Se trata de un adolescente imputado por homicidio simple en grado de tentativa y amenaza con arma.
Este viernes, se desarrolló una audiencia de vencimiento de prórroga en una causa que tiene como imputado a un adolescente por el delito de homicidio simple en grado de tentativa y amenaza con arma.
La audiencia de formulación de cargos, se realizó el pasado domingo 2 de junio, en donde el fiscal relató que el hecho ocurrió el, día 31 de mayo a las 23 hs. en calle Uruguay al 300. En ese momento, se gestó una pelea entre varias personas, a pocos minutos, llegó la policía, momento en que un menor de 16 años, que se encontraba en el lugar, entró a la casa sacó un cuchillo y apuñaló a otra de las personas que se encontraba allí, mayor de 56 años de edad. En consecuencia, personal policial intentó detener al joven, quien salió corriendo con el arma blanca amenazando a todos los que se le acercaban. Luego, a 200 metros del lugar del hecho, fue reducido y detenido (ver aquí: https://www.periodicojudicial.gov.ar/juzgado-penal-juvenil-y-contravencional-audiencia-de-formulacion-de-cargos/).
En la audiencia de hoy participaron, desde el Ministerio Público Fiscal, el Dr. Maximiliano Bazla y la Dra. Cecilia Framini. Del Ministerio Público de la Defensa intervino la Dra. Victoria Cortázar Furnari. En representación tutelar del imputado estuvo presente la madre y en representación legal, el Dr. Gustavo Correa. Como secretaria intervino la Dra. Silvana Casini y la agente judicial Nadia Torres.
En esta ocasión, el representante legal en defensa del joven realizó una descripción de su teoría del caso. Mencionó que surgieron otros elementos que denotan que hubo una legítima defensa del adolescente y que hubo una falta de prudencia por parte del adulto, dijo que el hecho no fue tan gravoso para tipificarlo de la manera en que lo hizo el Ministerio Público Fiscal.
El Dr. Bazla manifestó que la legítima defensa requiere la existencia de una agresión inminente e injusta y que en este caso se produjo un hecho de violencia que cesó con la presencia de personal policial. Agregó que el adolescente, al momento de apuñalar al damnificado, no intentó repeler una agresión y que fue calificado por el accionar del imputado que ocasionó un riesgo en la vida de la víctima.
Manifestó que el hecho está acreditado y ratificó la calificación legal.
La Defensora de Niñez y Adolescencia, solicitó que se reformulen los cargos por el delito de lesiones, teniendo en cuenta la evolución del damnificado.
La Dra. María Antonella Panero Magnano- Jueza- sostuvo la formulación de cargos por el delito de homicidio simple en grado de tentativa y amenaza con arma.
MEDIDAS
En una segunda parte de la audiencia se analizó sobre las medidas cautelares.
La fiscalía explicó que en la semana de prórroga de detención en la que el imputado tenía que cumplir prisión domiciliaria sucedieron hechos de agresión contra su madre, quien relató que no podía contenerlo. Teniendo en cuenta esto, y lo sucedido anteriormente, es que adelantó que solicitaría medidas coercitivas.
El Dr. Bazla consideró que la medida adecuada es el alojamiento del menor en un centro especializado y que cumpla todos los requisitos a los fines de garantizar sus derechos y tenga una oportunidad en el futuro. Argumentó que se debe velar por la seguridad de la víctima, de testigos, de terceros y de sí mismo.
Para eso, solicitó que se oficie al Ministerio de Seguridad de la provincia para que informe de manera urgente cuál es el establecimiento con el que tienen convenio en otra provincia y que sea adecuado para el imputado, el cual debe garantizar la educación, la contención psicológica y psiquiátrica, tratamiento por consumo problemático y atender las causales de las conductas violentas.
En relación a ello, la Dra. Victoria Cortázar Furnari solicitó el rechazo de la medida coercitiva ya que se entiende como un fin punitivo y de coartar la libertad. Relató que el adolescente presenta una historia vital de vulneración de derechos, falta de cuidado y de vínculo parental.
Solicitó que se busque un centro para que realice un tratamiento psicológico, psiquiátrico y farmacológico con finalidad de rehabilitación.
El Dr. Gustavo Correa expresó que el alojamiento en otra provincia y una prisión preventiva sería condenarlo por el sólo hecho de haber tenido un conflicto con la ley penal. Agregó que se estarían violando todas las convenciones internacionales y que existen otras medidas menos gravosas.
Propuso que se realice un informe socio-ambiental en la casa del abuelo paterno –ya que expuso su voluntad de cuidado- y se apliquen otras medidas socio-educativas.
Luego de la exposición de las partes, la Dra. Panero resolvió hacer lugar a lo solicitado por la fiscalía.
En sus consideraciones explicó que debe velar para que se garanticen todos los derechos del adolescente, que su decisión se funda en la falta de recursos, presencia y contención parental, en que se trató de un hecho violento y que el joven necesita ayuda para controlar sus impulsos.
Manifestó que la medida es tendiente a la recuperación, a la atención constante y permanente.
Ordenó que con habilitación de día y hora se oficie al Ministerio de Seguridad a los fines de que informen en qué instituto de otra provincia puede ser recibido para que tenga un abordaje interdisciplinario, atención psicológica, psiquiátrica, tratamiento farmacológico y se cumpla con todas las garantías y derechos por ser un adolescente en conflicto con la ley penal.
Mientras dure la medida, ordenó la realización de informes socio-ambientales en casa de un familiar del adolescente a los fines de prever un lugar de contención y cuidado en un futuro próximo. Mientras se gestione el traslado a un centro especializado, el joven se alojará en la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia.
El representante legal, Dr. Gustavo Correa interpuso un recurso de revisión.
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