save integró un grupo de tareas que actuó desde el centro clandestino de detención y torturas Automotores Orletti y que acumuló dinero y bienes de sus víctimas durante la dictadura, bajo el paraguas del llamado “Plan Cóndor”. Entre ellos, una vivienda que le sustrajeron al militante uruguayo Alberto Mechoso Méndez, en septiembre de 1976.
Juez Roberto Falcone.
El siguiente paso de la maniobra delictiva se registró cuando la banda de Aníbal Gordon reintrodujo esas fortunas delictivas en el mercado legal con la compra de dos parcelas de campo en las que planeaban desarrollar un emprendimiento comercial inmobiliario. Y así fue como en octubre de 1976 firmaron boletos de compraventa por esas parcelas, aunque “las verdaderas identidades de los adquirentes quedaron enmascaradas detrás de personas inexistentes, con datos filiatorios apócrifos”.
Las maniobras delictivas continuaron. Según consideró probado el juez Falcone, la banda llevó personal para que trabajara en el desarrollo inmobiliario, aunque integrantes de las fuerzas armadas luego secuestró a esas personas por orden del coronel Ramón Camps. A partir de entonces y durante dos décadas, el predio se sumió en un abandono aparente, período en el que Gordon fue detenido, acusado de varios secuestros y asesinatos, y murió en la cárcel en 1987. Doce años después, los hijos de Save comenzaron a moverse para transferir e incorporar esas hectáreas a su patrimonio.
Durante la instancia oral, algunos de aquellos peones rurales confirmaron que habían trabajado en ese predio, que grupos de tareas los habían secuestrado y torturado en la Comisaría Primera de Chascomús, y que luego comenzaron a ser liberados, momento en que les dijeron que habían trabajado en un campo que era de la gente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
En ese contexto, Falcone desechó la posibilidad de que las maniobras de blanqueo desarrolladas durante décadas estuvieran prescriptas. “El lavado de activos, mediante la acción típica de administración, integra la categoría de los llamados delitos permanentes”, argumentó, “cuya consumación no cesa al momento de la realización típica, sino que se perpetúa en el tiempo, mientras se mantenga el estado antijurídico del autor”.
El siguiente paso ocurrirá el 14 de junio, cuando se conozcan los fundamentos de la sentencia contra los hermanos Save y, una vez notificados, comience a correr el plazo para que apelen ante la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país, sólo por debajo de la Corte Suprema de Justicia.
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