José Luis Salazar fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial bajo prisión preventiva, acusado de cometer delitos contra la propiedad, de incumplir una orden judicial y de amenazar y privar de la libertad a su ex pareja y a sus hijas.
La medida de coerción fue solicitada por la Fiscalía de Instrucción N° 4 de la Primera Circunscripción en la audiencia de formulación de cargos que se desarrolló este jueves al mediodía por ante el Juzgado de Garantías N° 3 de la ciudad de San Luis.
El juez Marcos Flores Leyes entendió que la petición de la fiscal María del Valle Durán y de la fiscal adjunta, Antonella Romagnoli, era razonable y proporcional y ordenó el encerramiento preventivo del imputado por un plazo de 120 días, tal como lo había solicitado el Ministerio Fiscal.
Las fiscales le atribuyeron a Salazar una calificación legal provisoria por los delitos de daños (un hecho), hurto simple (cuatro hechos), hurto simple (un hecho), desobediencia de una orden judicial en perjuicio de la Administración Pública, amenazas y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de su ex pareja y de sus hijas; todo en concurso real.
Según la acusación fiscal, los hechos imputados ocurrieron en la ciudad de San Luis entre el 12 de marzo de 2023 y el 6 de agosto de 2024. El primero ocurrió en la vivienda que habitaba con su pareja en la calle Luján al 300. Luego de una discusión con la mujer, Salazar se retiró de la casa a las tres de la madrugada con una garrafa y una pava eléctrica. Dos horas después regresó para sacar un colchón. Como no pudo, rompió el vidrio de una ventana y se fue.
El segundo hecho ocurrió el 8 de enero de 2024 a la mañana en un local de ropa donde Salazar presuntamente sustrajo al menos veinte prendas. Días después, la dueña del negocio detecta al imputado que estaba por ingresar nuevamente, lo toma de la mochila y lo tira contra la pared.
Dos semanas después, el 25 de enero, el hombre ingresó a otro local de ropa y una empleada lo reconoce como alguien que había ingresado días anteriores. “La mujer revisa las cámaras y lo ve metiéndose ropa adentro de su pantalón, por lo que va y lo enfrenta, pero Salazar le dice que se calle la boca y se va. Cuando el dueño revisó las cámaras, observó que la misma persona había ido el 22 de enero acompañado por una mujer y que, mientras él distraía a la empleada, la mujer sustraía la ropa”, narró Romagnoli.
Otro de los hechos ocurrió el 27 de mayo en un negocio de la calle Colón, en pleno microcentro. De acuerdo a la denuncia, el imputado sustrajo dos camperas de abrigo inflables; acción que quedó registrada por las cámaras del lugar. “Allí se observa al señor Salazar con una campera de color oscuro y una mochila de color verde militar, la cuela fue secuestrada por la policía en un allanamiento”, la fiscal.
Los últimos dos acontecimientos tuvieron como víctimas a su ex pareja y a las hijas de la mujer. “El 13 de abril, Salazar se encontraba con su familia en una vivienda del Barrio 527 Viviendas. En un momento, la pareja comenzó a discutir y la mujer le pidió que se retirara del lugar. Salazar se va ofuscado, pero deja encerrados tanto a la mujer, que estaba cursando un embarazo, y a las dos niñas de 7 y 13 años, quienes pueden salir de la vivienda con ayuda de la policía”, dijo la fiscal adjunta.
El imputado fue detenido unas cuadras cercanas a la casa, con el manojo de llaves. Por este episodio, el Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia N° 2, ordenó una restricción de acercamiento y de contacto por seis meses a favor de la víctima y sus hijas.
Pese a esta orden judicial, el 6 de agosto Salazar se hizo presente en la casa de su ex pareja y le pidió ingresar. Como la mujer se negó, comenzó a amenazarla e insultarla.
TUTELAR A LA SOCIEDAD
La fiscal María del Valle Durán dijo que el pedido de la prisión preventiva es razonable y proporcional atento a la solidez de las evidencias y constancias de la existencia de todos los hechos y de la autoría del imputado.
“Las conductas han sido reiteradas. Reiteradamente, Salazar ha ingresado a distintos negocios, provocando daños graves a la propiedad, sumiendo con ello a toda la sociedad en una inseguridad, no solamente de San Luis sino también de Villa Mercedes”, dijo la fiscal.
Y agregó: “Ha inmerso a su ex pareja en un contexto de violencia y a sus hijas, menores y mujeres, existiendo riesgo para la integridad de la familia con el consiguiente riesgo de entorpecimiento de la investigación, ya que, en este círculo de violencia, la mujer se encuentra totalmente vulnerada y condicionada porque lo hemos visto a través de las distintas entrevistas que hemos mantenido con ella”.
“En este caso, no solo queremos tutelar a las víctimas, sino también a la sociedad en general. El imputado tiene una larga lista de antecedentes, la mayoría contra la propiedad, donde ha sido encontrado en flagrancia, ha sido filmado, demostrando su actitud de no respetar las normas”, sostuvo Durán.
DERECHO DE LOS CIUDADANOS
Salazar se encuentra a la espera de un juicio que comenzará el 25 de septiembre y en el que enfrenta una pena de seis años de prisión.
En su intervención, Durán se refirió a las recientes modificaciones del Código Procesal Penal en lo que respecta a la introducción de la figura de reiterancia y la modificación en las detenciones por delitos ‘in fraganti’.
“Si en estos hechos de hurto no se ha aplicado el procedimiento de flagrancia y los tenemos que acumular ahora, es porque todavía no se puede aplicar este proceso si el imputado tiene causas en trámite. Felizmente esto ha sido reformado por la nueva ley. En algunas causas, se lo ha detenido y sometido a proceso, pero lamentablemente se lo ha despachado en libertad ocasionando con ello, la llamada puerta giratoria producto de una normativa que se debe seguir perfeccionado”, dijo.
Y añadió: “El imputado cuenta con el principio de inocencia, pero ese principio no es absoluto ya que cede por estos riesgos procesales que al que he hecho referencia. Además, todos los ciudadanos tienen derecho a ser defendidos contra el delito a partir del principio rector de afianzar la justicia. No puede ser razonable ni justo que, ante la constatación de riesgo de reiteración delictiva, la sociedad no tuviera una respuesta efectiva hasta que recayera una sentencia. Por suerte, esto ha sido remediado”.
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