12 julio, 2024

OFRECERÁN ASESORAMIENTO LEGAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE BAJOS RECURSOS

La iniciativa apunta a facilitar la acción de amparo ante la Justicia Federal y se realizará gracias a un acuerdo suscripto por la Secretaría de Personas con Discapacidad y el Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis (CAPSL).

La secretaría de Personas con Discapacidad cuenta con asesoría jurídica pero no tiene la posibilidad de representar directamente ante la Justicia Federal a las personas con discapacidad de bajos recursos, que vean vulnerados sus derechos o interrumpidas las prestaciones de salud y necesiten asistencia legal.

Ante esta situación, el titular de la cartera, Luis Giraudo, acompañado por el jefe del área coordinación general, Daniel Scappini, se reunió con el presidente del Colegio de Abogados de San Luis (CAPSL), Gabriel Alessandro, y el prosecretario, Sebastián Aravena, para solicitar asesoramiento legal y patrocinio letrado.

Alessandro, informó que la propuesta “fue bien recibida por los matriculados del directorio, quienes estarán disponibles para patrocinar a las familias que requieran presentar recursos de amparo”.

Se acordó que las familias únicamente deberán cubrir las tasas, sellados o un bono ley para iniciar el reclamo, lo cual representa un costo considerablemente menor a lo que deberían abonar en total. Generalmente los recursos de amparo tienen buenos resultados y las obras sociales suelen hacerse cargo de los honorarios legales. El proceso se divide en dos etapas: la presentación del amparo y posteriormente, la demanda. En muchos casos, se concluye con la entrega de un informe judicial, aunque en otros casos el amparo se judicializa para garantizar la prestación a la persona con discapacidad.

Se estableció además la creación de un registro por parte del Colegio de Abogados para asignar casos a medida que surjan, con la posibilidad de realizar capacitaciones a los matriculados sobre este tema específico con el objetivo de sensibilizar a las obras sociales sobre la importancia de no interrumpir la prestación a personas con discapacidad.

 

 

 

 

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